INMISERICORDE SAQUEO

*Laura Beristain, hundida en su millonario saqueo de las arcas y el patrimonio municipal

Redacción/Sol Quintana Roo

Playa del Carmen.- La voracidad de la expresidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, la llevó a cometer un saqueo desmedido de las arcas municipales sin calcular tiempo y circunstancia, hechos que la ponen en la mira de las autoridades judiciales.

La hoy regidora, convertida en una funcionaria irracional contestataria, otorgó en abril de 2021 el contrato DPM/LP/SER/010/2021 por cuatro millones 749 mil 393 pesos a la empresa Proacer S.A. de C.V. para la supuesta instalación de equipamiento a los accesos públicos de las playas de Solidaridad.

Y mientras con total descaro otorgaba el millonario contrato, las playas se encontraban atiborradas de sargazo.

Cotejando las fechas es evidente que los ingresos a las playas permanecían inaccesibles, pues la macroalga no les permitía el paso.

Eso no es todo, el mismo concepto de contrato ya lo había firmado unos meses atrás, en plena restricción de movilidad por la pandemia del Covid-19.

Exactamente el 22 de septiembre de 2020, en unas playas completamente vacías por las restricciones de movilidad, Laura Beristain se paseaba con su grupo de trabajo por las costas que apenas comenzaban a presentar los estragos del sargazo que ha recalado sobre todo este 2021.

Esa ocasión la exalcaldesa se jactaba de que se encontraba trabajando en la gestión de obtener 37 accesos públicos de playas. En el comunicado de prensa emitido entonces, se destacaba que entonces se tenían 26 acuerdos de destino, de los cuales 17 estaban abiertos al público y nueve estaban cerrados; más otros 11 que se hallaban en trámite.

Para enero de 2021, ante la pandemia, se instalaron filtros en el acceso a las playas Xcalacoco, Playa 88, Mamitas, Punta Esmeralda y los balnearios de la Calle 4 y 38, mismas que sólo permitían un aforo del 30 por ciento de visitantes y eran abiertas al público en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Pero llegó el sargazo y gracias a él, erogó cantidades millonarias de recursos con contratos simulados, lo que dejó de manifiesto, al sólo destacar durante su tercer informe de gobierno la contratación de más de 100 personas para su recolección, que según su informe logró levantar 17 mil 861 toneladas del alga.

Luego, mediante el contrato de servicios número DPM/LP/SER/010/2021, la edil Laura Beristain Navarrete le concedió cuatro millones 749 mil 393.80 pesos a la empresa Proacer S.A. de C.V., propiedad de Olivia Ponce Valdez, por el “Servicio integral para el proyecto equipamiento de los accesos públicos a la Zona Federal Marítimo Terrestre en el municipio de Solidaridad”.

Sobra decir que los mismos estaban copados de sargazo y por lo mismo inaccesibles para los trabajos que habrían de desarrollarse entre el 15 de abril y 15 de junio de 2021, justo en los meses en que Laura Beristain se encontraría en plena campaña electoral en la búsqueda de una reelección presidencial que nunca le llegó.

Sin embargo, la opacidad del contrato salta a la vista al observar el objeto social de la empresa inscrita en el Registro del Padrón de Proveedores bajo la numeraria PV.- 4028, pues, de acuerdo al objeto de su constitución, dice dedicarse a la “compra, venta, instalación, exportación, representación, comisión, promoción, impulso y distribución de todo tipo de productos de acero y similares”, sin mencionar por ningún lado la “instalación”.

Y es que de acuerdo con el Anexo 1, correspondiente a la Propuesta Técnica y Económica del contrato; en total se instalaría un total de mil 59 elementos de playa especificados en 15 partidas, todos ellos con precios de miles de pesos, que dieron la suma total de 4.7 millones de pesos.

Cabe mencionar que la mayoría de los elementos descritos brilla por su ausencia en las playas de Solidaridad. Como fue la instalación de 40 estructuras de aluminio simulado en madera con medidas de 1.20 metros por un metro, más 1.5 metros de base con una impresión de vinil adhesivo doble vista con medidas de 100 x 89 centímetros, que presentaron un costo total de 545 mil pesos.

Tres módulos de información en medidas de cuatro por cuatro metros devengaron un costo de 206 mil 250 pesos. Otros tres módulos con la mitad de superficie, dos por dos metros se cotizaron en 105 mil pesos.

Donde sí se volaron la barda fue en la instalación de 40 juegos de cuatro botes de basura para la separación de residuos que cotizaron en 480 mil pesos. O sea, botes de tres mil pesos cada uno.

A un costo superior a los 31 mil pesos cada uno, se contempló la instalación de 30 racks con espacio para 10 bicicletas, lo que sumó 937 mil 500 pesos.

Unas simples jardineras de fibra de vidrio con medidas de un metro de largo por 40 centímetros de ancho y 40 de altura, se facturaron en casi ocho mil pesos cada una, de las 20 descritas en el anexo 8, lo que dio un total por este concepto de 157 mil 500 pesos.

Un total de 15 bancas de descanso con concreto y recubrimiento de madera de 1.20 metros de largo por 40 centímetros de ancho y 45 de alto, se detallaron en 318 mil 750 pesos. Nada menos que 21 mil 250 pesos cada una.

Pero si el tratarse de un contrato en plena contingencia de arribo de sargazo en medio de otra contingencia, pero de salud por el Covid-19, no fuera prueba fehaciente de que el acuerdo autorizado por la edil Laura Beristain en realidad se trataba de un contrato simulado; encima los precios mostrados en cada una de las 15 partidas del Anexo 1 dejan claro el sobreprecio manejado.

¿O acaso alguien con cinco centímetros de frente podría creer que una estructura decorativa con 1.20 metros de alto y dos metros de largo con el letrero “Playa del Carmen”, tenga un costo de 439 mil pesos?

Otra estructura similar tipo arco con las letras “Playa del Carmen”, fue anotada por 272 mil 075 pesos.

También a sobreprecio fueron descritas un total de 20 palapas para sombra de 2.5 metros y tres metros de largo para la base, que sumaron 390 mil 500 pesos.

Como fue costumbre en el gobierno de Laura Beristain Navarrete, las encargadas de dejar sus rúbricas en el documento que amparó uno más de los despilfarros que hizo la hermana menor de los Beristain, fueron la tesorera municipal Shelina Abigail Alonzo Alamilla; la oficial mayor Yazmín Janette Díaz Ojeda y el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Marco Antonio Loeza Pacheco.

Mientras que por la empresa beneficiada, que se publicita por internet como una empresa con el giro de renta de maquinaria para construcción, firmó Olivia Ponce Valdez, administradora única de Proacer y quien entre 2011 y 2013 fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE).

De acuerdo con el registro de contratos como proveedor que mantiene el portal Quién es Quién, entre 2010 y 2021, Proacer sostuvo 17 contratos como proveedor por un total de 32.2 millones de pesos.

Dos terceras partes de los acuerdos las obtuvo de manera directa.

Sus mejores clientes en este tiempo fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que le pagó 19.7 millones de pesos en 2020 por la compra de material de curación; más otros 3.1 millones de pesos por la compra de insumos Covid.

Antes del regalo hecho por Beristain Navarrete, ya había obtenido 3.3 millones de pesos del gobierno de Tulum en 2014.

Como se puede apreciar también muestra un historial de actividades como proveedor, pero de medicamentos e insumos médicos, que de módicos 12 mil 581 pesos que facturó entre cinco contratos entre 2010 y 2011, ahora sus facturas promedian los tres millones de pesos.

Aun así, de acuerdo al portal, los costos que maneja la empresa muestran un sobrecosto del 36 por ciento.

Sin duda es triste ver cómo el sargazo que ha recalado desde hace más de medio año a las playas de Solidaridad le ha venido a quitar esa hermosa tonalidad azul turquesa que caracteriza al mar Caribe avistado en las playas del Estado; así como causa rabia e indignación ver la impunidad con que criminales de cuello blanco se pasean, pese a un largo historial de atracos al erario.

Ejemplo de ellos: Laura Beristain Navarrete.

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