Por Ricardo Ravelo
Segundo informe: Ante la impunidad, ni una línea sobre justicia
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó el martes 1 su segundo informe de gobierno al Congreso a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; antes, Sheinbaum leyó un mensaje, algo así como un resumen de lo más destacado de su segundo año de gobierno.
Resaltó una inversión extranjera por 33 mil millones de dólares, proyectos destinados a los más necesitados; construcción de infraestructura, como carreteras, hospitales, el programa de médico en tu casa, la creación de 60 millones de empleos, la reducción en más del 50 por ciento de la violencia de alto impacto, la captura de poco más de 60 mil criminales –nadie sabe en qué cárceles están internados –, entre otras “bondades”.
Pero no dedicó, al menos en su mensaje, una sola línea al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues sobre este tema impera una gran incertidumbre, ya que no se ha firmado.
Y otro de los temas que no mencionó fue el de la procuración y administración de justicia, los grandes pendientes, pues como se sabe la Fiscalía General de la República (FGR) no ha consignado decenas de expedientes sobre narcotráfico, huachicol, lavado de dinero, entre otros delitos, que implican a políticos de MORENA. Y en muchos casos ni investigaciones abiertas tiene sobre políticos ligados al crimen organizado, salvo loos que son públicos.
Es el caso Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien en días pasados pretendió regresar al poder. Se le acusa en Estados Unidos de haber operado para el cártel de “Los Chapitos” actividades ilegales como tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y armas. Por ello es solicitado por las autoridades norteamericanas en extradición, pero la FGR aún no solicita su aprehensión porque, asegura, se le está investigando junto con el senador Enrique Inzunza –que se separó de MORENA –pero dice que sigue apoyando los proyectos de ese partido. En la llamada “lista negra de Washington” también aparecen otros siete exfuncionarios sinaloenses que, de acuerdo con las indagaciones estadunidenses, forman parte de la red criminal del cártel de Sinaloa.
La presidenta Sheinbaum no pudo hablar de temas de justicia en su segundo informe porque sigue prófugo el empresario Raúl Rocha Cantú, ex cónsul honorario de Guatemala, quien fue acusado de lavado de dinero, venta de armas, tráfico de combustibles, entre otros delitos, que lo orillaron a aceptar plegarse a un criterio de oportunidad –ser testigo protegido –pero finalmente decidió huir del país. Algunas versiones lo ubican en Mónaco, un paraíso fiscal donde se paga cero impuestos, ideal para mafiosos.
Rocha Cantú tiene historia en el mundo del hampa: Fue dueño del casino Royale, aquel que incendiaron Los Zetas en Monterrey por negarse a pagar derecho de piso y que provocó la muerte de más de cincuenta personas. Presuntamente, ese negocio era un lavadero de dinero.
Sheimbaum no habló de justicia porque de las 37 denuncias que tiene en la FGR Adán Augusto López ninguna ha derivado en una carpeta de investigación; presuntamente, el político tabasqueño operó junto con Andrés Manuel López Beltrán –“El Andy” –y otros cómplices el tráfico de combustibles a través de buques de gran calado.
Durante esos tiempos de jauja –que todavía no terminan, pues gozan de impunidad –Andy López se apoderó de varias aduanas y, de acuerdo con agentes aduanales consultados, a los huachicoleros sólo les bastaba pronunciar cinco palabras mágicas: “Venimos de parte de Andy”. Así, las compuertas aduaneras se abrían para que buques o ferrotanques cargados de huachicol ingresaran al país sin pagar impuestos.
López Hernández llegó al grado de entregarle un muelle a un empresario tamaulipeco de nombre Saúl Vera Ochoa. Este personaje obtuvo la concesión para operar el muelle 289 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el cual presuntamente se utilizó para el contrabando de combustibles.
Vera Ochoa es un empresario considerado “muy cercano” de Adán Augusto López, quien además fue un ferviente promotor y financiero de sus actividades políticas.
La concesión del muelle la obtuvo a través de la empresa “Tampico Terminal Marítima”. De acuerdo con versiones periodísticas –la FGR no ha investigado este caso ni por asomo –el muelle funcionó como punto de entrada para que atracaran buques con combustible de contrabando, que en el mundo criminal se le conoce como “huachicol fiscal” y que, en los últimos años, ha causado pérdidas al fisco por más de 650 mil millones de pesos. Tras darse a conocer públicamente el vínculo del exgobernador de Tabasco con el huachicol fiscal, Adán Augusto negó cualquier vínculo con el empresario tamaulipeco.
Otras de las razones por las que Claudia Sheinbaum no tocó el tema de la justicia en su segundo informe tiene nombre y apellido: José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador y tío político de los hermanos Farías Lagunas, presos en el penal del Altiplano acusados de tráfico de combustibles y de encabezar una red de operación de huachicol fiscal con apoyo del más alto funcionario de La Marina.
A pesar de existir datos y evidencias de la relación de Ojeda Durán con el huachicol fiscal, el ex fiscal Alejandro Gertz Manero movió la ficha de Ojeda y lo sacó del mapa criminal que lo implicaba como cabecilla de la red, la cual operaba puertos y aduanas, instalaciones estratégicas que López Obrador le entregó a La Marina “para reforzar la seguridad”. Ojeda sigue oculto entre las sombras. La FGR ni siquiera lo molesta. Simplemente goza de protección e impunidad.
El gran tema ausente en el segundo informe –la justicia — también responde a otro nombre: Andrés Manuel López Beltrán, “El Andy”, quien después de ser secretario de Organización de MORENA decidió renunciar para buscar afanosamente fuero: Violando la ley, comenzó a hacer campaña en Tabasco, todo con la anuencia del INE, el brazo cómplice del poder.
“Andy” es señalado públicamente se haberse enriquecido con contratos de obra en Pemex, Tren Maya, Tren Interoceánico y el huachicol fiscal en complicidad con otra cauda de presuntos mafiosos, entre ellos, Jorge Amilcar Olán Aparicio, principal operador y enlace de la red de corrupción y tráfico de influencias de “Andy”, conocida como “El Clan”, la cual implica directamente a los hijos del expresidente López Obrador y otros políticos del régimen morenista.
De acuerdo con versiones oficiales, la FGR y el SAT investigan a la empresa “Portacelis Gas and Oil” –fundada por el contador de Olán –y que utilizó el puerto de Tampico, Tamaulipas, para ingresar combustible ilegal a México. El SAT solicitó a la FGR ejercer acción penal debido a que esta firma provocó –según datos consultados –un desfalco fiscal por 834 millones de pesos usando información falsa en aduanas. Pero Olán no engañó a nadie: La red de funcionarios aduaneros también formaban parte del negocio.
Las investigaciones revelaron que la empresa proveedora de Olán en Estados Unidos es Ikon Midstream, una firma que fue cateada por el FBI en abril de 2026 por abastecer con combustible de contrabando a compañías ligadas al cártel de Jalisco Nueva Generación.
Tan protegido e impune se ha sentido Amilcar Olán, el socio de “Andy”, que se dio el lujo de transferir 3 mil millones de pesos desde Tabasco a Suiza, un paraíso fiscal ideal para ocultar dinero de la mafia internacional. Presuntamente, el SAT nunca se enteró.
Los que se sabe al respecto es que ese dinero sirvió para triangular operaciones financieras y fortalecer nexos políticos entre Adán Augusto y “Andy” López Beltrán.
El grupo de Amilcar Olán también obtuvo contratos millonarios, durante el gobierno de López Obrador, en las obras emblemáticas de ese régimen, como el Tren Maya y la venta de balasto; también obtuvo contratos millonarios en la refinería de Dos Bocas y en el sector salud, mediante la farmacéutica Romedic, que vendió medicamentos con sobreprecio.
Un reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que en junio de 2026, Olán constituyó las empresas fachada Stone Basaltico LLCy Basalt Group en By City. Esto ocurrió, de acuerdo con el reporte, antes de que las autoridades estadunidenses le cancelaran la visa a su socio, “Andy” López Beltrán. Este último, por cierto, apareció la semana pasada en un lujoso restaurante de la colonia Condesa de la Ciudad de México departiendo con varios empresarios de su clan en el que se le vio bebiendo tequila, mientras que el resto de los presentes degustaban vinos cuyo costo supera los 16 mil pesos por botella.
Por estas y otras razones, la presidenta Claudia Sheinbaum no abordó en su segundo informe de gobierno el tema de la justicia, pues lo que impera en el país es la más grotesca impunidad.
