NARCOTRÁFICO: EL TERRITORIO, SITIADO POR EL CRIMEN

*Se han cumplido tres años de Gobierno y la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país sigue incumplida. De nada sirve la avasallante militarización del país, jamás vista en sexenios anteriores; tampoco ha dado resultados que la Guardia Nacional, el ensayo militar del mandatario, esté presente en el territorio.

*Ninguna de estas dependencias puede intervenir y usar la fuerza frente al crimen organizado. Esta suerte de inacción oficial hundió a Michoacán en una crisis de seguridad y mantiene a Guanajuato cercado por el crimen organizado, en medio de matanzas y balaceras. Ante el crimen, el Gobierno de la Cuarta Transformación no hace nada.

*Sólo administra un problema que, sin resolverse, permite que los cárteles mantengan sitiado buena parte del territorio nacional.

Ricardo Ravelo | La Opinión de México | Sol Quintana Roo | Sol Yucatán | Sol Campeche

(Primera de cinco partes)

Ciudad de México. – El ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, particularmente en los municipios de Aguililla y Tepalcatepec, ha colocado a las autoridades estatales en la impotencia, rebasados por las circunstancias, sin capacidad de reacción y sin posibilidades de recuperar la paz del territorio.

En Michoacán la guerra entre cárteles, que no es nueva, se ha agudizado. Los grupos criminales se pelean el control del Estado, pero más allá de eso se disputan la ruta del Pacífico más importante, en la que participan cinco grupos criminales.

La disputa se centra entre el CJNG, La Familia Michoacana, lo que queda de Los Caballeros Templarios, Los miembros del Cártel Valencia Cornelio, Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Además del tráfico de estupefacientes, los cárteles se disputan, el control de la minería, las grandes extensiones de tierras sembradas de aguacate –un producto de exportación bastante codiciado–, cuyos productores deben pagar su derecho de piso, los impuestos del crimen, algo que ni las autoridades locales o federales han podido frenar.

La violencia ha paralizado Michoacán. Grupos de autodefensas afirman que, pese a las peticiones al Gobierno para pacificar el territorio, nadie pone orden en el Estado; la Guardia Nacional tiene presencia en el Estado, pero no pueden actuar con el uso de la fuerza. Lo mismo ocurre con los efectivos militares. La impotencia social está en su plenitud.

Al cumplirse tres años de Gobierno –primer tramo gubernamental– el crimen organizado y su expresión más violenta –el narcotráfico– sigue imparable; la mayor parte de las policías municipales están cooptadas por los grupos delictivos y, a lo largo y ancho del país, un total de 19 cárteles controlan los territorios, asesinan, secuestran, cobran derecho de piso con abierta impunidad, pues ninguna autoridad federal ni local ha podido poner freno este flagelo perturbador.

FLORECE VIOLENCIA EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

En total, son veinte los Estados donde se concentra más de 60 por ciento de la violencia criminal; los territorios más críticos son Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y Baja California.

En estas entidades dominan tres cárteles, los cuales han afianzado su poder en los tres años que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del Cártel de Sinaloa –el más poderoso del planeta– el Cártel Jalisco, cuya expansión sigue imparable, así como el Cártel del Golfo y Los Zetas –éstos últimos ahora se autodenominan Cártel del Noreste. Todos ellos siembran terror y violencia por todas partes, a pesar de que el gobierno de López Obrador ha desplegado a elementos de la Guardia Nacional en toda la República y entregó el control de la seguridad del país a las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando más militarizado está el territorio, mayor es la violencia criminal.

Y es que cuando han transcurrido tres años del llamado “Gobierno del Cambio”, el de la “Cuarta Transformación”, la situación en materia de seguridad sigue siendo una asignatura pendiente.

Hasta ahora no existe una política criminal definida, lo que ha generado fuertes críticas al presidente López Obrador, pues en el trienio de la Cuarta Transformación sólo dos capos menores han sido detenidos: Santiago Mazari, “El Carrete”, quien era jefe del Cártel de Los Rojos, y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, a quien le atribuían la violencia que azotó por varios meses el Estado de Guanajuato.

Sin embargo, la caída de Yépez Ortiz no pacificó el territorio, por el contrario, la crisis de inseguridad se agudizó con la incursión a sangre y fuego del CJNG, cuyos operadores tomaron el control del Estado, del negocio del “huachicol”, los secuestros y el cobro de piso, azote de empresarios y comerciantes.

LA GUERRA DE LOS GRUPOS CRIMINALES

En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado: Ahora se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes– y su estructura también presenta modificaciones, pues los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.

Y es que después de la guerra fallida implementada entre 2006 y 2012 por Felipe Calderón, así como la corrupción desastrosa que prohijó el gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de ser combatido, el crimen se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: Muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica y Guatemala, según establecen informes oficiales.

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