GUERRERO, BAJO LA LEY DEL CRIMEN

*Ahora que se aproxima el relevo gubernamental en Guerrero, el crimen organizado arremetió contra los empresarios y les exige pago puntual del llamado derecho de piso. Como algunos se han negado a ello, han pagado las consecuencias. Es el caso de Eduardo Cesarman, dueño de la discoteca Baby’O, cuyo negocio fue incendiado por grupos criminales.

*Simplemente rociaron el inmueble con gasolina y le prendieron fuego. La remodelación de la discoteca más famosa de Acapulco, situada en la costera Miguel Alemán, costará 40 millones de pesos. Pero eso no es todo: La guerra entre grupos criminales se ha intensificado. Guerrero es la entidad con más cárteles. De acuerdo con datos oficiales, en ese territorio operan unas 450 organizaciones del crimen organizado.

*De esta forma, la violencia no cesa en el Estado. Es por ello que la entidad que, a partir del 15 de octubre gobierna Evelyn Salgado —hija del senador Félix Salgado Macedonio— vive atenazada bajo la ley del crimen, pues no hay autoridad que ponga orden en el Estado.

Ricardo Ravelo | La Opinión de México | Sol Quintana Roo | Sol Yucatán | Sol Campeche

(Primera de cuatro partes)

Guerrero.- Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al Estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.

En esa entidad del Pacífico, clave en el turismo, pero también en el narcotráfico, a Guerrero han arribado grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Pero la entidad es la que más grupos criminales tiene. De acuerdo con informes oficiales, en ese territorio que a partir del 15 de octubre gobierna Evelyn Salgado —hija de José Félix Salgado Macedonio— operan unos 450 grupos delictivos.

En la mayor parte del territorio, dichos grupos criminales están encabezados por alcaldes, síndicos, regidores y comandantes de las policías estatales y municipales que han convertido la labor política y criminal en un verdadero negocio.

El caso más alarmante es el del Cártel de Los Ardillos, cuyos miembros gobiernan municipios, tienen el control en comunidades rurales y rancherías, pero también controlan el Congreso local.

El nivel de violencia se ha exacerbado en Guerrero a tal grado que ahora que se acerca el cambio de gobierno en todo el Estado —se renovarán Ayuntamientos, Congreso local y el Gobierno del Estado— el crimen organizado ha arremetido en contra de negocios tradicionales y de postín, como fue el caso de la discoteca Baby ´O, a la cual le prendieron fuego y terminó incendiada.

Según el dueño de la discoteca —una de las más famosas y lujosas del país, donde se daban cita artistas y empresarios de toda la República— Eduardo Cesarman, la reparación del inmueble costará unos 40 millones de pesos.

Después del incendio en la discoteca Baby´O, el crimen organizado arremetió en contra de otros negocios a los que les exigieron pagar “derecho de piso” para operar. Las autoridades vieron con sorpresa estas acciones, pero siguen sin hacer nada para detener a las bandas del crimen.

No obstante que la mitad del país está en crisis de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ese problema no se resolverá “haciendo la guerra”.

Esto lo expresó a propósito de la violencia que azota a Michoacán, donde unos cinco cárteles, entre otros, el Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios y Los Viagras, están enfrentados por el control del Estado.

En Michoacán —al igual que en Guerrero— las autoridades están enfrentadas por el control del territorio y los recursos naturales, como la minería, el litio, las zonas aguacateras, por citar sólo algunos negocios que son atractivos para los criminales.

Pese al elevado nivel de violencia, ni el Ejército ni la Guardia Nacional han podido detener la ola delictiva, sobre todo, porque tienen órdenes de no usar la fuerza. De esta forma, el país difícilmente podrá entrar en una etapa de pacificación, como lo prometió el mandatario al tomar posesión de la Presidencia, en diciembre de 2018.

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