parte 2
Áxel Chávez
EMEEQUIS.– Juchitán no sólo ha sido escenario de homicidios, ruta para el trasiego de droga y paraíso de la extorsión. Su territorio también es parte de una economía criminal estratégica en el Istmo: el tráfico y secuestro de migrantes.
En noviembre de 2024, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) rescató 71 personas migrantes (32 de Ecuador, 25 de Venezuela, 7 de Colombia, 3 de Honduras, 1 de Chile, 1 de El Salvador, 1 de Perú y 1 de África), entre ellas, 19 menores, en un domicilio de la colonia Gustavo Pineda de la Cruz.
Dos personas fueron detenidas y, posteriormente, vinculadas a proceso por secuestro agravado. El ente estatal señaló que las víctimas habían sido privadas de la libertad y que se exigía dinero a sus familiares.
Ese mismo mes, en otro operativo realizado en Juchitán, las autoridades rescataron 174 personas migrantes, entre ellas 41 menores, y detuvieron a cuatro personas. La mayoría provenía de Venezuela (75) y Honduras (26). También se identificó a ciudadanos de Ecuador (23), Colombia (17), Cuba (9), El Salvador (8), República Dominicana (7), Guatemala (5) y casos individuales de Bolivia, Brasil, Nicaragua y Perú.
Según los testimonios, los grupos delictivos capturaban a las víctimas para exigir transferencias de dinero o extorsionar a sus familiares a cambio de permitirles continuar su viaje.
La información proporcionada por Fiscalía General del Estado de Oaxaca no atribuye automáticamente estos hechos a Los Cromos o al CJNG, pero muestran que Juchitán se encuentra en una zona donde el flujo migratorio ha generado otra forma de criminalidad: la privación de la libertad y la extorsión de personas en tránsito, y que el Cártel Jalisco es, ahí, el grupo dominante.
Antes de esto, las referencias históricas que tenían las autoridades locales era que el tráfico de personas en la zona costera y el Istmo de Oaxaca había estado en manos de traficantes locales independientes, los denominados «coyotes», hasta que una estructura más organizada cooptó y monopolizó el cobro por el cruce seguro de migrantes.
Estudios especializados en geografía migratoria, como los publicados en SciELO México / Investigaciones Geográficas, explican que la infraestructura de transporte del Istmo convierte a Juchitán en un paso obligado. Al ser la parte más estrecha del territorio mexicano, la concentración de flujos de migrantes irregulares facilita que las redes delictivas intercepten las rutas tradicionales, asociadas históricamente a las vías ferroviarias o carreteras federales, para realizar cobros de cuotas y traslado clandestino.
En abril de 2026, la Fiscalía estatal informó que sus investigaciones habían documentado la incorporación de niñas, niños y adolescentes a actividades criminales como halconeo, mensajería, manejo de armas, extorsión y sicariato.
Un activista local y un académico que pidieron no ser identificados alertaron que cuando una organización consigue incorporar a jóvenes para vigilar, transportar mensajes o participar en actividades violentas, la organización puede construir una base local mucho más difícil de desmantelar.
En la primera parte de esta investigación, se abordaron las ligas criminales conectadas al centro del poder local, que se revelaron al sol tras una investigación que comenzó con homicidios, cobro de piso y narcomenudeo en Juchitán, Oaxaca, y que culminó con la detención de su alcalde, Miguel Sánchez Altamirano.
Juchitán es un municipio del Istmo en el que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, opera un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Cromos, presuntamente detrás de una crisis originada tras años de violencia, economías criminales y una posible cooptación política.
UN TERRITORIO ESTRATÉGICO
Juchitán es uno de los principales centros urbanos del Istmo de Tehuantepec y un nodo regional de comercio, transporte y movilidad. Su posición le da importancia económica, pero también lo convirtió en un territorio atractivo para actividades criminales que necesitan mercados, rutas y población.
A lo anterior se suman condiciones sociales difíciles. Los datos municipales disponibles del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) muestran que en 2020 alrededor de 45 por ciento de la población de Juchitán se encontraba en pobreza moderada y cerca de 21 por ciento en pobreza extrema.
La propia estrategia estatal de 2025 reconoció que la respuesta no podía limitarse a la fuerza policial y anunció programas de “Atención a las Causas”, además del reordenamiento del transporte y el fortalecimiento del C2, pues en el entorno de vulnerabilidad económica el reclutamiento criminal también podía encontrar mayores espacios.
Los expedientes de la Fiscalía muestran desde años anteriores investigaciones por homicidios, armas y actividades de grupos criminales en Juchitán y la región. En 2021, por ejemplo, dos personas fueron asesinadas; posteriormente, dos responsables recibieron sentencias de 80 años por homicidio calificado. La propia Fiscalía los había considerado objetivos prioritarios de la región del Istmo.
En años anteriores también hubo investigaciones estatales relacionadas con estructuras como Los Zetas en el sur de Oaxaca, aunado a la sucesiva reconfiguración del crimen organizado regional.
Reportes y análisis de agencias de inteligencia de Estados Unidos ubican también el Corredor Interoceánico como un punto estratégico de infraestructura, con riesgo de extorsión y con intento de control sobre las obras del Istmo por parte de células criminales; asimismo, a través del Departamento de Estado incluye explícitamente a Juchitán en sus alertas de viaje y directivas de seguridad para el estado de Oaxaca.
LA PARADOJA DE 2026
En mayo de 2026, la Fiscalía informó que durante el primer mes de la estrategia “Juchitán en Paz” los homicidios dolosos habían disminuido más de 60 por ciento. La dependencia atribuyó el resultado a una intervención focalizada contra objetivos considerados generadores de violencia.
Sin embargo, partidos de oposición cuestionan los datos oficiales de reducción de delitos, al sugerir que están «manipulados»; además, denuncian que el municipio atraviesa por una severa crisis de violencia, extorsión y gobernabilidad.
Las críticas recrudecieron tras la detención del alcalde de Juchitán, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Miguel Sánchez Altamirano, acusado de presunta extorsión agravada y de dar protección al grupo delictivo «Los Cromos», ligado al CJNG, aunado a que, tras juzgar un vacío de autoridad y posible colusión de la policía municipal con el crimen, el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en Juchitán, con lo cual dejó la seguridad pública en manos de las fuerzas federales.
Para los especialistas citados anteriormente, la historia reciente de Juchitán es la de un territorio donde la violencia, la economía criminal y las instituciones comenzaron a interactuar de una manera cada vez más estrecha, aunque coincidieron en que son las autoridades quienes deben aclarar hasta qué punto, y nivel en las estructuras políticas y de gobierno, aparentemente están involucrados “Los Cromos” y, por extensión, el Cártel Jalisco.
@axelchl
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