QUINTANA ROO: EL TERRITORIO DE LA MAFIA

*El Caribe mexicano se ha convertido en asiento de organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de drogas, trata de personas y fraudes con tarjetas bancarias. El caso más sonado, el de Florian Tudor “El Tiburón”, líder de la mafia rumana

*Pero los rumanos no son los únicos que operan en Quintana Roo. También se detectaron evidencias de los pasos de la mafia rusa y de grupos mafiosos de Israel que, ligados a los cárteles mexicanos, trafican con armas, drogas y lavan dinero en el negocio del turismo. Todo, al amparo del poder político

*Capos internacionales se han afincado en la entidad y operan con toda impunidad. No existe ningún dique de contención para frenarlos. El estado está en manos de ellos y el gobierno los tolera. Así es Quintana Roo: un paraíso criminal

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

Cancún.- El Caribe mexicano se ha convertido en asiento de mafias internacionales dedicadas al tráfico de drogas, trata de personas y fraudes con tarjetas bancarias, como recientemente descubrieron la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al iniciar una investigación en contra de la llamada mafia rumana, encabezada en Cancún por el empresario Florian Tudor.

El también llamado “Tiburón” construyó una empresa criminal con la complicidad de gobernadores, empresarios y altos mandos policiacos. El empresario de origen rumano amasó una fortuna descomunal: durante un cateo efectuado en su casa, en mayo de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) le aseguró joyas de alto valor, relojes, equipo electrónico y dos millones de dólares en efectivo que estaban guardados en una caja fuerte.

Tudor fue considerado el “zar del fraude electrónico”, pues a través de los cajeros que él vendía a instituciones financieras se robaba la información de los clientes a quienes después despojaba de su dinero.

En este entramado hay políticos y empresarios que ya están siendo investigados por la FGR y que siguen impunes.

Pero los rumanos no son los únicos que operan en Quintana Roo: desde el año 2000 se detectó que también hay evidencias de los pasos de la mafia rusa y de grupos mafiosos de Israel que, ligados a los cárteles mexicanos, trafican con armas, drogas y lavan dinero en el negocio del turismo. Todo, al amparo del poder político.

Carlos Joaquín González dejará el poder el próximo 25 de septiembre. Toma el poder Mara Lezama, quien hereda un estado inseguro y rodeado de grupos nacionales e internacionales que hallaron en Quintana Roo un paraíso de impunidad.

Capos internacionales se han afincado en la entidad y operan con toda impunidad. No existe ningún dique de contención para frenarlos. El estado está en manos de ellos y el gobierno los tolera. Así es Quintana Roo: un paraíso criminal.

Desde hace más de una década, grupos delictivos internacionales se han afincado en el Caribe mexicano, particularmente en los centros turísticos de Cancún y Playa del Carmen –entre otros— en el estado de Quintana Roo, y han extendido sus tentáculos en todo el estado con la protección de gobernadores, empresarios, líderes partidistas y jefes policiacos, ahora bajo la lupa de la justicia nacional e internacional.

El escándalo de las operaciones de los grupos mafiosos salió a flote luego de que la DEA inició una investigación que puso al descubierto las operaciones de personajes de la mafia de Rumania en el Caribe; la indagatoria establece que, al menos desde hace una década, estos grupos se han afincado en Quintana Roo y han adquirido propiedades –terrenos, casas, empresas– para lavar el dinero que obtienen de sus actividades ilícitas.

Estas actividades –dice la información de la DEA y de la UIF– llevan realizándose al menos desde hace una década en Quintana Roo, con la complacencia del poder político en turno, ya que a lo largo de esos años aparecen implicados los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge, quienes son señalados de haber brindado protección a la mafia rumana y otras organizaciones.

Tan pronto la UIF concluyó sus indagatorias y las presentó ante la FGR se filtró una lista de los presuntos implicados en la red mafiosa rumana, entre los que destacó José de la Peña Ruiz Chávez (entonces dirigente estatal del Partido Verde), según consta en el oficio 110/F/B/978/2021.

Tras el escándalo, en un lacónico comunicado, el Partido Verde informó del relevo de De la Peña Ruiz en la dirigencia estatal, quien fue sustituido por Pablo Bustamante Beltrán.

En el documento elaborado por la UIF –y que ya forma parte de una carpeta de investigación integrada por la FGR– también aparece ligado el empresario Ricardo Vega Serrador, propietario de múltiples empresas distribuidoras de combustibles e inmobiliarias.

Su auge ha sido tan fulgurante que en Quintana Roo le dicen “El Zar de las gasolineras”, pues posee una red de distribución de gasolinas a través de las empresas “La Gas”; además, es dueño de las tiendas “Go-Mart” y figura como socio, con otras gasolineras, de los consorcios Full Gas y Gulf. De acuerdo con información de la FGR, desde el 2014 se le investiga por presuntas actividades de lavado de dinero.​

En la red de Florian Tudor también figuran, además, el notario Nain Díaz Medina; José Alberto Gómez Álvarez –éste último es empresario de la comunicación y promotor del box—, así como el exsecretario de Seguridad Pública de la ciudad de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza, así como su padre, José Luis Yong Cruz.

​Por sus presuntos vínculos con Tudor, la UIF y la FGR también le siguen los pasos a Francisco Garibay Osorio, quien fungió como titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal en el gobierno de Félix González Canto, ligado con este entramado criminal.

El hijo de Garibay –Eliud Garibay Pulido –también figura en la red del empresario rumano acusado de fraudes.
En el andamiaje dedicado al fraude construido por Tudor, la FGR y la UIF disponen de información suficiente para relacionar a Leticia Rodríguez Lara, conocida en el mundo del hampa como “Doña Lety”, cabeza del llamado “Cártel de Cancún”, dedicado a la distribución de drogas con apoyo oficial.

La señora Rodríguez fue detenida en agosto de 2017. Actualmente está recluida en un penal en el estado de Puebla.

No es todo: en el centro de la red mafiosa encabezada por Florian Tudor también está mencionado José Antonio de Anda Turati –un experto en temas fiscales– quien está ligado con el fraude de la empresa Oceanografía que, al igual que Odebrecht, golpeó la estructura financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además de la lista de empresarios y políticos, la FGR le sigue los pasos a los dueños de varios bares y centros nocturnos que operan en Quintana Roo, particularmente en Cancún y Playa del Carmen, pues se les ha señalado como centros de distribución de drogas y lavado de dinero. Estos son los casos de los bares “Tobao”, “Tantra”, “Rosa Negra”, “Funky Geischa” y “Chambao Son”.

En la lista de la UIF –en manos de la FGR –figuran otros nombres: Héctor Ortiz Solares, a quien llaman “El H1” y/o “El Bandido Boss”.

Las autoridades federales lo señalan como jefe de la banda “Bandidos Revolution Team”, un grupo criminal que está afincado en el estado de Guanajuato y que es experto en ciberataques a los software que enlaza a los bancos con el denominado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Mediante el uso de hackers, operadores del fraude, este grupo criminal obtuvo ganancias multimillonarias, de acuerdo con las pesquisas federales.

Otros nombres bajo investigación de la FGR son Jonathan López Salazar, identificado por las autoridades como representante de Movimiento Nacional por la Esperanza, una organización que supuestamente opera René Bejarano, quien estuvo implicado en los sobornos que entregó el empresario de origen argentino Carlos Ahumada.

En el entramado rumano también figura Eddy Pérez Escobar. Es identificado por la UIF como abogado de los empresarios rumanos ligados al fraude con tarjetas; de igual forma defienden los intereses de varios consorcios, entre otros, Corporativo de Asistencia de Salud Gama —ubicada en la Ciudad de México—.

Aunque no forma parte de la lista criminal, el nombre de Alberto Capella Ibarra –exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo— fue acusado por Florian Tudor y otros empresarios de encabezar una red de extorsión en perjuicio suyo de otros de sus socios.

Tudor, detenido en mayo de 2021, está vinculado con una empresa criminal, encabezada por él, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito mediante una red de cajeros automáticos de su propiedad conocida como “Intercash”.

La organización –según la FGR– está compuesta por empresarios de origen rumano que lo mismo operan en Quintana Roo que en Europa, Asia y Estados Unidos.

​El modus operandi es el siguiente: Al momento que una persona introduce su tarjeta de débito o crédito, el sistema clona (copia) los datos; después la información robada es usada para disponer del dinero de las cuentas de los turistas.

Una de las estrategias de Tudor –y de la mafia rumana de la que él forma parte– es la de colocar sus cajeros en zonas turísticas.

​En el estado de Quintana Roo los cajeros que vendió Tudor a bancos e instituciones financieras estaban colocados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Tulum. En Europa, Asia y Estados Unidos la mafia rumana sigue la misma estrategia para cometer sus fraudes.

Hasta 2020, Florian Tudor ​operaba bajo la protección de la justicia. Por ejemplo, ese año, cuando ya era buscado por las autoridades, interpuso dos juicios de amparo mediante los cuales logró frenar las acciones legales en su contra.

​El primero fue aceptado por el juez Segundo de Distrito –expediente 10/2020– el 8 de enero de ese año y surtió efecto contra actos privativos de libertad que pudiera reclamar la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la que obtuvo la suspensión durante una audiencia constitucional.

En el expediente 1624/2019, Tudor solicitó, en diciembre del 2020, la protección de la justicia contra la deportación. El recurso fue concedido tras pagar 35 mil pesos.

​El objetivo de “El Tiburón” evadió la justicia en reiteradas ocasiones, para así mantener su estancia en Quintana Roo. Para ello, amplió su demanda contra actos que pudieran reclamar dos nuevas autoridades; presentó alegatos e hizo objeciones de los informes previos que enviaron las autoridades que lo acusan de cometer actos ilícitos.

En mayo de 2020, algunas propiedades del líder de la mafia rumana fueron cateadas por la FGR, pero las acciones se frenaron porque supuestamente los agentes incurrieron en abusos de autoridad al momento de ejecutar los cateos.

​Entre las irregularidades que se le atribuyeron a los policías está la sustracción de diversos objetos de valor –joyas, aparatos y dinero– del domicilio de Tudor en Cancún, Quintana Roo, pese a que la orden de cateo solo contemplaba el aseguramiento de armas de fuego.

Los agentes, incluso, detuvieron al empresario rumano, pero un día después un juez lo liberó tras considerar que la detención no cumplió con los controles adecuados.

​Según la denuncia de Tudor, con amenazas fue obligado a abrir una de las cajas fuertes de la casa, de donde fueron sustraídos relojes, pulseras de lujo, joyas, dinero en efectivo, documentos y unos dos millones de dólares en efectivo. También se llevaron equipos electrónicos de diversas características.

​El empresario de origen rumano también señaló en su denuncia ante la FGR que los agentes amenazaron a su familia y a su hijo menor de edad y que le fue sembrada un arma de fuego. Durante estas acciones, Florian Tudor figuró como víctima. Pero las autoridades estadounidenses y mexicanas ya disponían de información de las amplias redes que había tejido para construir su emporio criminal.

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