Luis Enrique Tuz/Sol Quintana Roo
Chetumal.— La ley aprobada por la XVIII Legislatura de Quintana Roo, que buscaba sancionar a quienes adquirieran objetos robados, incluso si desconocían su origen ilícito, fue anulada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que consideró que esta ley era ambigua y no cumplía con el principio de taxatividad, que exige que las leyes sean claras y precisas al describir conductas delictivas y sus sanciones
Esta norma, agregada en abril de 2024 al Código Penal del Estado, decía que, si alguien no tomaba “precauciones” al comprar un objeto, podía ser acusado de cometer un delito.
Según la SCJN, el artículo 234 del Código Penal del Estado no es entendible, de acuerdo con la resolución de acción de inconstitucionalidad 113/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se estableció específicamente en contra de las casas de empeño.
El problema es que la ley no explicaba claramente qué significa tomar precauciones. ¿Acaso era pedir una factura o preguntar el origen? ¿Confiar en la palabra del vendedor? Esta falta de claridad podía llevar a que cualquier persona, incluso actuando de buena fe, fuera sancionada si las autoridades consideraban que no fue lo suficientemente cuidadosa, por lo tanto, esta reforma, en vez de ayudar, iba a empeorar delicadas situaciones.
Por esta razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte revisar la ley. Los ministros estuvieron de acuerdo en que era confusa y daba demasiado poder a las autoridades para decidir cuándo alguien había sido precavido o no.
Con esta decisión, la SCJN eliminó por completo este delito, y además dijo que las personas que hayan sido castigadas por esta ley desde abril de 2024 podrán beneficiarse y solicitar que se les quite esa sanción.
Desinterés en elecciones judiciales
*Las elecciones del 1 de junio de 2025 carecen de la atención del Instituto Electoral de Quintana Roo, pues entre sus “esfuerzos” para concientizar a la ciudadanía, no estuvo la de recoger en el tiempo establecido las credenciales tramitadas
Luis Enrique Tuz/Sol Quintana Roo
Chetumal.— En Quintana Roo, un total de 2 mil 705 ciudadanos y ciudadanas tramitaron su credencial para votar, pero no las recogieron en el plazo debido, por lo que no podrán votar el 1 de junio en la elección del Poder Judicial. Sobre esto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) jamás dio cobertura a este tema, a pesar de sus “esfuerzos” para garantizar que toda la ciudadanía acuda a votar este 1 de junio.
Ante la falta de reclamo de estas credenciales, la Junta Local del INE en Quintana Roo realizó la destrucción de 27 mil 679 formatos de credencial y credenciales para votar correspondientes. La eliminación se realizó en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia de la Junta Local del INE en Quintana Roo.
Durante la sesión, también se presentó el Informe del resguardo de credenciales para votar de las y los ciudadanos que realizaron su trámite de inscripción, actualización o reposición y que no recogieron su credencial al concluir la campaña de credencialización.
Estas credenciales, que ascienden a un total de 2 mil 705, permanecerán resguardadas en los Módulos de Atención Ciudadana y estarán disponibles para entrega una vez concluida la jornada electoral del próximo 1 de junio.
Con estas acciones, miles de habitantes en el estado de Quintana Roo se quedan sin voz en lo que parece ser una de las elecciones más tediosas en la historia del país, pues además de la falta de un conocimiento adecuado de los candidatos, aquellos que elegirán a los jueces y magistrados serán un número limitado.
Falsas inversiones en Bacalar
*El municipio administrado por José Alfredo Contreras Méndez, en su tercer mandato constitucional, continúa sumergido en la miseria, aunque supuestamente del 1 de enero al 31 de diciembre del pasado año se gastaron $35,384,901.88.
Luis Enrique Tuz/Sol Quintana Roo
Bacalar.— Más conocida como la Laguna de los Siete Colores, el centro turístico que se incorporó al programa “Pueblos Mágicos” en el año 2006, y que, hasta la fecha, pese a los tres presidentes municipales que ha tenido, ninguno de ellos ha logrado sacar del fango a las familias, sino todo lo contrario, aun cuando en el 2024 se invirtieron $35,384,901.88.
El actual presidente municipal, José Alfredo Contreras Méndez, en el primer trimestre de 2024, el monto que supuestamente se destinó para el rubro de ayudas sociales fue de $5,737,167.99. Asimismo, fueron $12,408,047.6 en el segundo trimestre y para el tercer trimestre la suma fue de $9,643,721.65. También, se invirtió, finalmente para el cuarto trimestre, la cantidad de 7,595,964.62.
Los recursos destinados a apoyos sociales debieron servir para resolver rezagos en servicios e infraestructura básica, fomentar la economía social, apoyar directamente a las familias, a la superación e integración de la ciudadanía y promover el mejoramiento físico e intelectual de los habitantes, pero no hubo evidencia de que eso se hiciera.
Y es que ni en la página oficial del municipio ni en los portales de acceso a la información se encuentran los nombres de los supuestos beneficiarios de estas ayudas, pues al ingresar al link de información, este arroja un mensaje de error y así permanecerá.
