*Legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos pidieron al Gobierno mexicano atender el conflicto con Vulcan Materials por el cierre de las operaciones de Calica
*La carta enviada al embajador de México advierte sobre las afectaciones señaladas por la empresa y cuestiona acciones realizadas sobre el inmueble durante los últimos años
*El diferendo suma ahora presión desde el Congreso estadounidense, en medio de un litigio que involucra propiedad, procedimientos legales y la declaratoria del predio como Área Natural Protegida
Redacción/Sol Quintana Roo
Playa del Carmen.-El conflicto entre México y la estadounidense Vulcan Materials Company vuelve a escalar hasta el Congreso de los Estados Unidos, donde legisladores demócratas y republicanos cerraron filas para exigir al Gobierno mexicano una solución al litigio por el cierre de Calica.
De acuerdo con la misiva a la que ha tenido acceso Sol Quintana Roo, la congresista demócrata Terri Sewell encabezó una carta bipartidista dirigida al embajador de México, Roberto Lazzeri Montaño, en la que manifestó su preocupación por el trato recibido por Vulcan Materials, compañía con sede en Birmingham, Alabama, y por las afectaciones a trabajadores estadounidenses.
La ofensiva política estadounidense incorpora a legisladores de ambos partidos, entre ellos August Pfluger, Salud Carbajal y Gary Palmer, quienes acusaron al Gobierno mexicano de mantener acciones contra la compañía y demandaron el respeto de sus derechos de propiedad.
Sewell afirmó que durante casi una década funcionarios mexicanos han utilizado, según su postura, tácticas ilegales para intimidar a Vulcan y sus trabajadores, incluida la ocupación militar de una propiedad de la empresa en México.
El pronunciamiento ocurre en medio de una disputa que se remonta a mayo de 2022, cuando el Gobierno mexicano clausuró las operaciones al sur de Playa del Carmen. Posteriormente, en marzo de 2023, autoridades mexicanas volvieron a ocupar la propiedad, de acuerdo con los antecedentes difundidos por la congresista.
El conflicto tomó otra dimensión el 23 de septiembre de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el inmueble como Área Natural Protegida, medida que, de acuerdo con el comunicado estadounidense, impidió a Vulcan utilizar la propiedad con fines productivos.
Ahora, los congresistas estadounidenses advierten además sobre procedimientos penales que, según el documento, podrían desembocar en una nueva intervención del inmueble y una eventual confiscación de activos.
La presión de Washington no se limita al pronunciamiento. Sewell participó este año en la aprobación, en la Cámara de Representantes, de la Ley para la Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero (DAPA), una legislación impulsada en el contexto del conflicto con Vulcan.
La carta fue respaldada por decenas de representantes federales de Estados Unidos, en una muestra de presión bipartidista sobre México para destrabar el conflicto.
Así, el caso Vulcan vuelve a colocar a Quintana Roo en el centro de una disputa que trasciende el ámbito empresarial y se convierte nuevamente en un asunto de presión diplomática y legislativa entre México y Estados Unidos.
Persisten apagones
*Habitantes reportan nuevas interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de la cabecera municipal
*Las fallas se suman a cortes y variaciones de voltaje registrados durante las últimas horas
*El calor y los mosquitos agravan las condiciones para las familias que permanecen sin energía
Redacción/Sol Quintana Roo
José María Morelos.- Los apagones continúan generando molestias entre habitantes de José María Morelos, quienes reportaron nuevas interrupciones del suministro eléctrico en distintos puntos de la cabecera municipal.
Los vecinos señalaron que las fallas se han presentado de manera recurrente, acompañadas en algunos casos por variaciones en el voltaje, situación que mantiene la inconformidad entre las familias afectadas.
Durante las interrupciones, las altas temperaturas y la presencia de mosquitos complican las condiciones dentro de los hogares, particularmente para quienes permanecen durante varias horas sin energía eléctrica.
Habitantes de sectores como Guadalupe, San Antonio Tuk, Rojo Gómez, Vicente Guerrero y la zona de la calle Sabán han reportado afectaciones, mientras esperan que el servicio sea restablecido y que se informe sobre las causas de las fallas.
La situación mantiene la atención de los vecinos, quienes demandan una solución ante la continuidad de los cortes y mayor información sobre el funcionamiento del suministro eléctrico en el municipio.
Vivienda y rentas ahogan a familias
*Cancún y Chetumal registraron en agosto una inflación anual superior al promedio nacional
*El encarecimiento de bienes y servicios se suma al costo de viviendas y rentas en la entidad
*Más de ocho de cada 10 trabajadores perciben hasta dos salarios mínimos, de acuerdo con datos del INEGI
Redacción/Sol Quintana Roo
Benito Juárez.- El incremento de precios mantiene bajo presión a las familias de Quintana Roo, particularmente en materia de vivienda y rentas, en un escenario donde los ingresos de buena parte de la población se concentran en los rangos salariales más bajos.
Durante agosto, Cancún registró una inflación anual de 4.66 por ciento, mientras que Chetumal alcanzó 4.87 por ciento, ambas cifras por encima del promedio nacional de 3.26 por ciento, de acuerdo con los datos citados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El aumento en el costo de bienes y servicios se suma a las dificultades para acceder a una vivienda. Según información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados adquiridas mediante crédito en Playa del Carmen alcanzaron en 2024 un precio promedio superior a los 800 mil pesos.
Durante ese año se registraron mil 610 operaciones dentro de ese segmento, mientras Quintana Roo se ubicó entre las entidades con las rentas más elevadas del país, con un promedio cercano a los 2 mil 300 pesos mensuales.
A esta situación se añade la estructura salarial de la población ocupada. Datos del INEGI correspondientes al primer trimestre de 2026 señalan que 40.9 por ciento de los trabajadores de Quintana Roo percibía hasta un salario mínimo y 39.4 por ciento obtenía entre uno y dos salarios mínimos. En conjunto, ambos grupos representan más de ocho de cada 10 personas ocupadas, lo que mantiene el acceso a una vivienda propia como uno de los principales retos económicos para las familias, especialmente en municipios con crecimiento urbano y fuerte actividad turística.
