CASO STANLEY: EL CHARCAZO

*El 7 de junio de 1999, Paco Stanley deseó buena suerte al nuevo elenco de un programa matutino -en Televisión Azteca-, y poco después recibió un mensaje que “lo hizo palidecer”  

*Se creía que al término del almuerzo Paco Stanley aspiró cocaína en los sanitarios y que más tarde lo imitó Mario Rodríguez Bezares  

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

(Segunda de seis partes)  

Ciudad de México.- El 7 de junio de 1999, Paco Stanley deseó buena suerte al nuevo elenco de un programa matutino, (ya en Televisión Azteca), y poco después recibió un mensaje que “lo hizo palidecer”.

El mejor “Tenorio Cómico”, guardaría el papel en la bolsa derecha de su elegante saco y procuraría cumplir con su trabajo, al término del cual sus ayudantes le preguntaron sobre el sitio donde almorzarían y comentó que “no estaría mal un charcazo”.

Se creía que al término del almuerzo Paco Stanley aspiró cocaína en los sanitarios y que más tarde lo imitó Mario Rodríguez Bezares. El declamador se retiró hacia el estacionamiento, seguido de Jorge Gil, (quien embusteramente siempre dijo “no saber nada del asunto” y terminó escribiendo un libro sobre el caso), los choferes y guardaespaldas.

Inexplicablemente, para muchos, Mario Rodríguez los hace esperar varios minutos y Stanley es sorprendido por varios hombres armados, vestidos con elegancia, quienes inician un tiroteo que resultó mortal para el locutor y el agente de seguros José Manuel de Jesús Núñez y dejó heridos a la señora Lourdes Hernández, esposa del vendedor, Jorge Gil y el acomodador de autos Pablo Hernández Pérez.

Se dice que también resultó alcanzado por una bala, a la altura de la oreja izquierda, uno de los agresores de Paco Stanley, pero el proyectil no lo derriba y escapa con sus cómplices en un automóvil Jetta gris.

Dos policías preventivos, quienes estaban en el restaurante para que les firmaran un comprobante de rondín, habían defendido al locutor a balazos, mientras los guardaespaldas… Se habían tirado al suelo para no morir, pues estaban desarmados y nada hubieran podido hacer por su jefe, quien recibió cuatro tiros en la cabeza.

Jorge Gil se había ocultado en la camioneta de Stanley y preguntó que había pasado; un chofer le informó que “todo había valido ma…”

Juan Manuel de Jesús Núñez murió en el hospital de Xoco. Nadie se preocupaba por su familia y varios protagonistas del drama escribieron libros posteriormente sobre el asunto policial que las autoridades no resolvieron.

Se dio un manejo distorsionado de la información. Televisión Azteca prestó el micrófono y una mujer se comunicó con la locutora Rosa María de Castro para decirle que “había visto a los criminales y que todos vestían de chamarra y camisas comunes y corrientes, que luego los volvió a ver en el centro de la Ciudad de México, cuando le entregaban una especie de control remoto de televisión a una mujer, quien viajaba en un pequeño auto color blanco”.

Mentira. Los tiradores iban de traje. Por la noche, la Policía Judicial del Distrito Federal pretendió aclarar pronto el homicidio y detuvo en un operativo en la colonia Morelos, a Zenaido Roberto y a Roberto Francisco Flores González, padre e hijo. Una hermana del joven declaró que el error policiaco había perjudicado gravemente a sus parientes, pues eran absolutamente inocentes. Pero los policías no estaban tan equivocados. El joven Roberto Francisco, conocido como El Rana, estaba sujeto a proceso por varios delitos y formaba parte de una banda recientemente detenida, porque el jefe tenía cierto parecido con el “retrato hablado” del hombre que mató a Stanley.

Además, uno de los mafiosos sostenía relaciones con una edecán de televisión y había sido agente policiaco en el Distrito Federal y en el Estado de México. Aquel día trágico desapareció otra edecán, colombiana, Roxana Reyes Vivanco, amiga, novia o esposa de Fernando Javier Durruti Castillo, según la policía.

Agentes de la policía preventiva encontraron al día siguiente el Jetta gris en la calle Durango, Colonia Progreso Atizapán, donde fue denunciado Juan Márquez, El Diablo, como responsable de haberse apoderado del vehículo, en compañía de dos cómplices armados, en la colonia Las Águilas, durante la noche del 6 de junio de 1999, es decir, a unas horas del atentado contra Paco Stanley.

¿Qué significaba eso? Que el delincuente conocido como El Diablo conocía la identidad de quienes le pidieron el auto para tender una trampa al locutor Paco Stanley. Por coincidencia, al ser detenido Juan Márquez en un hotel de Cancún… Roxana Reyes Vivanco escapó del lugar, al parecer hacia Colombia y nunca más volvió a México.

Y daba la “casualidad” que también fue edecán de Paco Stanley, además de que el presentador “le echaba los perros” causando gran molestia a Mónica Durruti, cuyo hermano Fernando Javier era novio, amigo, pareja o esposo de Roxana y estaba preso, ilusionado con que Stanley moviera sus influencias para recuperar la libertad.

Así que la conexión entre Roxana y Juan Márquez, (huyeron juntos hacia Cancún, pero allá solo fue detenido el maleante), era más que evidente, al igual que la responsabilidad de El Diablo en el crimen de Stanley… Pero la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal solo consignó a Márquez por “robo de auto”…

Es decir, alguien se apoderó a mano armada de un auto para cometer un sonado homicidio, pero al capturar al infractor de la ley, solo se le hicieron cargos por el “mal uso del vehículo”, nunca por la presunta complicidad en el asesinato. Y la policía aseguró que “casualmente” Juan Márquez, El Diablo, fue chofer de Pablo Moctezuma, exesposo de Alejandra Guzmán, hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal.

Obviamente, las autoridades fueron cautas al informar los avances de la investigación, porque “algunos indicios aparentemente desconectados no significan que se dedique al narcotráfico y menos que ese sea el motivo del asesinato de Stanley”.

La Policía Judicial Federal dijo no estar autorizada por la ley para proporcionar datos de lo que sabía sobre Roxana Reyes Vivanco y que la empresa televisora guardó información sobre la colombiana.

Tampoco relacionó la conexión entre Fernando Javier Durruti con Paco Stanley, así como con el crimen de Manuel Buendía y los muertos del Río Tula, (colombianos asesinados presuntamente por órdenes del general Arturo Durazo Moreno y su ayudante Francisco Sahagún Baca, conocidos jefes policiacos de la Ciudad de México), “para no entorpecer las averiguaciones”.

El misterio continuó al descubrirse en las ropas de Paco Stanley una credencial que lo mencionaba como “funcionario de la Secretaría de Gobernación, autorizado para portar un arma de fuego”. La “charola” le había sido otorgada por un recién llegado a Gobernación, Marcos Manuel Souverbille, muy cercano al entonces ex gobernador Jesús Murillo Karam.

Al respecto, el columnista Miguel Ángel Granados Chapa informó en junio de 1999, que Marcos Manuel Souverbille fue director de la Policía Judicial del Estado de Hidalgo. En mayo de ese año, Souverbille expidió una “licencia oficial individual” a Francisco Jorge Stanley Albaitero, que figuraba en ella como “servidor público” y quedaba autorizado para portar “cualquier arma de fuego permitida por la ley para personal civil”.

Pero el locutor no trabajaba en la Secretaría de Gobernación, “puerilmente la oficina de Bucareli aseguró que Stanley solicitó la licencia porque le apremiaba contar con un documento que le amparara portar un arma para su defensa, ya que había sido víctima de cuatro asaltos y desempeñaba labores en horarios nocturnos”.

(El señor Souverbille fue tan críptico que no solo a Stanley le otorgó credencial de “funcionario de Gobernación”, sino al hijo del locutor y a “Mayito”. Y en septiembre de 2007, en lo que se perfilaba como una venganza del crimen organizado que operaba en el estado de Hidalgo, fue brutalmente asesinado con ráfagas de metralleta por un comando armado de por lo menos ocho sujetos que viajaban en tres camionetas que interceptaron la unidad en que viajaba el jefe policiaco en compañía de su chofer, quien resultó gravemente lesionado, según informó el reportero Álvaro Velázquez, de La Prensa).

Así, dijo en su oportunidad Miguel Ángel Granados Chapa, (diario Reforma, viernes 11 de junio de 1999, página 23-A), Souverbille afirmó que se facilitó la licencia tantas veces mencionada “en base en facultades que la Dirección General tiene por disposición de la ley”.

Miente esa Dirección General. La ley a la que se refiere, la federal de armas de fuego y explosivos, dispone que la autoridad facultada para expedir licencias a particulares sea la Defensa Nacional. Gobernación queda autorizada para dotar de ellas al personal público. Y Stanley no pertenecía a la administración federal, puesto que pública y notoriamente su desempeño profesional era otro.

Si una urgencia lo afectaba en materia de seguridad, la servicial y solícita oficina de Gobernación que lo atendió, hubiera debido orientarlo para que hiciera en la Sedena el trámite correspondiente, amén de sugerirle que acudiera al Ministerio Público en busca de la justicia a que tiene derecho todo ciudadano, especialmente quien ha sido asaltado tantas veces como, según Gobernación, había ocurrido al fenecido conductor de televisión -escribió Miguel Ángel Granados Chapa-.

Digamos la verdad monda y lironda. En el mejor de los casos, en la situación menos grave imaginable, Stanley había sido beneficiario de un acto de “cuatachismo” de los administradores hidalguenses de la seguridad pública federal. Se trataba de que ejerciera el influyentismo, al cual estaban inclinados funcionarios como Souverbille y Murillo Karam, pues no es creíble que el director general obrara sin conocimiento y consentimiento del subsecretario.

Además de proteger la portación de armas, de cualquier arma, pues no se describe ninguna en particular, el tenedor de la misma podía apantallar con su “charola”, hacer sentir que su oficio en la televisión lo colocaba cerca del poder administrativo y político -redactó Miguel Ángel Granados Chapa-.

Pero, ¿quién nos asegura que no se tratara de algo más? En el pasado, documentos análogos, expedidos también por la Secretaría de Gobernación, sirvieron de parapeto a peligrosos delincuentes. Para solo citar un grave ejemplo, recordemos lo ocurrido al comienzo de 1985; tras el secuestro y asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue acusado de esos delitos y por cultivo y comercio de mariguana, y por la presión norteamericana la Policía Judicial Federal fue en su busca en la capital jalisciense.

Un comandante de ese cuerpo lo tuvo a la mano. Pero Caro Quintero y sus contlapaches lo burlaron, exhibiendo credenciales de la Dirección Federal de Seguridad, firmadas por lamentablemente otro hidalguense, José Antonio Zorrilla, director general de esa policía política. Así, investidos con esa personalidad oficial, huyeron esos delincuentes de Guadalajara.

Ante el escándalo producido por esa fuga, y la evidencia de que tales licencias eran objeto de burdo y oneroso comercio, Zorrilla fue delicadamente invitado a retirarse de su responsabilidad y tiempo más tarde la dirección a su cargo desapareció. No se diluyó en la nada, sino que dio lugar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, sustraído por el presidente De la Madrid, tardíamente, al ámbito de Gobernación, enfatizó el columnista Granados Chapa.

–Ostentar una personalidad de la que se carece puede obedecer a meros problemas emocionales. Pero puede haber algo más que carne de diván en este caso. Puede haber carne de presidio-concluyó.

Y el asunto comenzó a complicarse a medida que las autoridades federales entendieron que Paco Stanley no era como las televisoras decían, según denunció la escritora Sara Sefchovich, “un santo, un iluminado, un profeta”. Claro que no. Las televisoras se encargaron de crear y atizar inicialmente el espíritu de linchamiento contra el gobierno de la Ciudad de México.

Los locutores aderezaron la información con sus opiniones, usaron tonos de voz e hicieron gestos que fueron más rojos que las “las propias notas rojas”, indicaba la señorita Sefchovich.