*La resolución fue contra el proceso penal iniciado en su contra por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública
*El pasado 28 de octubre de 2022, el juez del fuero común llevó a cabo una audiencia en donde decretó el cese de la medida de prisión preventiva justificada
*Borge Angulo se mantendría dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, ya que todavía enfrenta tres procesos penales
Redacción/Sol Quintana Roo
Chetumal.- Se dio a conocer que un juez del fuero común ha ordenado la libertad del exgobernador, Roberto Borge Angulo, del proceso penal iniciado en su contra por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública.
Fue el juez de control del Distrito Judicial quintanarroense de Chetumal, quien dio a conocer que dejó sin efecto la resolución que se emitió en la audiencia en contra del exgobernador el 10 de noviembre de 2021.
Dentro del comunicado enviado a un juez federal, se menciona que el pasado 28 de octubre de 2022, el juez del fuero común llevó a cabo una audiencia en donde decretó el cese de la medida de prisión preventiva justificada, por lo que ordenó la inmediata liberación de Roberto Borge Angulo, argumentando que el Ministerio Público no solicitaría la imposición de alguna otra medida cautelar en contra del exgobernador.
Aun así, Borge Angulo se mantendría dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, ya que todavía enfrenta tres procesos penales, de los cuales, dos son por el delito del fuero común, en donde se la imputó su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública, así como otro por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que enfrenta ante el orden federal.
Apenas el pasado 9 de noviembre, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito rechazó amparar al exgobernador de Quintana Roo acusado por el delito de peculado, derivado de la venta irregular de predios administrados por el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) que deriva de la carpeta 159/2017.
Ese día, el tribunal resolvió el recurso de revisión interpuesto por la defensa de Borge Angulo, la cual buscaba revertir el auto de vinculación a proceso que se le impuso al exmandatario el 12 de diciembre de 2019.
Cabe mencionar que el 25 de enero de 2021 fue dado a conocer que la Banca Privada de Andorra (BPA) congeló diversas cuentas entre ellas la del exgobernador quintanarroense.
Asimismo, hay que recordar que durante su administración no sólo intentó comprar una isla en el Caribe con un valor de 2 millones de dólares; sino que además desvió 400 millones de pesos hacia la “Fundación Borge”.
Apenas hace unos meses contrajo nupcias con la ganadora de Nuestra Belleza Sinaloa 2015, Norma Patricia de la Vega Zazueta. Como regalo de bodas, el mismo día la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo le sumó a su proceso, en relación con la carpeta 151/2017, el delito de aprovechamiento ilícito del poder. Por lo que continuará en prisión.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) inició otra investigación en contra del exgobernador. Ahora por su presunta implicación en la llamada “Estafa Maestra”; así como también lo podrían involucrar en una nueva carpeta, por narcotráfico.
DETENCIÓN
El exgobernador de Quintana Roo fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, con base en una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero de más de 900 millones de pesos, información que dio a conocer en exclusiva Sol Quintana Roo.
Su localización y detención se logró gracias al trabajo coordinado de las autoridades federales, quienes dieron cumplimiento a la ficha roja, tras la orden de aprehensión girada el 31 de mayo de 2017, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 22 de septiembre de 2016, dos días antes que concluyera su gestión, Borge Angulo se reunió con Carlos Manuel Joaquín González, su sucesor, para tener una entrega-recepción “amigable”; pero el 25 de septiembre ya no se presentó a la ceremonia y desde entonces se le perdió la pista.
En ese momento no había ninguna orden de aprehensión en su contra, así que tranquilamente se dedicó a recorrer el mundo, paseando por Miami, Cuba, Guatemala y Panamá, donde estuvo hospedado en la Torre Trump, uno de los hoteles más exclusivos, donde pagaba por noche más de 25 mil pesos.
La orden de aprehensión fue girada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro Federal Penal de Nezahualcóyotl, el miércoles 31 de mayo.
Fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a París, y de ahí viajaría a Madrid, donde pensaba radicar.
Tras su captura, fue llevado al penal El Renacer, en donde gozaba de privilegios. Pero aun así pretendió escapar tratando de sobornar a un custodio. Al descubrirse el intento de fuga, fue cambiado a la prisión de la Policía Nacional de Panamá, el 22 de septiembre de 2017. En ese sitio permaneció cuatro meses, hasta que el 4 de enero de 2018 fue extraditado a nuestro país y puesto a disposición del juez de la causa.
Durante el tiempo que duró su proceso de extradición –al que siempre se opuso–, la hoy Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Quintana Roo establecieron también la presunta responsabilidad de Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo Castilla, padres del exmandatario estatal, como copartícipes en el delito de lavado de dinero.
En su defensa intervinieron los abogados Juan Antonio y Juan Ramón Collado Mocelo, cuyo objetivo era retrasar al máximo la extradición del exgobernante, señalado como el más grande saqueador de Quintana Roo. Ahora, Juan Antonio Collado también está preso por el delito de delincuencia organizada.
Borge Angulo delinquió en Quintana Roo, se le detuvo en Panamá, se le juzga en el Estado de México y se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Ceferepsi) en el Estado de Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales.
Según la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, de la Fiscalía General de la República, el exmandatario quintanarroense es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por 900 millones 99 mil 418 pesos, de acuerdo con la causa penal 381/2017.
Además, se le involucra en la compra de predios que fueron entregados a cambio de precios subvaluados a través de prestanombres; y la compra ilícita de embarcaciones para la empresa “Barcos Caribe”.
Según la entonces Procuraduría General de la República, Borge Angulo y su gabinete, entre 2011 y 2014, remataron 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, cuyo valor comercial aproximado es superior a los 5 mil millones de pesos.
Roberto Borge nació en la isla de Cozumel el 29 de diciembre de 1979. A la edad de 32 años fue gobernador de Quintana Roo, del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016 y fue presentado como la “sangre nueva” del PRI.
Al término de su mandato quería que lo sucediera su “delfín”, José Luis Toledo Medina “Chanito”, pero fue José Mauricio Góngora Escalante, quien se quedó con el puesto y a quien dejó solo.
Nada presagiaba que su vida cambiaría radicalmente, lo mismo que la de su exfavorito, José Mauricio Góngora Escalante, que también sería capturado el 25 de enero de 2018, tan sólo 20 días después de que Borge Angulo fuera extraditado a México.
A la fecha, su fallido sucesor está sujeto también a proceso, por el delito de quebranto al erario por 594 millones de pesos, durante su desempeño como alcalde de Solidaridad.
Tan sólo 15 años duró la carrera política de Borge Angulo. Pero le bastaron cinco para convertirse en uno de los mayores depredadores de Quintana Roo, hasta causarle un quebranto de más de 20 mil millones de pesos, en complicidad con más de 80 individuos, entre familiares, amigos, colaboradores, empresarios, jueces, notarios, etcétera.
La red de complicidades que tejió durante su mandato, incluidos sus padres que se encuentran prófugos, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales, causando un multimillonario quebranto al Estado, sin precedentes, resultando más voraz que sus antecesores.
Otra de las múltiples aristas en las fechorías de Borge, fue la “Fundación Borge”, un programa fachada para desviar recursos y lavar miles de millones de pesos, bajo el argumento que brindaría bienestar a las clases desprotegidas, aunque en realidad sólo era para disponer de un recurso con el que lavaría miles de millones de pesos.
Por otra parte, la empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, mejor conocida como “Barcos Caribe”, propiedad de la familia Borge, fue otra variante del exgobernador para el lavado de dinero y terminó por desaparecer luego de las indagatorias de la FGR.
Otra línea de investigación que se encuentra abierta, es su presunta relación con el narcotráfico, mediante la exagente federal, Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, que se convirtió en jefa del Cártel de Cancún y “pasó desapercibida” durante el mandato del político cozumeleño.
La detención de la mujer fue posible casi un año después de que Borge Angulo concluyera su gestión y está sujeta a proceso.
Entre los compinches que aún están prófugos y que son considerados como los más importantes y contra los que hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas y Eliezer Villanueva Lanz, exsubsecretario Técnico Hacendario, dos funcionarios de primer nivel en la administración borgista.
También son considerados fugitivos sus padres, Roberto Borge Martín y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, quienes tuvieron participación activa en los latrocinios de su hijo.
Así, el juicio de Borge Angulo va para largo, pues el juez de vinculación a proceso le ha concedido prórrogas a la defensa, hasta por un plazo de dos años para que aporte pruebas a favor de su inocencia.
Una vez agotado ese plazo, el juez de vinculación a proceso analizará las pruebas aportadas por una y otra parte y determinará cuáles admite y cuáles rechaza. Hasta ahí concluye su labor, pues a partir de ese momento deja de tener injerencia en el proceso y envía las pruebas al juez que llevará la causa, mismo que no ha conocido nada del expediente y quien será finalmente el que dicte su fallo.
Pero como indicamos líneas arriba, aún hay un largo trecho por recorrer, pues se dan casos en que una vez que el juez juzgador y dictaminador recibe el expediente, se lleva años en examinar y estudiar las pruebas para poder llegar a una resolución definitiva.
Así, Borge Angulo seguirá bajo prisión preventiva oficiosa, sin que haya una fecha límite, no obstante que está bajo dicha medida cautelar desde el 5 de enero de 2018 en que fue vinculado a proceso, pues lleva cuatro años y tres meses desde su detención en Panamá; y tendrá que esperar el tiempo que el juzgador considere pertinente para dar a conocer su veredicto final.
