LICENCIAS PARA ROBAR

*El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo forma parte de una red de desvío de recursos a través de licencias y softwares, que se le solicitan a una empresa que, en los últimos años, ha recibido 50 contratos en todo el país –la mayoría por adjudicación directa– que le han llevado a ganar 68 millones de pesos

*En Quintana Roo, Mer Communication Systems de México S.A. de C.V. recibió 1.2 millones de pesos por solo una semana de trabajo

*Las anomalías al interior del Poder Judicial se suman a la entrega irregular de un millonario contrato a una empresa fantasma; hecho que es investigado por órdenes federales

Redacción/Sol Quintana Roo

Chetumal.- El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo forma parte de una red de desvío de recursos a través de licencias y softwares, que se le solicitan a una empresa que, en los últimos años, ha recibido 50 contratos en todo el país –la mayoría por adjudicación directa– que le han llevado a ganar 68 millones de pesos.

En Quintana Roo existe el contrato PJ/CJE/SEA/SERVICIO/INSTALACIONLICENCIAMIENTOYCONFIGURACIÓNTRIBUNALESLABORALES/084/2021, en el que quedó de manifiesto que el Poder Judicial, representado en este acto por Roberto Prado Damián, secretario ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura, y José de Jesús Enríquez, representante legal de Mer Communication Systems de México S.A. de C.V. acordaron el servicio de instalación complementaria, licenciamiento y configuración especializada para salas de juicios orales en los tribunales del Estado.

Por este servicio, el Poder Judicial determinó pagar la cantidad de un millón 234 mil 582.71 pesos y le dio una semana para instalar los correspondientes softwares y licencias.

Este proveedor se caracteriza especialmente por recibir contratos de los poderes judiciales de todos los Estados, a los que les llega a cobrar hasta cinco millones de pesos por el servicio.

Las anomalías al interior del Poder Judicial se suman a la entrega irregular de un millonario contrato a una empresa fantasma; hecho que es investigado por órdenes federales.

Y es que, en la primera entrega de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el contrato correspondiente al edificio del juzgado penal oral en Felipe Carrillo Puerto, como Sol Quintana Roo informó en ediciones pasadas.
Según el informe, el Poder Judicial, entonces encabezado por Antonio León Ruiz, quebrantó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.
Esto, al no acreditar «la publicación de la convocatoria para el procedimiento de adjudicación respectivo en el portal ‘CompranetQRoo’”.
De esta manera, la ASF argumenta que, al momento de licitar la obra del edificio en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el Poder Judicial omitió difundir la invitación a los contratistas, lo que derivó en que Aceros J.V., empresa ganadora del contrato, concursara sin competencia y, por ende, tuviera garantizado el triunfo.

Sin embargo, Aceros J.V., que, según el contrato, fue constituida en 2012, en la ciudad de Cancún, no se encuentra en el Registro Público del Comercio (Siger).

Por este hecho, el ente fiscalizador emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo (Secoes) realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos implicados en la entrega de esta obra.

Además de las múltiples demandas por parte de sus trabajadores, quienes, aseguran, son sometidos a largas jornadas laborales para sacar la carga de trabajo, generada por la falta de personal, pues para el sistema tradicional únicamente hay cinco personas asignadas al juzgado familiar, primero civil y mercantil, con cuatro mil expedientes cada uno.

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