GARCÍA LUNA: PROTECCIÓN A LOS AMIGOS, A LOS ENEMIGOS

*Una muestra más de la abierta protección que recibía “El Chapo” Guzmán, de Genaro García Luna, era capturar a los “peces gordos”, antagónicos

*La infiltración del “Chapo” en distintas esferas gubernamentales, principalmente policíacas y militares, fue de tal manera que le dio un poder absoluto

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

(Tercera de cinco partes)

Ciudad de México.- Una muestra más de la abierta protección que recibía “El Chapo” Guzmán, quizá por su “colaboración” para que fueran capturados o abatidos los “peces gordos”, antagónicos a él, fue que los narcotraficantes, en el tiempo que estuvieron junto al capo también eran intocables, pero cuando se separaron de su organización toda la fuerza del Estado se volcó contra ellos y no se detuvo hasta aniquilarlos.

Los hermanos Alfredo, Arturo, Carlos y Héctor Beltrán Leyva; parientes en segundo grado del mismo “Chapo”; su jefe de sicarios, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” e incluso Ignacio “Nacho Coronel Villarreal, tío-suegro de Guzmán Loera, lo mismo que muchos otros narcos enemigos, terminaron también presos o bajo la metralla de las Fuerzas Armadas.

La infiltración del “Chapo” en distintas esferas gubernamentales, principalmente policíacas y militares, fue de tal manera que le dio un poder absoluto y trastocó por completo la posición del crimen organizado, en relación a las autoridades que quedaron por abajo del Gobierno Federal; los papeles se invirtieron y los federales pasaron a ser sirvientes de los barones de las drogas y a figurar en sus nóminas.

Antes, la extinta Policía Judicial Federal estaba por encima de los narcotraficantes, controlaba el paso de los estupefacientes y realizaba grandes decomisos de droga, aviones, joyas, dinero y residencias, propiedad de los capos, pero tras el arribo de Genaro García Luna, primero como director de la AFI y luego como secretario de Seguridad Pública Federal, las posiciones se invirtieron.

En la década de los noventas, una frase alertaba sobre el crecimiento del narcotráfico en suelo azteca: “¡México se colombianiza!”; años después, otra expresión revelaba la lacerante situación que impera: ¡Colombia se mexicaniza!

El poder del “Chapo” había cobrado tal dimensión, que contaba ya con expertos en contrainteligencia y una sofisticada infraestructura para enterarse, siempre a tiempo, de las acciones que pudieran emprender en su contra.

Detectar acciones antinarco, liberaciones de integrantes de su organización o de grupos enemigos, alerta de cateos y cualquier tipo de acción que pudiera afectarlo, la recuperación de vehículos asegurados, contactar a funcionarios adscritos a los radares de intercepción aérea y ubicar y ejecutar a miembros de organizaciones criminales enemigas, entre otras actividades ilícitas, eran controladas por “El Chapo”.

Contaba con números telefónicos y grados de altos mandos de la SSP.

Tenía tanta información del brazo operativo de la corporación federal, que algunos de los documentos a los que tenía acceso, eran el Directorio General de Comunicaciones Actualizado y la Propuesta de Reubicación de los Agrupamientos Desplegados de las Fuerzas Federales de Apoyo”.

Ambos eran confidenciales.

El segundo documento era tan detallado, que planteaba la reubicación a Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Cananea, Sonora, de 116 efectivos de la Primera Brigada, destacamentados en Chilpancingo; 74 en Zihuatanejo, 59 en Acapulco y 57 en Ciudad Altamirano.

El primer documento era más preciso, pues revelaba la identidad de cada inspector adscrito a las bases de la Ciudad de México, incluido el Centro de Mando, donde la PF resguarda a los narcotraficantes de mayor peligrosidad que eran arraigados.

De dicha sede en Iztapalapa, aparecían nombres, grados, e-mails, celulares y Nextel de 69 inspectores y subinspectores, incluidos sus indicativos claves, como: Aries, Vulcano, Galgo, Halcón, Corsario, Carreón, Dragón, Tajín, Vigía, Delta, Atlante, Bucanero y Sagitario, entre otros.

También los datos de los 46 elementos de igual rango, adscritos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 12 del edificio de Constituyentes, dos de la base de Calzada de las Bombas, ocho de CONAFRUT y hasta del Grupo de Operaciones Especiales.

Durante la captura de Roberto Beltrán Burgos, “El Doctor”, operador de “El Chapo” en Sinaloa, se encontró una Hummer, en cuyo interior había documentos oficiales membretados con los números de celulares de los principales mandos operativos.

“El Chapo” Guzmán sabía todo de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) de la Policía Federal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y conocía a detalle las investigaciones que realizaban la Marina y la SIEDO (ahora SEIDO), sobre los presuntos vínculos de su banda con las capitanías de puerto y sobre los buques pesqueros que usaba para importar cocaína desde Sudamérica.

El Ejército había encontrado en Culiacán documentos propiedad de la banda, que no sólo exhibían su narconómina y los pitazos que recibían, sino que contaban con información que sólo circulaba entre unos cuantos altos mandos del Gobierno.

La contrainteligencia del Cártel de Sinaloa era tal que, al menos hasta 2012, cada paso que daba el Gobierno federal contra sus intereses era conocido con mucha anticipación por los delincuentes.

Cada despliegue de las Fuerzas Federales de Apoyo a nivel nacional, con la cantidad exacta de efectivos por localidad, así como la cantidad de vuelos y autobuses para movilizarlos, llegó a estar en manos del Cártel de Sinaloa en papeles membreteados de la SSP federal, antes que iniciaran los operativos.

El grupo poseía, de acuerdo a la indagatoria PGR/SIE DO/UEIDCS/189, documentos oficiales con la descripción de grados y cargos, claves distintivas, correos electrónicos, números de teléfonos celulares y números de identificación de los radios Nextel de los inspectores generales del AICM, de la base de Calzada de las Bombas, del Centro de Mando y de la sede de Constituyentes, donde despachaba García Luna.

Su sistema de espionaje era tan complejo que inclusive también le servía para conocer, con antelación, los reportes que la DEA o el FBI entregaban a México sobre su organización.

También se localizó una narconómina, inscrita en clave, donde había un calendario de depósitos para todos los servidores públicos que colaboraban con el Cártel de Sinaloa. 

A la fecha no ha sido totalmente descifrada, aunque si detallaba que cada día 22 de cada mes pagaban una renta a “Loba Inter Estatal”; el día 23, a “Secre de Aguacate”, “Inteligencia Culiacán Aguacate” e “Inteligencia Mazatlán Aguacate”.

Cabe aclarar que el término “aguacate”, lo aplican despectivamente los narcos a los militares, por el color verde de sus uniformes.

El 24 tocaba el turno a “Agüita Maza y sus tres hijos” del Centro de Inteligencia Marítima y el 28 al “Inspector Montenegro ‘Fray’ del 20” e incluía a 4 comandantes operativos de Guamúchil, Guasave y los Mochis.

También se mencionaba a un Regimiento de Caballería y tres comandantes operativos, así como tres mandos de las Fuerzas Especiales, registrados como “20 R”.

En una libreta de taquigrafía, que en la portada tenía el nombre de Maricela Ramírez Medina, se mencionaba que estaba pendiente depositarle a los policías Arrote, Fontaner Popeye (PFP), Ponce, Rodríguez Balderas, José Luis González, Diablo Blanco, Chamán, Limón, Cobra, “Teniente Roberto García Ramírez depositar 10,000 Morgan ya informó Cmte Tristán” y “Comprarle su Pick Up al Cmte Balderas y al MP Sotelo Mesa 4”, son algunas de las anotaciones en las que se mencionaba  a un sujeto llamado “Dámaso”.

El único individuo con ese nombre, vinculado a ese grupo delictivo, era el ex subdirector de Seguridad y Custodia en el penal de Puente Grande, Dámaso López Núñez, durante la fuga de “El Chapo” en 2001.

López Núñez, alias “El Lic”, quien fungiría como su sucesor tras la recaptura del “Chapo”, también participaría posteriormente en su segunda evasión del penal de El Altiplano.

López Núñez sería detenido el 6 de mayo de 2017 y un año y dos meses después, el 6 e junio de este año, fue extraditado a los Estados Unidos, igual que su ex jefe, “El Chapo” Guzmán.

En operativo posterior, se descubriría que también la Marina, aunque en menor grado, había sido infiltrada por el capo, al detectar al ex cabo, Mario Partida Chiquete, detenido a bordo del buque Polar I, que transportaba 7 toneladas de cocaína, cargadas en el puerto peruano del Callao, con destino a Mazatlán, Sinaloa.

El cabo Partida era el responsable de coordinar la logística de la importación de cocaína para el Cártel de Sinaloa y era en Perú donde se abastecía de droga. Su involucramiento con el Cártel de Sinaloa no era reciente, pues el 31 de diciembre de 2005 fue puesto a disposición de la PGR en Manzanillo, acusado de transportar gasolina en el buque Blanca Estela IV, para reabastecer embarcaciones menores con droga en el Pacífico.

Tras las investigaciones, se estableció que “El Chapo” había ya infiltrado ocho capitanías de puerto y utilizado 28 buques de pesca para el transporte de cocaína desde Sudamérica.

El reporte militar indicaba que la complicidad con el grupo criminal podría abarcar las capitanías de puerto de Mazatlán y Topolobampo, Sinaloa; Yávaros, Sonora; Alvarado y Coatzacoalcos, Veracruz; Dos Bocas y Frontera, Tabasco, y La Paz, Baja California Sur.

Ese era el poder de penetración e infiltración del capo, con la complacencia de Genaro García Luna y algunos de los altos mandos de las Fuerzas Federales.

Por otra parte, se conocieron diversas propiedades de García Luna que nunca hubiera podido adquirir sólo con su sueldo de policía.

Residencias en Monte Funiar, en el exclusivo fraccionamiento Jardines en la Montaña; una mansión en Montaña de Omoa, con un valor de 7.5 millones de pesos y predios ubicados en Amate, en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, del municipio de Jiutepec, Morelos.

Sin embargo, en un intento por desvirtuar los hechos y culpar a Reporte Índigo que dio a conocer los hechos, ordenó la detención de fotógrafos y reporteros e incluso los exhibió en un boletín de “su secretaría”, como miembros de la delincuencia organizada, que querían causarle daño a su familia para debilitarlo y que dejara de atacarlos.

La manera tan burda cómo quiso deformar los hechos, derrumbó su versión y tuvo que dar marcha atrás a su difamación.

Ello le valió que la revista Forbes, lo incluyera en el cuarto lugar de una lista que elaboró con  “Los Diez Mexicanos más Corruptos”, entre ellos Carlos Romero Deschamps, ahora senador, Raúl Salinas de Gortari, que exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “limpie su nombre” y Elba Esther Gordillo Morales, exonerada y liberada un mes después de que Andrés Manuel López Obrador triunfara en las elecciones presidenciales.

Tras los señalamientos de la revista de corte internacional, García Luna se indignó y aseguró que se trataba de infundios, que todo era falso, al tiempo que advirtió que procedería penalmente contra la publicación, pero solo vociferó, ya que no hubo reporte alguno sobre alguna denuncia.

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