Por Maricarmen Gutiérrez Romero y Miguel Ángel Teposteco
EMEEQUIS.– Con motivo del nuevo Paquete Económico 2027, EMEEQUIS consultó a varios expertas y expertos para entender el panorama general y los problemas con la distribución de los recursos que ha solicitado el Ejecutivo Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. Entre los expertos están Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, ¿Cómo Vamos?, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, y Mariana Campos de México Evalúa.
El Paquete Económico 2027 plantea una mayor recaudación sin la creación de nuevos impuestos, pero las medidas para obtener más ingresos podrían generar efectos contraproducentes en la formalidad y las cadenas productivas, además de retrasar la consolidación fiscal, advirtió Sofía Ramírez Aguilar.
La población de la tercera edad es la que más recursos absorbe de los programas sociales, sin embargo, pronto necesitará más recursos pues la población adulta va a la alta. Y CFE se quedó con una rebanada muy pequeña.
Para Ramírez Aguilar, uno de los principales riesgos hacia los próximos años está en la capacidad del gobierno para demostrar una ruta clara de consolidación fiscal.
Las calificadoras, explicó, no reaccionan de inmediato ante la presentación de un paquete económico, sino que observan la trayectoria de las finanzas públicas y la capacidad del gobierno para reducir sus desequilibrios.
“Vemos cómo la consolidación fiscal se retrasa un poco”
La especialista señaló que el problema no necesariamente está en el gasto social, como podría pensarse, sino en que la estrategia para incrementar los ingresos y reducir el déficit podría no ser suficientemente rápida.
Aguilar advirtió que México se encuentra, bajo su análisis, a un escalón de perder la calificación crediticia, aunque reconoció el esfuerzo por presentar una ruta de
consolidación fiscal. “El riesgo está en que esa consolidación no avance con suficiente rapidez”.
Además, señaló que si en los próximos años se requiere incrementar el gasto en infraestructura, salud o educación dentro de un margen fiscal limitado, una parte de esos recursos tendría que financiarse con deuda. El costo de ese financiamiento dependerá, en buena medida, de la calificación crediticia del país.
“Por más que quieras reestructurar la deuda, depende muchísimo de tu calificación crediticia para que la deuda no sea tan cara”, explicó.
También cuestionó que parte de los cálculos descansen sobre escenarios de crecimiento e inflación que podrían modificarse ante un entorno internacional incierto, particularmente por los conflictos en Medio Oriente y la incertidumbre alrededor de la revisión del T-MEC.
MÁS RECAUDACIÓN PERO CON RIESGO
Ramírez Aguilar consideró adecuado combatir las operaciones simuladas, pero advirtió que algunas de las medidas pueden generar incentivos no deseados. El riesgo, explicó, es que las nuevas restricciones para deducir determinados gastos o reportar pérdidas fiscales terminen incentivando el uso de efectivo.
“Podrías estar incentivando que haya mayor uso de efectivo”, señaló.
La especialista destacó además que las grandes empresas forman parte de cadenas productivas en las que participan pequeñas y medianas empresas. Por ello, cualquier medida que incremente los costos o restricciones para las compañías de mayor tamaño puede trasladarse hacia otros eslabones de esas cadenas.
A su juicio, la medida puede contribuir a combatir la compra y simulación de facturas, pero no resuelve por sí misma el problema de fondo.
“No puede ser la única medida contra las factureras en el largo plazo y no puede ser la única fuente de ingresos adicionales en dos o tres ejercicios”, advirtió.
Ramírez Aguilar consideró que los agentes económicos terminan adaptándose a las reglas y buscando alternativas para reducir sus obligaciones, por lo que una estrategia
enfocada únicamente en elevar la recaudación en el corto plazo podría incluso afectar la formalización.
ADULTOS MAYORES A LA ALZA
A esto se suma la estructura del gasto. De acuerdo con el análisis expuesto por la especialista, la pensión para adultos mayores concentra 53% del presupuesto destinado a los programas sociales prioritarios, un monto 7.5 veces superior al presupuesto destinado a la Secretaría de Salud dentro de ese conjunto.
Además, la presión podría aumentar conforme avance el envejecimiento poblacional. Ramírez Aguilar explicó que, de acuerdo con estimaciones del CIEP y proyecciones de CONAPO que utiliza para sus análisis, la población de 70 años y más se duplicaría hacia 2050 respecto de los niveles actuales, mientras otros grupos poblacionales tendrían un crecimiento mucho menor o incluso se reducirían.
“El 53% del presupuesto de los programas prioritarios sociales se dedicará a la Pensión para Adultos Mayores.
Solo 23.4% del presupuesto de los programas prioritarios sociales se dedicará a infancias, adolescencias y juventudes (Programas de Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra y el programa Niñas y Niños)”.
Esto implica una presión creciente sobre el gasto en pensiones contributivas y no contributivas, mientras que el espacio fiscal permanece limitado.
POCO DINERO PARA CFE
De acuerdo con su análisis, CFE recibe alrededor de 11% de la inversión prioritaria. El problema, explicó, es que esos recursos deben cubrir no solamente generación eléctrica, sino también transmisión y distribución.
La insuficiencia de inversión en generación representa un riesgo para la actividad económica, debido a que la disponibilidad de energía es una de las condiciones que consideran los inversionistas nacionales e internacionales.
A esto se suma que Pemex y los trenes concentran entre 72% y 73% del presupuesto destinado a los programas prioritarios de inversión, lo que reduce el margen disponible para otros proyectos. “Tenemos un problema de prioridad”, resumió.
La especialista sostuvo que el Paquete Económico 2027 no resuelve la necesidad de una reforma fiscal de mayor profundidad.
Aunque reconoció que México ha logrado incrementar la recaudación sin una reforma fiscal integral, consideró que esa estrategia tiene límites y puede generar riesgos si se prolonga.
En particular, insistió en que las nuevas medidas contra las factureras y para elevar los ingresos podrían reducir la evasión, pero también incentivar el uso de efectivo y desincentivar la formalización de segmentos completos de las cadenas productivas.
“Yo no creo que hayamos solventado el tema de la necesidad de una reforma fiscal”, afirmó.
A ello agregó que también será necesario discutir la gobernanza de Pemex y los mecanismos de inversión que permitan enfrentar las presiones financieras de mediano plazo.
Para Ramírez Aguilar, la discusión ya no puede posponerse. “Esa conversación de cómo le vamos a hacer en el mediano plazo para no perder la calificación crediticia, recaudar más y con ello mantener el financiamiento no tan caro vamos a tener que tenerla ya; no podemos seguirla pateando hacia adelante”.
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