CAOS PETROLERO: LA CARTA PROTESTA

*En 1982, un incendio provocado destruyó la documentación sobre la compra de los barcos Abkatum y Cantarell, y Oscar Álvarez, sindicalista petrolero

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

(Sexta y última parte) 

Ciudad de México.- Como por coincidencia, el miércoles 20 de agosto de 2008, la Coparmex pidió “eliminar” a AMLO. En Nuevo León, Ricardo González Sada se pronunció por no dar pie a que dirigentes políticos, como Andrés Manuel López Obrador, aprovecharan la situación económica del país en su beneficio político, “obviamente seguirá estando el pasto seco para que, no López Obrador, eliminémoslo del horizonte, pero si no es López Obrador siempre habrá alguna gente que esté con el cerillo en la mano dispuesto a echarlo en esas hojas secas”. Y recomendó que “hay que regar el pastito para que no se incendie”. 

Y el día 24, diversas organizaciones de la sociedad civil de México entregaron una carta-protesta al embajador de España en México, Carmelo Angulo Barturen. Le informaron por escrito que “el gobierno mexicano consideraba borrar de un plumazo el legado de Lázaro Cárdenas, (la expropiación petrolera y la autodeterminación y solidaridad internacional que el siglo pasado unió con tanto provecho al pueblo español y al mexicano), y denunciaron también los informantes que no dejaba de ser sorprendente que su gobierno, a través de su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega Sáenz viniera a nuestro país como portavoz de las empresas transnacionales españolas, más representativas del franquismo y la monarquía que del ideal republicano, e invadiendo ámbitos de nuestra soberanía, se convirtiera en una voz de presión que acorralara la autodeterminación del pueblo mexicano”. 

La señora afirmó que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, jefe de gobierno de España, “apoyaba” la iniciativa de reforma energética de quienes “gobernaban de facto en México”. 

A favor del ingeniero Jorge Díaz Serrano—cuya bellísima esposa Helvia posó para la estatua de la Diana Cazadora—la periodista Manú Dornbierer aseguró en septiembre de 2008 que el “funcionario nacionalista en poco más de tres años inauguró dos refinerías, Salina Cruz y Tula, desarrolló el grandioso Cantarell, (que Vicente Fox arruinó), organizó la petroquímica, aumentó la producción de 3 a 10 millones de toneladas. 

Se estaban instalando 12 plantas para llegar a los 20 millones. Cangrejera y Pajaritos eran los complejos petroleros más grandes del mundo, con alta tecnología del Instituto Mexicano del Petróleo, (desmantelado por el PRIAN). Había industria petroquímica pública y privada sin conflicto. Las gasolinas se limpiaban de plomo, etcétera. Pero el ingeniero Jorge Díaz Serrano estorbaba para sus planes. 

Había que minar, disminuir, destruir a Pemex para que hubiera motivo para deshacerse de la empresa y venderla con inmensas ganancias que hoy pretenden. Para quitárselo de encima y de paso vengarse porque le había disputado la presidencia, La Madrid-Salinas-Bush ordenó en julio de 1983 a la Cámara de Diputados el desafuero del en ese momento senador por Sonora. Ya sin fuero, lo encarcelaron y le quitaron todos haberes, acusado de haber inflado los precios en la compra de los barcos Abkatum y Cantarell. 

Cinco años después lo liberaron sin sentenciarlo, ya que a pesar del tiempo no encontraron elementos para mantenerlo en prisión. Pero, yo sé que la única beneficiaria fue Alicia López Portillo, cuyo hermano el presidente le había encargado a Ignacio de León, funcionario de Pemex, “algo para su hermanita”. 

Por azares del destino de León enfermó de hepatitis y no pudo firmar el contrato aquel. Lo llevaron a la casa del director de Pemex porque urgía. Presencié los hechos. Merendaba esa tarde con mis queridos amigos Jorge y Helvia Díaz Serrano. 

Se decía en un artículo que si López Obrador despachara en Palacio Nacional, dos nuevas refinerías estarían a punto de inaugurarse y nuestro país no estaría dividido, pero nuestro país, Bernardo Bátiz, (autor del artículo), privilegia a los canallas, a la impunidad, a la corrupción, al fraude de cualquier tipo. 

Si hace 25 años los diputados no hubieran desaforado a JDS, como premio por su obra en Pemex, no seríamos hoy el país con menor crecimiento de América y a punto de perder, si esta Legislatura es tan vil como otras, el petróleo. No seríamos Iraq a las puertas del imperio, detrás del muro del patio trasero, con miles de ejecutados, desaparecidos, secuestrados, con hambre, sin empleo, un país que está padeciendo una guerra civil”. 

Había muchísimas pruebas documentadas, pero en 1982, un incendio provocado destruyó la documentación sobre la compra de los barcos Abkatum y Cantarell, y Oscar Álvarez, sindicalista petrolero, dijo al diario La Jornada en 2013 que “el 6 de septiembre de 1982 un incendio devastó el edificio B2, donde se almacenaban documentos de compras y proveeduría”. 

En marzo de 2013 hubo otra explosión en el mismo sitio, donde no hay calderas, era una zona de archivo muerto, de oficinas administrativas. 

Estos accidentes recuerdan el caso de la Ruta 100, cuando el funcionario Luis Miguel Moreno Gómez dedicó muchísimas horas para destruir la documentación que ligaba a la empresa con la guerrilla chiapaneca del Subcomandante Marcos, y tras considerar que había devastado las pruebas comprometedoras, Luis Miguel Moreno se encerró por dentro en su oficina y se quitó la vida de dos tiros en el tórax. 

Esta clase de suicidios resulta “increíble” para muchos lectores, así que no nos sorprendería que tampoco crean que en la industria petrolera fue hurtado un helipuerto en una plataforma marina. 

En el libro “El Cártel Negro”—Grijalbo-Proceso– la multi premiada periodista universitaria Ana Lilia Pérez, no sólo describe ese robo “increíble” sino que, de acuerdo al prólogo de la no menos famosa Carmen Aristegui, denuncia que “durante los gobiernos de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa se desarrolló el ‘cártel negro’, un conglomerado de funcionarios, trabajadores, empresarios, contratistas, inspectores, contralores, agentes aduanales, dirigentes y miembros del sindicato petrolero, políticos, ordeñadores, tapineros (valvuleros), huachicoleros, extorsionadores, defraudadores, contrabandistas y lavadores de dinero, que alineados con los traficantes de droga, se consolidaron como una organización empresarial paralela a Pemex, al grado de competirle en el mercado nacional e internacional de los combustibles”. 

Entre otros interesantes asuntos, indica la señora Aristegui, “Ana Lilia Pérez descubrió que entre 2001 y 2011 Pemex fue objeto de más de cuarenta mil “incidentes”. Durante ese período, el jurídico de la paraestatal presentó 2,611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, pero solo 15 concluyeron en sentencia”. 

En julio de 2008, la Dirección General de Pemex reconoció, de manera oficial, el robo de hidrocarburos como uno de los principales desafíos de la empresa y se obtuvieron datos sobre la internacionalización de la ordeña de ductos, “desde ese año en las líneas de Chiapas y Veracruz comenzaron a detectarse vehículos de Guatemala involucrados en la sustracción de hidrocarburos en las regiones fronterizas del sureste”.

SINALOA, CON MAYOR HUACHICOLEO

Pemex reconoció un incremento en las tomas clandestinas y en el volumen estimado de robo y se debe “a que los sistemas de ductos en el país están tomados prácticamente por bandas del crimen organizado, asociadas con grupos fuertemente armados”.

En su referencia a Sinaloa, Pemex identifica a la entidad como la que registró mayor sustracción de refinados mediante tomas clandestinas a partir de 2010. La zona era claramente una de las de mayor influencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con una incidencia de 28 por ciento en promedio de las tomas clandestinas de todo el país.

Así, en la investigación que llevó seis años, Ana Lilia Pérez demuestra que «las viejas historias de corrupción y abuso en la contratación de servicios, en licitaciones o en el uso de recursos del sindicato para financiar campañas políticas u otro tipo de corruptelas sindicales han sido rebasadas«.

La corrupción imperante en la última década cruza, además de lo anterior, por las ganancias rápidas producto del robo masivo de hidrocarburos, lavado de dinero y extorsiones.

La periodista universitaria muestra a Pemex—asegura Carmen Aristegui—inmerso en un grave y perturbador escenario criminal: funcionarios ejecutados, trabajadores desaparecidos, contratistas secuestrados, extorsionados y obligados a pagar derecho de piso, robos técnicamente cada vez más especializados e incluso la toma de operaciones de pozos que han quedado al mando de grupos del crimen organizado.

Se describe también el funcionamiento binacional, México-Estados Unidos, de un pujante e ilícito mercado de los hidrocarburos, todo bajo un manto de silencio corporativo e institucional frente a una realidad de estas dimensiones, en una suerte de “omertá”.

Un caso notable se produce en uno de los yacimientos más importantes de gas en el mundo. La autora informa que en el sexenio de Felipe Calderón la Cuenca de Burgos se convirtió en un centro de abasto de condensado que de forma ilegal se vende a diversos corporativos estadounidenses y europeos.

Ante la ausencia de una autoridad confiable, la región de esta cuenca se volvió un campo de batalla entre organizaciones criminales, cuyos miembros levantan retenes, expropian predios, ocupan derechos de vía, y por si fuera poco, controlan el acceso a las instalaciones de Pemex, concluye Carmen Aristegui en el prólogo para el libro de Ana Lilia Pérez.

En algunos de los 40,000 “incidentes” que denunció Pemex, la autora menciona que frente al silencio oficial, el encubrimiento y en el peor de los casos, hubo la colusión de directivos y empleados de Pemex, en ese contexto cada pueblo, cada plaza, cada región petrolera sería disputada por las organizaciones criminales, cuyos reacomodos inscribieron también su historia con violentas ejecuciones.

En julio de 2006, un empresario de Campeche, Alberto Gamboa Literas, dueño de Dragados Neptuno, contratista de Pemex en Ciudad del Carmen, corazón de la industria petrolera, fue ejecutado de tres disparos con un arma calibre 9 milímetros y un cuarto como tiro de gracia. Cinco meses después, el cuerpo de su empleado, Eduardo Aguilar González, asesinado a golpes, y arrojado al mar encadenado a un ancla, se encontró flotando en La Manigua.

En febrero de 2007, en la zona de las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche, apareció el cuerpo de un empleado de Pemex del área de Seguridad, Aldo Iván Ventura Hernández, quien además era propietario de un hotel llamado Santa Cecilia y un table dance denominado El Cielo.

El excomandante de seguridad pública de Ciudad del Carmen, Ventura Hernández, fue ejecutado al viejo estilo de la mafia siciliana: Atado de pies y manos y encadenado a varios bloques de cemento. Junto a él estaba el cadáver de su chofer Wilberth Martínez Roque, maniatado de la misma manera. Los crímenes serian un mensaje de la mafia inscrito en el corazón de la industria petrolera.

Irónicamente, cuando Felipe Calderón comenzó su guerra oficial contra el narcotráfico, los cárteles penetraron con mayor nivel de coordinación y operación en la industria más lucrativa del país: la petrolera, tan redituable como sus negocios de drogas.

El 18 de septiembre de 2010, José Luis Gayou Juárez pasó el puente con su familia, aprovechó los días de asueto y sus vacaciones, justo regresaba a trabajar la mañana en que lo mataron.

A las puertas de la estación de rebombeo del poliducto Salamanca-Tula, su cuerpo quedó inerte, en el número 152 de la Carretera Panamericana, en San Juan del Río, Querétaro, instalación que corresponde a la Subgerencia de Transportación por ductos de Pemex Refinación.

Cincuenta y tres años de vida y 20 como funcionario petrolero cortado por siete balas que se impactaron en su cara, le reventaron la cabeza y le abrieron el pecho y el torso.

Apenas eran las ocho de la mañana, tiempo en que Gayou checaría su ingreso a la planta. Hacía una hora desde que los petroleros iniciaron el turno que concluye a las tres de la tarde.

Ya de regreso, del otro lado de la acera, un comensal se disponía a saludar al jefe de Mantenimiento que bajaba de su pick-up con las llaves en la mano, cuando vio que un ciclista, que lo esperaba apostado en la puerta, se le paró de frente, extendió la mano y le disparó a quemarropa seis tiros con una pistola calibre 9 milímetros.

Se guardó el arma, montó en su vehículo de dos ruedas, ciñó las manos a los manubrios, y en contraflujo, tomó la calle Luis Romero Romo. A mitad de la acera descendió, abandonó la bicicleta y subió a un automóvil que echó a andar, perdiéndose entre las calles queretanas.

Gayou tenía a su cargo el ducto Salamanca-Tula, uno de los que registra altos volúmenes de ordeña de la mafia apoyada por funcionarios. En marzo de ese mismo año habían ejecutado afuera de su domicilio a Eladio Reyes López, encargado del departamento de embarques de la refinería de Salamanca.

En enero, Cosoleacaque, Roberto Santiago Núñez, adscrito al Hospital Regional, fué encontrado muerto en su domicilio del conjunto habitacional para trabajadores de Pemex.

El 4 de marzo fue asesinado el vigilante de una contratista en Ciudad del Carmen, y en Poza Rica fue estrangulada una empleada petrolera adscrita al área de obras civiles de Chicontepec.

En abril, en los terrenos de Pemex, en Nuevo León, en los límites de Monterrey y Los Herreras, encontraron los cuerpos del director de la Policía Municipal de Los Aldamas, Oliver García Peña, y dos de sus subalternos.

Los tres habían sido “levantados” el día anterior. Sus cuerpos fueron hallados por personal de Pemex en el ejido Buena Vista.

El 31 de mayo, en Poza Rica, al salir de una plaza comercial, los ingenieros Luis Antonio Zepeda Amaro y Pedro Zapatero Flores recibieron 70 impactos de bala. Originarios del Distrito Federal, ambos estaban adscritos a la Unidad Operativa de Perforación y Mantenimiento de Pozos del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, (yacimiento de Chicontepec), en el ataque fue herida Gloria Paulino Castañeda, adscrita a la misma unidad.

El 7 de septiembre, en el interior de su domicilio, fue asesinado un trabajador de planta sindicalizado, adscrito a la Subgerencia de Administración Patrimonial, y que se desempeñó como funcionario sindical.

Dos semanas después del asesinato de José Luis Gayou Juárez, el 6 de octubre de 2010, fue ejecutado Salvador Pérez Sánchez, ingeniero adscrito a la planta de almacenamiento de Pemex en Lázaro Cárdenas.

El 3 de noviembre de 2010, Miguel Ángel Tinoco Palma, muestrero químico del Coplejo Petroquímico Morelos, era esperado por el taxista Víctor Manuel Ramírez Mendoza, el mismo chofer que cada noche lo llevaba a su casa. Apenas subió y cerró los ojos para dormitar un poco, se escuchan disparos y seis balas calibré .380 terminan con su existencia. El conductor resultó ileso.

El gobierno de Felipe Calderón no pudo ocultar los peligros que acechan a la industria petrolera mexicana, los corporativos europeos y estadounidenses alertaron a sus ejecutivos y muchos salieron de México rehusándose a arriesgar su vida o a negociar el monto de las extorsiones.

Hoy, el gobierno mexicano tiene la oportunidad de limpiar Pemex de “arriba abajo”, pero jamás lo logrará a base de orientaciones y consejos paternales, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador quizá siga pensando que “hay quienes no ven las causas de la inseguridad y violencia que impera en el país y piensan que todo depende de aplicar medidas coercitivas.

Ahí está el caso de Calderón, quien, después de cometer el grave error de pegar, a lo tonto, un palazo al avispero, para tratar de ganar la legitimidad que no obtuvo en las elecciones, ahora que se desató la inseguridad y la violencia, lo único que se le ocurre es seguir amenazando con el discurso propagandístico de la mano dura.

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