Por. J. Jesús Lemus
El fenómeno de las desapariciones forzadas y la inhumación clandestina representa una de las heridas estructurales más profundas del México contemporáneo. La geografía del país ha sido alterada por la acción de grupos del crimen organizado que convirtieron predios rurales, barrancas, ranchos abandonados y cerros en cementerios ocultos y centros de exterminio.
A nivel nacional, registros de plataformas oficiales y colectivos de búsqueda reportan 2 mil 212 fosas clandestinas localizadas en los últimos ocho años. Estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Michoacán concentran el 42 por ciento de estas fosas. La estrategia de los grupos criminales abarca la privación ilegal de la libertad, la tortura, la ejecución y el posterior ocultamiento o destrucción de los restos para entorpecer las investigaciones judiciales y mantener la impunidad.
Michoacán ocupa un lugar crítico, el número cuatro a nivel nacional, dentro de este panorama. La entidad ha registrado constantes hallazgos de fosas en distintas regiones clave, producto de los enfrentamientos por el control territorial de rutas de trasiego de droga, extorsión y laboratorios clandestinos. Entre los municipios con mayor incidencia de hallazgos de fosas se encuentran Villamar, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Morelia, Apatzingán, Coeneo y Zacapu.
En puntos como Villamar, por ejemplo, las labores de las autoridades y colectivos han derivado en la exhumación de 17 de cuerpos en predios conocidos como Los Negretes, un sitio que refleja el uso sistemático del terreno para la disposición de víctimas. En la región de Uruapan y Zamora, zonas afectadas por pugnas territoriales, la localización de entierros clandestinos ha sido recurrente, con fosas donde se han recuperado restos óseos fragmentados hasta cuerpos completos para sumar por lo menos 83 personas ejecutadas.
Las organizaciones criminales identificadas por las autoridades de seguridad como las principales responsables de estas prácticas en territorio michoacano abarcan al Cártel Jalisco Nueva Generación, la estructura conocida como Los Viagras y la alianza denominada Cárteles Unidos. Estas facciones mantienen disputas sangrientas por el control militar y económico de las rutas de la entidad.
Dentro de estos acontecimientos se enmarca el caso documentado en el municipio de Zacapu. Durante jornadas de búsqueda ciudadana encabezadas por colectivos como Buscando Cuerpos en Todo México y activistas, se realizó la localización y recuperación de restos en un predio identificado como un probable punto de exterminio e incineración clandestina.
En ese sitio, los trabajos de cernido y cribado de tierra permitieron la recolección de aproximadamente mil 600 piezas dentales correspondientes a dientes de leche. El hallazgo expuso la presencia de probables víctimas menores de edad e impulsó solicitudes formales ante la Fiscalía General de la República para profundizar en los peritajes genéticos, determinar el origen exacto de las piezas y descartar o confirmar redes complejas de violencia sistemática o tráfico.
Las investigaciones sobre la estructura operativa en la comarca señalan a la célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación como la facción que mantenía el control territorial y el monopolio de las actividades ilícitas en Zacapu y sus municipios colindantes. Los reportes de inteligencia de las fuerzas federales ubican como jefe de plaza y operador financiero a Jesús Rivera Aguirre, conocido bajo el alias de La Hamburguesa o El Gordo Chuy.
Las autoridades vinculan la gestión de La Hamburguesa con el control delictivo de la zona de Zacapu, atribuyéndole la articulación de actividades violentas, extorsiones y operaciones de ocultamiento de víctimas. Su vinculación como presunto líder criminal de ese sector lo sitúa en el centro de las indagatorias para esclarecer la responsabilidad operativa e intelectual detrás de los predios utilizados como fosas e incineradores clandestinos en la región.
La persistencia de estas fosas y el trabajo de tamizado llevado a cabo por las familias de los desaparecidos subrayan la brecha existente entre la capacidad operativa de los servicios periciales y la escala de la crisis de personas no localizadas en la entidad y en todo el territorio nacional.
