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lunes, octubre 12, 2026

Una transparencia sesgada…

*Autorizó y promovió la extinción del INAI. Se debilitó presupuestalmente a la Fiscalía Anticorrupción, los órganos de fiscalización en los Estados siguen careciendo de “dientes” para sancionar la corrupción y los desvíos de recursos. Sin embargo, desde la Mañanera del Pueblo, la Presidenta, Claudia Sheinbaum anunció y rubricó un “decreto” para “transparentar” los contratos del gobierno y garantizar el acceso a la información. “El principio de máxima publicidad”, alguien rumoró por ahí. Algo que ya existía, el chiste por demás burdo y malo, se cuenta solo

Golpe de Tecla

Por Noé Zavaleta

Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dejó de existir formalmente el 20 de marzo de 2025. Quienes pusieron el último clavo al ataúd de la transparencia y la rendición de cuentas fueron la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con la complicidad del pleno del Senado de la República y la mitad más uno -y un poquito más- del Congreso de la Unión.

Justo, un año y cuatro meses después, Sheinbaum y su equipo jurídico y de asesores presidenciales se sacan de la manga y anuncian un decreto -con rúbrica y todo- para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno de México con el objetivo de garantizar el acceso a la información de las y los mexicanos a través del fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Es decir, casi 500 días después de la extinción del INAI, el Gobierno Federal se dio cuenta -¿o fue presionado por la cúpula empresarial que mueven las inversiones del país o peor aún, por autoridades estadounidenses?- de qué era vital e hipernecesario trasparentar los contratos que el Gobierno haga con entes privados para obras, infraestructura, prestación de servicios educativos, médicos, de capacitación y demás.

Es decir, y dicho de otra manera, este Decreto de Transparencia de Sheinbaum, quien se hizo acompañar de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez y de la Consejería Jurídica viene a ser un recule público de que el INAI no debió desaparecer y que ahora, desde Palacio Nacional con un “decreto” habrá de parcharse está enmienda o error garrafal.

Creo ciegamente en que la Ley es perfectible hoy, mañana y siempre, sin embargo, dudo -bastante, para ser sincero- que este decreto inaugure una nueva etapa de transparencia y máxima publicidad en México. Se habla -con sobrado optimismo y jolgorio- de apertura, innovación y de un gobierno más cercano a la ciudadanía. Sin embargo, con las 17 reservas de ley por temas de seguridad nacional ya me hacen dudar de este decreto.

Mientras existió el INAI -según Julieta del Rio, una de sus exintegrantes- se hicieron más de 10 millones de solicitudes de información; hubo -porque varias dependencias de los tres niveles de gobierno se resistieron a la transparencia-, más de 433 mil recursos de revisión.

Hoy la discrecionalidad y la opacidad aparece en todas partes del gobierno: Los ingresos y egresos del Tren Maya, el AIFA, la productividad de la Refinería Olmeca Dos Bocas; el manejo de recursos de la Secretaría de Marina y Sedena parecen un secreto de estado. Está el dispendio, la adjudicación directa discrecional a empresas de reciente creación y la fuga de miles de millones de pesos que no sabemos a donde van a parar.

Los escándalos de corrupción en Segalmex; en las empresas fantasmas de Veracruz; en los sobreprecios de medicamentos en Jalisco; el financiamiento de campañas en Sinaloa y el enriquecimiento -licito o ilícito, no lo sabemos- de los gobernadores morenistas del sureste mexicano, hoy son solo sospechas veladas de que el presupuesto público no se está utilizando para lo que es.

Con este nuevo decreto y el discurso de Buenrostro y de Sheinbaum todo indica que la trasparencia seguirá siendo trasparente, cuando la “reserva de información” sirva para no manchar, ni perjudicar a los intocables del actual régimen. “Todos son corruptos, menos los integrantes de este nuevo régimen”, un aforismo que no permite excepciones, sino reglas establecidas.

La opacidad y el encubrimiento no protege a las instituciones, encubre a quienes la presiden, el anterior INAI era una herramienta ampliamente utilizada por periodistas, académicos, investigadores, estudiantes, organizaciones civiles, sí, políticos de oposición también la ocupaban -y era hasta cierto punto un contrapeso democrático para el país-, pero el Acceso a la Información también era utilizado por millones de ciudadanos para ejercer un derecho constitucional.

Hoy con este nuevo decreto de transparencia que nació atado de manos. Se duda que la rendición de cuentas y el principio máximo de publicidad del corrector ejercicio del gasto público pueda darse.

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