*El Tren Maya, entregó millones de pesos a un grupo de desconocidos
*Una constructora nacida en Felipe Carrillo Puerto con apenas 50 mil pesos de capital encontró en el suministro de materiales pétreos una plataforma de crecimiento que alcanzó al Tren Maya que les permitió amasar 752.4 millones de pesos
*Ahora, Construcciones y Pavimentos Braymar, sigue acumulando obra pública municipal con el apoyo de la alcaldesa Mary Carmen Candelaria Hernández Solís quien apenas le adjudicó otros 8.4 millones de pesos a un camino y una red de agua en Petcacab
Redacción/Sol Quintana Roo
Felipe Carrillo Puerto.- Los prestanombres de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que participaron en el abasto de materiales pétreos de las obras del Tren Maya, echaron raíces en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y continúan recibiendo millonarios contratos por obras sin ejecutar.
Construcciones y Pavimentos Braymar, S.A. de C.V., pasó de ser una sociedad constituida en Felipe Carrillo Puerto con apenas 50 mil pesos a convertirse en una empresa con un capital registrado superior a los 752 millones de pesos, proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional y contratista recurrente de obra pública.
El crecimiento tiene un punto de quiebre perfectamente identificable: 2023, el año del Tren Maya. La propia BRAYMAR reconoce que ese año la Secretaría de la Defensa Nacional la “contrató” para suministrar material de terraplén y triturados para 36 kilómetros de vía del Tramo 6 Tulum-Chetumal, Frente 3. En la historia corporativa de la compañía, el proyecto aparece definido como el “salto de escala” que la obligó a crecer en planta, flota y organización.
La historia empresarial había comenzado cinco años antes.
BRAYMAR fue constituida en noviembre de 2018, apenas unos días del inicio de gobierno presidencial de López Obrador, bajo la denominación Construcciones y Pavimentos Braymar, S.A. de C.V., con domicilio en Felipe Carrillo Puerto y un capital mínimo de apenas 50 mil pesos. Sus accionistas fueron Cristian David Aguirre Canales, con 30 mil pesos; Jessy Ramírez Aguirre, con 10 mil; y Jorge Armando Aguirre Canales, con otros 10 mil. Uno de ellos con 18 de edad, otro de 20 y el tercero con cerca de 30 años.
Desde su nacimiento, sin embargo, la compañía fue diseñada jurídicamente para participar prácticamente en toda la cadena de la construcción: pavimentación, carreteras, redes de agua, urbanización, maquinaria, obra civil, fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios. Su objeto social también le permite explotar, transformar, comercializar y transportar materiales pétreos como polvo, grava, cemento, cal y sascab, además de concursar por obra pública federal, estatal y municipal.
La empresa asegura que precisamente comenzó sus operaciones con un banco de material propio. De acuerdo con su versión corporativa, posteriormente incorporó maquinaria, planta de trituración y producción de asfalto hasta convertirse en proveedora de materiales pétreos y ejecutora de obra.
Ese modelo empresarial encontró en el Tren Maya su mayor escaparate.
Pero prácticamente al mismo tiempo ocurrió otra transformación, esta vez dentro de los libros corporativos.
El 11 de mayo de 2023, BRAYMAR adquirió un enorme predio denominado San Pablo, ubicado sobre la carretera Felipe Carrillo Puerto-Mérida, con una superficie de 381 hectáreas y 20 áreas. La operación quedó asentada en la escritura pública 531 otorgada ante el notario Luis Silveira Cuevas, de Mérida.
Solamente nueve días después de la adquisición, el 20 de mayo, el inmueble ya contaba con un avalúo elaborado por VIP D’PAC, a cargo del perito Pedro Alberto Cauich Chacón. Ese avalúo permitió incorporar San Pablo al capital de BRAYMAR con un valor de 572 millones de pesos.
Dos días después, el 22 de mayo, los accionistas aprobaron un denominado Programa de Reordenamiento Financiero y Patrimonial.
La operación fue gigantesca. Además de los 572 millones representados por San Pablo, los socios acordaron aportar otros 180 millones de pesos en efectivo. La capitalización llevó a la compañía hasta 752 millones 400 mil pesos.
En términos nominales, una sociedad que nació con 50 mil pesos había multiplicado aproximadamente 15 mil veces su capital registrado.
Y todo ocurrió en el mismo año en que BRAYMAR ubica su incorporación al Tren Maya.
Hasta ahora no existe evidencia documental que permita afirmar que el predio San Pablo haya sido utilizado como banco de materiales para la obra ferroviaria. Sin embargo, la coincidencia amerita seguimiento: la empresa tenía entre sus actividades precisamente la explotación y comercialización de materiales pétreos, asegura haber iniciado operaciones con banco propio y reconoce haber suministrado terraplén y triturados para 36 kilómetros del Tramo 6.
Después del Tren Maya vino otra obra de SEDENA. En 2024 BRAYMAR asegura haber suministrado y colocado carpeta asfáltica en 22 kilómetros del camino Puerta al Mar, entre Felipe Carrillo Puerto y Vigía Chico.
Paralelamente, continuó participando en contratos y trabajos municipales.
Su propia relación de proyectos registra obras para el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto desde 2019: techos firmes, infraestructura urbana, rehabilitación de una unidad deportiva, materiales para bacheo y, en 2025, 14 mil metros cúbicos de material triturado para el camino a Santa Isabel.
Uno de esos negocios municipales aparece ahora en Petcacab. El contrato OP-FCP-FAISMUN25-LP-43/2025 fue celebrado por el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto con BRAYMAR para ejecutar dos trabajos: construcción de camino y ampliación de la red de agua entubada en Petcacab.
El monto contratado fue de 8 millones 414 mil 219 pesos con 42 centavos, IVA incluido. El programa estableció un periodo extraordinariamente corto: las obras debían iniciar el 10 de noviembre de 2025 y concluir a más tardar el 20 de diciembre, apenas 41 días naturales después.
BRAYMAR contó además con anticipos equivalentes al 30 por ciento del contrato: 10 por ciento para iniciar los trabajos y 20 por ciento para materiales y equipo, alrededor de 2.52 millones de pesos.
El contrato no dejaba margen para una terminación meramente administrativa. Establecía obligaciones sobre estimaciones, generadores de obra, fotografías, controles de calidad, bitácoras y finalmente recepción física y finiquito.
El documento fue firmado por la presidenta municipal Mary Carmen Candelaria Hernández Solís y por Cristian David Aguirre Canales en representación de BRAYMAR. También aparecen la directora de Obras Públicas, Fabiola Rodríguez Macuilt, y la tesorera Victoria Abigail Gómez Gómez.
Aquí surge el contraste que merece una revisión física y documental de las obras. BRAYMAR presenta Petcacab entre sus proyectos realizados y afirma corporativamente que “la obra se termina”, desde el trazo hasta la entrega y las estimaciones. Sin embargo, con la documentación disponible para esta investigación todavía falta localizar la evidencia de cierre que permita reconstruir cuánto se ejecutó, cuánto se pagó finalmente y en qué condiciones fueron recibidos el camino y la ampliación de agua.
La empresa, además, continúa creciendo. El padrón oficial de contratistas de Quintana Roo confirma que BRAYMAR permanecía registrada durante 2025. Y en agosto de 2026 obtuvo una adjudicación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por 36 millones 748 mil 943 pesos para trabajos de bacheo y microcarpeta.
Así, el expediente de BRAYMAR dibuja una trayectoria singular: 50 mil pesos de capital en 2018; participación en el suministro de materiales para 36 kilómetros del Tren Maya en 2023; capitalización hasta 752.4 millones ese mismo año; trabajos para SEDENA, contratos municipales y nuevas adjudicaciones federales.
Pero quedan dos piezas capaces de cambiar la dimensión de la historia. La primera es conocer cuánto pagó realmente BRAYMAR por las 381.2 hectáreas de San Pablo antes de incorporarlas por 572 millones de pesos a su capital.
La segunda está sobre el terreno: comprobar físicamente las obras municipales que la empresa reporta como realizadas y confrontarlas con contratos, estimaciones, actas de entrega-recepción y finiquitos.
Porque en una empresa cuyo propio lema empresarial sostiene que “la obra se termina”, el siguiente paso de la investigación será precisamente comprobar dónde están, cuánto costaron y en qué condiciones quedaron las obras pagadas con recursos públicos.
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