LICENCIA FANTASMA

*Gerardo Martínez García, exsecretario general del Poder Legislativo, para la adquisición del servicio de Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Nómina Gubernamental, pagó más de 600 mil pesos a una empresa de Jalisco

*La compañía beneficiada está identificada como Nuarpe Soluciones S.A. de C.V., sin embargo, al buscar información al respecto, tanto de la empresa como de su representante María del Consuelo Montes Vega, esta es nula

*A pesar de que dentro del contrato se manifiesta que dicho proveedor cuenta con experiencia para brindar los servicios, lo cierto es que, dentro de la PNT no cuenta con algún otro contrato en todo el país

Redacción/Sol Quintana Roo

Chetumal.- La XVI Legislatura del Estado dejó una cantidad enorme de irregularidades, mismas por las que será recordada, entre las que se encuentran los contratos otorgados para adquisición de ciertas licencias o servicios que terminan por tener pinta de algún mal uso de los recursos del Estado.

Entre uno de estos acuerdos, se encuentra el contrato de adquisición de licencia del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Nómina Gubernamental, mismo que fue celebrado por Gerardo Martínez García, secretario general del Poder Legislativo y la empresa Nuarpe Soluciones S.A. de C.V., representada por María del Consuelo Montes Vega.

El acuerdo firmado el 28 de abril de 2022 tuvo un costo total de 696 mil pesos, ya con el 16% del IVA agregado, y tendría una vigencia desde el 16 de mayo al 30 de septiembre de 2022.

Por lo que, dicho proveedor debería haber proporcionado el licenciamiento del sistema de gestión de Recursos Humanos y Nómina Gubernamental de acuerdo con distintos apartados.

“Licencia de Sistema de Quisco Empleados”: motor de procesamiento y recuperación CFDI, Portal Quiosco Empleado (Expediente de empleado, Consulta de nómina, Control de Vacaciones, Consulta CFDI), Portal Administrador Quiosco y Reportes Especiales.

“Integración, Implementación y Capacitación”: deberá integrarse conforme a su Proposición Económica, abarcando las actividades descritas en el apartado de Tiempos de Implementación y Fases Generales Consideradas de la misma.

“Soporte y Mantenimiento de forma mensual”: el cual estará incluido en el precio ya convenido y no generará costos extras para el Poder Legislativo”.

El pago por la licencia fue dividido en tres partes, un primer anticipo por 208 mil 800 pesos; una segunda parcialidad, por 243 mil 600 pesos; y un tercer finiquito, equivalente a 243 mil 600 pesos.

Con este contrato, para el final de la Legislatura saliente, se entiende que fue en función de facilitar los pagos de la nómina correspondiente a los empleados del Congreso.

Ahora bien, lo irregular del contrato es a quien fue entregado, pues al buscar alguna información en internet al respecto de la mencionada empresa Nuarpe Soluciones S.A. de C.V., esta es nula, no existe página oficial o redes sociales que hagan referencia a la compañía, la cual, al parecer, su especialidad es el trabajo informático.

De igual forma, al buscar a su representante y administradora única, María del Consuelo Montes Vega, no hay información acerca de su persona. Únicamente, dentro del Registro Público de Comercio, se pudo identificar que es socia de otra empresa denominada Terix Services BSC S.A. de C.V., con su oficina registrada en el estado de Jalisco, al igual que la beneficiada por el Congreso de Quintana Roo.

Al revisar en la Plataforma Nacional de Transparencia, se puede notar que tampoco hay mayor información al respecto del proveedor, pues a pesar de ser nacional, no tiene ningún otro contrato registrado, salvo el mencionado en esta nota, y fue hasta el 20 de abril de 2022, que fue validada dentro del Padrón de Proveedores y Contratistas de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el estado.

Dentro del contrato otorgado por Gerardo Martínez García, se puede leer en la cláusula 2.4, que la empresa cuenta con experiencia y capacidad legal para otorgarle los servicios al Poder Legislativo, cosa, que al parecer carece de sentido, pues para tener experiencia debería de tener contratos o información disponible que permita conocer su trabajo.

Aun así, Martínez García decidió hacerla ganadora de la licitación que fue por medio de la modalidad de invitación a cuando menor tres proveedores, en donde participaron otras dos empresas.

La primera de estas se identifica como Servicios Woodsen de México, S.C., representada por Juan Sajit Lara Tiburcio, empresa que sí tiene múltiples contratos dentro de la PNT.

Y la segunda, fue Interacción JF S.A. de C.V., de Jalisco, Guadalajara, representada por Urso Vinicio Quiroz Garfias, empresa que ya estuvo inmiscuida en una irregularidad por un contrato otorgado por Gustavo Miranda García mientras estaba al frente de la Jugocopo, para adquirir los servicios denominados “blockchain”.

A pesar de que estas dos empresas, “con experiencia” participaron en la licitación, el entonces secretario general del Congreso, optó por una supuesta empresa sin información como ganadora del contrato, solo por presentar la propuesta más económica, falta saber, si en verdad se ejecutó dicha licencia, o si no fue uno de los tantos desvíos de recursos de la anterior Legislatura.

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