PILLAJE POLICIACO

*En evidencia quedaron las malas prácticas de la presidenta municipal de Isla Mujeres, Teresa Atenea Gómez Ricalde, quien, a través de prestanombres, otorgó un contrato millonario a una empresa yucateca para la compra de uniformes y material táctico

*La empresa en cuestión es Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., que se hizo acreedora del contrato con número de identificación LP/AD/1/2023, cuyo registro de otorgamiento de poder fue para una representante de la empresa, María Teresa Mota Talonia

*De acuerdo con el Registro Público de Comercio, es propiedad de Arturo Fernando Canto Rebora y Efraín de Jesús Ponce Lordméndez, los verdaderos beneficiados de monto aprobado para la compra de uniformes y material táctico, que fue de $1,659,322.00

Redacción/Sol Quintana Roo

Isla Mujeres. – En evidencia quedaron las malas prácticas de la presidenta municipal de Isla Mujeres, Teresa Atenea Gómez Ricalde, quien, a través de prestanombres, otorgó un contrato millonario a una empresa yucateca para la compra de uniformes y material táctico para la policía.

La empresa en cuestión es Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., que se hizo acreedora del contrato con número de identificación LP/AD/1/2023, cuyo registro de otorgamiento de poder fue para una representante de la empresa, María Teresa Mota Talonia.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, es propiedad de Arturo Fernando Canto Rebora y Efraín de Jesús Ponce Lordméndez, los verdaderos beneficiados de monto aprobado para la compra de uniformes y material táctico, que fue de $1,659,322.00 (un millón cuatrocientos treinta mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Este contrato, que la empresa lo obtuvo mediante una licitación pública, fue celebrado el pasado 13 de febrero de 2023 y consistió en la entrega de los siguientes recursos:

• 15 pares de botas táctica
• 15 piezas de camisas tácticas
• 115 camisas tácticas manga corta
• 115 camisas tácticas manga larga
• 30 playeras polo color blanco
• 30 bermudas color azul marino
• 290 pantalones tácticos
• 145 botas tácticas
• 160 de fornitura
• 160 gorras modelo beisbolera
• 45 playeras tipo polo color morada y naranja

Cabe señalar que, de acuerdo con el contrato en cuestión, se muestra un desglose de cada pieza a entregar y que detalla la cantidad y costo de cada uno; destacan las 145 botas tácticas, las cuales, según el documento, tienen un costo de $3,680.00 (tres mil seiscientos ochenta pesos).

Sin embargo, si buscamos dicho modelo por cuenta propia, descubriremos que en el mercado, este modelo de bota cuenta con un precio menor, que oscila entre $1,311.43 (mil trescientos once pesos 43/100 M.N.) pesos por cada par, esto quiere decir que la empresa se “aprovecha” del beneficio al no hacer un descuento por mayoreo.

Previamente, se descubrió que la modernidad no ha llegado al municipio de Isla Mujeres, pues siguen usando copias tanto en blanco y negro, como en color, sin que exista una restricción respecto al uso de hojas y, por cada unidad, el volumen de contaminación es mayor.

Pero también la calidad de impresión es pésima, ya que los documentos digitalizados de los contratos públicos dados a conocer por la gestión de Teresa Atenea Gómez Ricalde tienen rayones y parches en partes fundamentales de las hojas.

O simplemente se trata de censura de la alcaldesa, quien prefiere omitir el nombre del proveedor, el cual percibió $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) por el número de contrato LP/PS/005/2023, en una fecha que tuvo vigencia durante siete meses, que finalmente venció el 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con lo especificado en el contrato censurado, se alcanza a apreciar el costo de cada copia, escaneo e impresión, siendo las tarifas las siguientes: Copia blanco y negro a $0.23; impresión blanco y negro, $0.23; copia color, $2.00; impresión a color, $2.00; y escaneo, $0.23.

Tras una investigación paralela a la presente, se determinó que el contratista es la empresa Impresoras y Gestión Documental, S.A. de C.V., de la cual es titular José Joaquín González Castro, un político ampliamente conocido y que actualmente es notario en el municipio de Benito Juárez.

“El Quino”, como es conocido en sus círculos cercanos, se desempeñó como presidente municipal de Benito Juárez de 1984 a 1987. Posteriormente, alcanzó una senaduría federal de 1988 a 1994, ambos como integrante de la facción del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Una vez finalizado su paso por el Congreso de la Unión, fue nombrado como magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, para finalmente convertirse en diputado del Congreso del Estado de Quintana Roo por vía la plurinominal de 2005 a 2008.

Casi durante una década, esta persona se encargó de sus negocios, creando todo tipo de empresas, entre ellas Impresoras y Gestión Documental, S.A. de C.V., con la cual se encargó de hacer desfalcos en la Zona Norte de la entidad.

El proveedor y político de origen veracruzano hizo fortuna en la entidad gracias a los innumerables cargos públicos que ejerció desde que prácticamente la entidad fue declarada como “Estado Libre y Soberano”, eso hace ya medio siglo.

Pero en 2017, volvió a figurar dentro del entramado de actores y actrices que buscan un puesto en la administración estatal, pero claramente se trató de un advenimiento, pintado de otros colores y partidos, pero con los mismos fines.

Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Movimiento Auténtico Social (MAS) e, inclusive, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde fue señalado como potencial candidato a la gubernatura, pero –como es evidente– se quedó en medio del camino.

Antes de volver a desaparecer de la vida pública, en 2019 renunció a la subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Quintana Roo. Tras afirmar que la principal causa se debe a que: “cuando las diferencias y las coincidencias empiezan a ser menores, lo mejor es apartarse”.

Desde ese momento, sus apariciones fueron esporádicas, poco se conoce sobre su vida fuera de foco, solamente que sigue estando presente en sus negocios, aunque también se ha ido apartando, dejando a otros titulares en el control de estos.

Ejemplo de ello es Dalia Manelic Carrillo Garza, que, si bien no figura su nombre dentro del contrato al cual tuvo acceso esta casa editorial –ya que fue censurado–, sí aparece en la investigación realizada de manera paralela.

Ahora bien, él la hace de prestador de servicios y se beneficia de la impunidad de las administraciones municipales, las cuales derrochan recursos en herramientas obsoletas, como lo son copias físicas, que finalmente son desechadas, generando cantidades importantes de desperdicios.

Además, el negocio está en las copias a color, pues en otras cadenas de suministro te dan un paquete de 99 hojas impresas a 60 pesos, incluyendo los gastos de envío –claro– tratándose de trabajos académicos, publicaciones, entre otros parecidos, por lo que la calidad es mucho mejor.

Pagar dos pesos por cada papel es totalmente un negocio, pues en ninguna parte existe una cláusula por límite de copias, así podrían declararse miles, sin que nada o nadie pueda negar o afirmar dicha suposición.

Por ello, se entiende por qué los documentos de acceso público están censurados, pues se evidencia que la actual administración es cómplice de desfalcos millonarios.

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