*El gobierno municipal encabezado por Yensunni Martínez adjudicó a Grupo C y D del Caribe un contrato abierto de hasta 3.1 millones de pesos para producir lonas, viniles, flyers, reconocimientos y publicidad de gran formato
*El documento fija precios para decenas de productos, pero no establece de antemano las cantidades que serán solicitadas ni los mensajes o campañas que serán impresos, en momentos en que Morena se encuentra inmerso en la definición de quien encabezará la Coordinación de la Transformación en Quintana Roo rumbo a 2027
Redacción/Sol Quintana Roo
Chetumal.-En plena efervescencia político-electoral dentro de las filas de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, encabezado por la presidenta municipal Yensunni Idalia Martínez Hernández, abrió una bolsa de hasta 3.6 millones de pesos, para la elaboración de lonas, viniles, flyers, reconocimientos y publicidad de gran formato que podrá ser utilizada por el gobierno municipal hasta el último día de 2026.
El contrato MOPB-OM-DRM-LP-PS-05-2026, obtenido en versión pública, fue adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional MOPB-OM-LP-12-2026 a Grupo C y D del Caribe, S.A. de C.V., empresa chetumaleña con más de dos décadas de existencia y un prolongado historial como proveedora de diferentes administraciones públicas de Quintana Roo.
La contratación cobra una dimensión política adicional por el momento en que será ejercida.
Morena y sus aliados se encuentran inmersos en el proceso para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, figura considerada la antesala de la candidatura a la gubernatura en las elecciones de 2027. Cinco personajes formalizaron su registro: Marybel Villegas Canché, Rafael Marín Mollinedo, Eugenio “Gino” Segura Vázquez, Ana Patricia Peralta de la Peña y Alexa Murguía Trujillo.
La propia convocatoria de Morena establece que el resultado deberá conocerse antes de terminar 2026 y, significativamente, prohíbe el uso de recursos públicos, las campañas ostentosas y la intervención de funcionarios en favor de los aspirantes.
Es justamente durante ese periodo cuando permanecerá vigente buena parte del contrato publicitario autorizado por el gobierno de Yensunni Martínez.
El documento establece que los servicios serán prestados del 1 de abril al 31 de diciembre de 2026, prácticamente nueve meses durante los cuales las dependencias municipales podrán solicitar materiales conforme a sus necesidades.
Y si bien no existe en el contrato evidencia de que los recursos estén destinados a promover aspirantes, candidatos o actividades partidistas, tampoco señala que tipo de publicidad será desplegada en la demarcación.
El diseño de la contratación deja una interrogante legítima sobre qué terminará imprimiéndose con esos recursos públicos, porque el contrato establece los productos y sus precios, pero no identifica anticipadamente las campañas, mensajes, programas o contenidos que serán difundidos.
Una bolsa que puede superar los $3.6 millones. El objeto del contrato es explícito: Grupo C y D del Caribe deberá proporcionar los “servicios de elaboración e impresión de lonas, viniles, flyers, reconocimientos y publicidad en gran formato para el Municipio de Othón P. Blanco”.
Pero no se trata de una adquisición cerrada en la que el Ayuntamiento haya establecido desde el principio que recibirá determinada cantidad de lonas, determinado número de flyers o cierta cantidad de metros cuadrados de vinil.
Es un contrato abierto. El Ayuntamiento garantiza un presupuesto máximo de 3 millones 3 millones 619 mil 200 pesos.
Grupo C y D del Caribe deberá atender cada solicitud dentro de los cinco días hábiles posteriores a recibirla, de acuerdo con las características y especificaciones contenidas en el catálogo.
Y es precisamente ahí donde comienza el problema de fiscalización.
Las páginas 9 a 12 del contrato contienen un extenso catálogo con alrededor de 68 conceptos, incluyendo diferentes tipos y dimensiones de lonas, viniles, impresiones, materiales rígidos, reconocimientos, señalética, letras y productos de publicidad.
Cada uno tiene asignado un precio unitario. Lo que no aparece determinado de antemano es cuántas unidades de cada concepto serán finalmente solicitadas.
Tampoco aparece en esas cláusulas una relación de las campañas gubernamentales específicas que justificarán el gasto durante los nueve meses de vigencia.
En otras palabras, conocer el destino final de los millones requerirá ir más allá del contrato: habrá que seguir las requisiciones, órdenes de servicio, facturas, CFDI, áreas solicitantes, diseños, evidencia fotográfica, lugares de colocación y comprobantes de pago.
Publicidad pública en un año político. El momento en que se ejerce el contrato resulta especialmente relevante.
La carrera sucesoria en Quintana Roo está adelantada. Morena abrió desde junio su proceso interno para seleccionar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y estableció la encuesta como mecanismo para decidirla.
La disputa incluso ya produjo controversias judiciales relacionadas con propaganda.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación registra un expediente originado por quejas contra el senador y aspirante Eugenio Segura Vázquez, en las que un militante de Morena denunció un supuesto posicionamiento anticipado mediante reparto de propaganda personalizada. El asunto pasó por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y el Tribunal Electoral de Quintana Roo antes de llegar a la justicia federal electoral. La existencia del litigio no implica que se haya acreditado la infracción denunciada, pero demuestra hasta qué punto la propaganda ya forma parte de la disputa interna.
En ese escenario, un contrato municipal que puede movilizar más de tres millones de pesos en publicidad física merece una fiscalización especialmente rigurosa.
La clave estará en los contenidos que realmente sean producidos.
Una lona destinada a informar sobre protección civil, servicios públicos o una campaña sanitaria tiene una naturaleza distinta a un material que destaque reiteradamente el nombre, imagen, eslogan o figura de un servidor público.
Por ahora, el contrato no permite saber qué proporción corresponderá a cada tipo de comunicación.
El mayor contrato localizado para el proveedor. Grupo C y D del Caribe tampoco es un recién llegado al presupuesto público.
La empresa tiene domicilio en Chetumal y el propio contrato señala antecedentes societarios que se remontan a 2002. Su RFC es GCD021108LM8.
Durante más de una década aparece en diferentes contrataciones gubernamentales.
En 2011, por ejemplo, Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo le adjudicaron un contrato por 495 mil 615 pesos para rotulación de vehículos. También existen antecedentes de trabajos para dependencias estatales, municipios como Bacalar y Tulum e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En documentación pública de 2015 aparece Víctor Elías Dogre Muñoz como representante legal de Grupo C y D del Caribe.
La compañía también opera comercialmente bajo el nombre de Makro Signs y ha permanecido durante años en padrones de proveedores gubernamentales.
Hasta ahora, sin embargo, no hemos localizado otro contrato individual de la empresa que alcance el tamaño potencial del otorgado en 2026 por Othón P. Blanco.
Por eso, con la información pública disponible hasta el momento, el contrato con techo de 3 millones 120 mil pesos antes de IVA aparece como el de mayor monto individual localizado en el historial público de Grupo C y D del Caribe.
Y llega justamente cuando la competencia política comienza a intensificarse.
El contrato no demuestra una operación electoral. La existencia de la contratación no permite concluir que Yensunni Martínez o su gobierno estén financiando propaganda electoral con recursos municipales.
Hacerlo requeriría demostrar el contenido y destino de los productos adquiridos.
Pero tampoco puede perderse de vista que Morena estableció expresamente para su proceso interno la prohibición de utilizar recursos públicos en beneficio de los aspirantes.
Por eso, cada orden que derive del contrato MOPB-OM-DRM-LP-PS-05-2026 tendrá relevancia no solamente administrativa, sino política.
El Ayuntamiento deberá poder demostrar qué pidió, quién lo solicitó, cuánto recibió, dónde fue colocado, qué mensaje contenía y cuánto pagó por ello.
Solamente así podrá determinarse si los hasta 3.6 millones de pesos con impuestos fueron utilizados estrictamente para comunicación institucional o si una parte terminó generando exposición personal para funcionarios o personajes relacionados con la disputa electoral.
El contrato firmado por el gobierno de Yensunni Martínez deja, por ahora, una enorme bolsa publicitaria abierta durante un año particularmente sensible: decenas de productos disponibles, millones de pesos susceptibles de ejercerse y ningún mensaje político o institucional previamente definido en el documento contractual.
En plena carrera por el control de la Transformación en Quintana Roo y a las puertas de la sucesión de 2027, la verdadera historia de este contrato no estará únicamente en cuánto puede gastarse, sino en qué terminará imprimiéndose con esos millones y a quién dará visibilidad.
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