Por Alejandra Cerecedo
En política basta una renuncia para que aparezcan las interpretaciones. Y cuando esa renuncia ocurre en una institución electoral, a unos días del arranque del proceso 2026-2027, el espacio para la especulación se multiplica: que si el Tribunal Electoral queda “a modo”, que si pierde fuerza, que si una magistratura vacante es el principio de su captura.
El problema es que una cosa es el hecho y otra muy distinta la narrativa que se construye alrededor de él.
La salida de la Magistrada Mónica Soto dejó nuevamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con cinco integrantes. El dato es cierto. Lo que no puede darse automáticamente por cierto es todo lo que se dice a partir de ese dato.
Y aquí hay una lección importante desde la comunicación política: las instituciones también se debilitan cuando dejan que otros expliquen lo que ellas no explican por sí mismas.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha puesto sobre la mesa un dato que ayuda a dimensionar el contexto: esta no es la primera ocasión en que la Sala Superior funciona con menos de siete magistraturas.
En 2005 hubo 6 magistraturas, al igual que en 2015. De 2024 a 2025 hubo 5 magistraturas, a finales de 2025 contó con 6 magistraturas y desde agosto de 2026 el TEPJF opera con 5 magistraturas.
Ha ocurrido por distintas razones; desde el fallecimiento de un integrante hasta la conclusión de encargos, la falta de designaciones y las renuncias, y ha coincidido incluso con procesos electorales.
En otras palabras, una Sala con menos integrantes no es una anomalía desconocida ni significa, por sí misma, que el Tribunal haya dejado de funcionar.
Pero comunicar eso importa.
Porque en un escenario de alta polarización, el vacío informativo siempre termina llenándose con una narrativa.
Una silla vacía tiene un enorme poder simbólico. Puede representar normalidad administrativa, una transición pendiente o, dependiendo de quién la comunique, una institución debilitada. La imagen puede ser la misma; la interpretación, completamente distinta.
Por eso el debate no debería quedarse únicamente en cuántas magistraturas están ocupadas. La verdadera discusión tendría que estar en cómo se toman las decisiones, qué argumentos las sostienen, qué criterios se aplican y qué tan transparente es el proceso mediante el cual la ciudadanía puede conocerlos.
La independencia de un tribunal no se acredita contando sillas.
Se acredita con sentencias. Con votos particulares. Con argumentos jurídicos. Con decisiones que puedan ser revisadas por cualquier ciudadano.
Esto no significa que una integración incompleta sea deseable. No lo es. Una institución de la relevancia del Tribunal Electoral debería aspirar a contar con todos sus integrantes.
Pero una cosa es decir que una vacante no es lo óptimo y otra convertirla automáticamente en prueba de captura institucional.
Ahí es donde la comunicación política puede distorsionar el debate.
En los próximos meses, el TEPJF estará bajo una lupa todavía más intensa. Cada sentencia será interpretada no solamente desde el derecho, sino desde la política; no solamente por especialistas, sino por ciudadanos, partidos, medios y redes sociales.
Por eso el reto comunicativo del Tribunal no será convencer a nadie de que es independiente.
Será demostrarlo de manera constante y verificable.
Explicar mejor. Abrir más información. Hacer comprensibles las decisiones. Evitar que el lenguaje jurídico deje espacios que otros puedan llenar con sospechas. Y, sobre todo, permitir que la ciudadanía pueda contrastar las narrativas con los hechos.
Una silla vacía puede generar incertidumbre. Pero no debería convertirse, por sí sola, en el diagnóstico de una institución.
En democracia, las instituciones no se fortalecen únicamente por el número de personas que las integran. También por la calidad de sus decisiones, la transparencia con la que las explican y la capacidad que tienen para resistir la presión política y mediática.
El proceso electoral 2026-2027 pondrá eso a prueba.
Y quizá ahí esté la verdadera conversación: no en quién ocupa cada silla, sino en qué tan capaz será el Tribunal de hacer que sus decisiones hablen más fuerte que las narrativas que se construyan sobre ellas.
