Un artículo publicado en 1986 por un exoficial de inteligencia estadounidense retrató la corrupción del gobierno mexicano como uno de los síntomas de una crisis nacional. Pero su autor también documentó cómo la administración de Ronald Reagan intentó convertir sus sospechas sobre México en una conclusión política, incluso cuando los análisis de inteligencia no confirmaban el escenario de colapso que algunos funcionarios defendían.
Por Ricardo Balderas
En el verano de 1983, un empresario californiano describió el futuro de México con una imagen que parecía extraída de una película sobre el fin de un régimen, su socio en la Ciudad de México, según lo narra un documento de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desclasificado y en manos de Corporativo Grupo Sol, señala que el magnate mantenía un avión con el motor caliente, listo para despegar en cuanto fuera necesario abandonar el país.
La anécdota llegó a oídos de John Horton, un antiguo oficial de la CIA, que la recuperó tres años después para explicar cómo se construían las percepciones sobre México en Washington. El empresario no formaba parte del gobierno de Ronald Reagan, pero conocía al presidente estadounidense y compartía sus posiciones políticas. Su relato, escribió Horton, se parecía a otros que circulaban entre funcionarios y personas cercanas a la administración.
La escena aparece en un texto titulado: “Mexico, The Way of Iran? —México, ¿en camino de convertirse en Irán?—“, un artículo publicado en 1986 en International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, una revista especializada en inteligencia y contrainteligencia. Horton no era un observador ajeno a los servicios de inteligencia estadounidenses. Había trabajado como oficial de operaciones de la CIA entre 1948 y 1975 y, entre 1983 y 1984, ocupó el puesto de responsable de inteligencia para América Latina en el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Su experiencia le permitió describir desde dentro una disputa que enfrentó a funcionarios de la administración Reagan con profesionales encargados de evaluar la situación mexicana.
En ese diagnóstico apareció una acusación que atravesaba las discusiones sobre el futuro del país: la corrupción excesiva del gobierno de José López Portillo, presidente de México entre 1976 y 1982. El señalamiento figuraba entre una serie de factores que, para determinados sectores de Washington, podían anticipar una crisis política de mayores dimensiones. Sin embargo, la tesis de Horton era más compleja que una condena a la corrupción mexicana. Su artículo también examinaba cómo los prejuicios ideológicos, los rumores y la presión política podían deformar el trabajo de inteligencia hasta convertir una sospecha en una aparente certeza.
La corrupción en medio de una crisis
La referencia a López Portillo aparece en el contexto de una de las mayores crisis económicas de la historia contemporánea de México. En agosto de 1982, el gobierno mexicano comunicó a sus acreedores internacionales que no podía continuar atendiendo normalmente sus obligaciones de deuda. El deterioro económico, la fuga de capitales, la desconfianza de los inversionistas y la caída de los ingresos petroleros alimentaban la incertidumbre sobre el rumbo del país.
Horton enumeró esos factores al explicar por qué la hipótesis de una desestabilización mexicana había ganado fuerza en Washington. La economía se había frenado, el servicio de la deuda representaba una carga creciente y el petróleo, que había alimentado las expectativas de prosperidad durante la segunda mitad de los años setenta, ya no ofrecía las mismas garantías. En ese inventario incluyó la corrupción que atribuía al gobierno saliente de López Portillo. No la presentó como un detalle menor ni negó la gravedad de los problemas económicos. Al contrario: reconoció que eran síntomas reales y serios de una amenaza a la estabilidad mexicana.
Para algunos funcionarios estadounidenses, la acumulación de dificultades demostraba que México podía estar acercándose a una crisis política semejante a la que había derribado al régimen del sah en Irán en 1979. Horton examinó esa interpretación con escepticismo. Que un país atravesara una crisis económica, padeciera corrupción y enfrentara tensiones sociales no significaba, por sí mismo, que su sistema político estuviera a punto de derrumbarse.
México como otro Irán
La comparación con Irán no surgió de la nada. En 1979, la revolución iraní había derribado al sah Mohammad Reza Pahlavi, aliado estratégico de Estados Unidos, y había transformado radicalmente el equilibrio político de Oriente Próximo. Para el gobierno de Reagan, que llegó a la Casa Blanca en enero de 1981 con una política exterior centrada en contener la influencia soviética, la posibilidad de perder otro país estratégico tenía una carga particular.
México compartía con Irán algunas características que preocupaban a Washington: era un socio relevante, tenía importancia energética y atravesaba tensiones económicas y políticas. Pero la analogía iba más allá de esas semejanzas. En los círculos estadounidenses que defendían esa tesis, México aparecía como un sistema autoritario que podía estar perdiendo el control de sus propias contradicciones.
Horton explicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de décadas en el poder, era visto por sus críticos como una estructura incapaz de reconocer la profundidad de la crisis que se desarrollaba dentro del país. La estabilidad política mexicana, sostenían esos sectores, podía ser más aparente que real.
En esa interpretación, la corrupción de la administración de López Portillo no solo representaba un problema de gobierno: también servía como indicio de la supuesta descomposición de las instituciones. A ella se sumaban las sospechas sobre la oposición, el descontento campesino, la actividad de grupos de izquierda y una posible influencia clandestina soviética y cubana.
El problema, según Horton, era que muchas de esas afirmaciones se apoyaban en relatos difíciles de verificar. Empresarios, interlocutores políticos y funcionarios transmitían versiones alarmantes sobre el país. Algunas podían contener información relevante; otras reproducían temores, intereses particulares o prejuicios ideológicos.
El autor observó que, cuando una administración llega al poder, suele incorporar a personas que comparten las ideas que alimentaron su proyecto político. Esas convicciones pueden convertirse en una lente para interpretar los acontecimientos internacionales. En lugar de comenzar con los hechos y construir una explicación a partir de ellos, existe el riesgo de buscar hechos que confirmen una explicación adoptada de antemano.
Así, la pregunta dejó de ser únicamente qué estaba pasando en México. También pasó a ser quién tenía autoridad para definirlo y con qué pruebas.
La disputa por el diagnóstico
El desacuerdo adquirió una dimensión institucional. Mientras ciertos funcionarios de Reagan consideraban que la comunidad de inteligencia había subestimado los riesgos de una crisis mexicana, los analistas profesionales se resistían a respaldar una conclusión que no consideraban suficientemente demostrada. Horton describió una confrontación entre quienes interpretaban la situación a partir de una doctrina política y quienes insistían en que las evaluaciones debían distinguir entre información comprobada, hipótesis y rumores. Para los primeros, la cautela de los analistas podía parecer complacencia. Para los segundos, la insistencia en confirmar una teoría no sustituía la obligación de reunir pruebas.
La diferencia tenía consecuencias prácticas. Cuando una administración considera que sus organismos de inteligencia no están viendo una amenaza, puede ordenar nuevas investigaciones, solicitar evaluaciones adicionales y cuestionar los informes que no coinciden con sus expectativas. Esas medidas no son necesariamente ilegítimas: revisar un diagnóstico es parte del trabajo de inteligencia. El problema surge cuando la revisión deja de buscar respuestas y comienza a perseguir una conclusión predeterminada.
Horton relató que las acusaciones sobre México provocaron una duplicación de esfuerzos para reunir información. Se destinaron recursos a investigar supuestas señales de una desestabilización inminente, mientras se repetían preguntas que ya habían sido examinadas.
Uno de los mecanismos más reveladores consistía en utilizar la ausencia de información como argumento contra quienes no confirmaban la hipótesis. Si los investigadores no encontraban pruebas de una conspiración o de una insurrección inminente, los partidarios de la tesis podían responder que el sistema de inteligencia estaba fallando, que los agentes buscaban en los lugares equivocados o que las fuentes habituales no eran confiables.
La acusación quedaba protegida de cualquier refutación: si aparecían pruebas, confirmaban la hipótesis; si no aparecían, demostraban que la investigación era deficiente.
Horton consideró que esa dinámica desviaba recursos y debilitaba la independencia analítica. Los funcionarios encargados de evaluar la situación debían poder concluir que no había información suficiente, aunque esa respuesta resultara incómoda para sus superiores.
En el caso mexicano, el resultado fue que ni la evaluación nacional de inteligencia ni el trabajo de un grupo especializado satisficieron a quienes estaban convencidos de que el país se dirigía hacia una crisis comparable a la iraní. Para Horton, esa insatisfacción no demostraba que el sistema hubiera fracasado. Podía significar, precisamente, que los analistas se habían negado a convertir una hipótesis política en una conclusión oficial sin contar con pruebas suficientes.
El desacuerdo también era geopolítico
La controversia sobre la estabilidad de México no puede separarse de las diferencias entre ambos gobiernos respecto a Centroamérica. Durante los primeros años de Reagan, Washington impulsó una política de confrontación contra el gobierno sandinista de Nicaragua y respaldó al gobierno salvadoreño frente a la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
México mantuvo una posición distinta. Junto con Colombia, Venezuela y Panamá, impulsó el Grupo Contadora, constituido en enero de 1983 para promover una salida negociada a los conflictos centroamericanos. La iniciativa defendía una solución diplomática regional, frente a la estrategia de presión y confrontación de Estados Unidos.
Horton sostuvo que esa diferencia contribuyó al malestar de sectores de la administración Reagan. En su interpretación, parte de las críticas a México estaba relacionada con la negativa del gobierno mexicano a alinearse con Washington en Nicaragua y El Salvador.
El exoficial atribuyó esa postura a las tradiciones políticas del PRI y a sus prejuicios ideológicos. También cuestionó lo que consideraba una indulgencia mexicana hacia movimientos y gobiernos de izquierda. Esas valoraciones deben leerse como la interpretación política de Horton, no como hechos neutrales ni como conclusiones demostradas por el documento.
Su argumento central era que las discrepancias de política exterior podían alimentar una visión exageradamente alarmista sobre México. La corrupción, la crisis económica y las tensiones sociales eran problemas reales, pero podían utilizarse para reforzar una narrativa que presentaba al país como una amenaza estratégica para Estados Unidos. La tensión, por tanto, no se limitaba a la imagen de un gobierno corrupto. También involucraba el derecho de México a sostener una política exterior independiente sin que cada desacuerdo con Estados Unidos se interpretara como una señal de descomposición interna.
