LLUVIA DE AMPAROS
*Luego de que el exgobernador se convirtiese en prófugo de la justicia, 51 de sus colaboradores procedieron a solicitar amparos ante la justicia federal para no ser detenidos y sometidos a proceso
*Todo se aceleró precisamente cuando el gobernador Javier Corral ordenó efectuar una investigación para conocer el tamaño del desfalco al Estado, ante las evidentes omisiones de la PGR
*Muchos funcionarios se acogieron al programa de oportunidad: Accedieron a brindar información para obtener beneficios en el proceso penal
Ricardo Ravelo/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/Sol Chiapas/Sol Belice/La Opinión de Puebla
(Primera de cinco partes)
Ciudad de México.- Luego de que César Duarte se convirtiera en prófugo de la justicia –siguió el mismo camino de Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández– 51 de sus colaboradores procedieron a solicitar amparos ante la justicia federal para no ser detenidos y sometidos a proceso. Hasta el mes de abril de 2017 la lista de amparados la conformaban exfuncionarios de su gabinete, exalcaldes y empresarios.
Sin embargo, a algunos el amparo les duró muy poco, pues meses después comenzaron a ser detenidos. Es el caso del empresario Jaime Agustín Fong Ríos, quien está preso por el desvío de 15 millones 600 mil pesos del erario estatal a través de la empresa Fritag S.A. de C.V., ya que se prestó para inflar precios en licitaciones que emitió la Secretaría de Salud cuando el titular era Pedro Genaro Hernández Flores.
De igual forma, se afirma que la Fiscalía del Estado tiene abiertas otras carpetas en contra de Fong Ríos, pues se habría prestado a aplicar el mismo esquema fraudulento en otras áreas del gobierno de Chihuahua.
En este mismo embrollo –por eso solicitó un amparo para no ser detenida– se encuentra Ana Edith Lozoya de Alba, representante de la empresa Fritag.
Otra versión indica que los amparos se comenzaron a solicitar en serie. Todo se aceleró precisamente cuando el gobernador Javier Corral ordenó efectuar una investigación para conocer el tamaño del desfalco al Estado, ante las evidentes omisiones de la PGR que, pese a tener en su poder una denuncia en contra de César Duarte por peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades, no actuó.
Poco después del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, la Fiscalía de Chihuahua aprehendió a tres funcionarios de César Duarte. Ellos fueron Javier Garfio Pacheco –exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas–, exalcalde de la ciudad de Chihuahua, paisano y compadre del exgobernador Duarte Jáquez.
Otro detenido fue Ricardo Yáñez Herrera, exdirector de Coesvi y exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, así como a Gerardo Villegas Madriles, quien se desempeñó como director de Administración de la Secretaría de Hacienda. Tiene una línea de parentesco que lo une con César Duarte.
De igual forma fue aprehendido Antonio Enrique Tarín García –primo de César Duarte– quien era diputado federal suplente y realizó maniobras en el Congreso para protestar como legislador y así escudarse en el fuero, pero no lo dejaron.
Con estas detenciones se desataron, en cascada, diversas promociones de amparos ante los juzgados federales. Hasta mayo de 2017 hubo 76 solicitudes de amparo ante la justicia. Entre los solicitantes había catorce exsecretarios. También figuraba César Duarte.
