GUANAJUATO: EL NARCOTERRORISMO

Ricardo Ravelo Galó/Sol Quintana Roo

El atentado ocurrido en Salamanca, Guanajuato el domingo 19, donde murieron dos personas tras recibir una caja con un regalo que terminó siendo una bomba, confirma que el crimen organizado mexicano ya pasó a la etapa del narcoterrotismo, pero las autoridades se niegan a declarar a los grupos criminales como tales.

De acuerdo con las investigaciones, un chico a bordo de una motocicleta llegó al restaurante Barra 1604 donde uno de los dueños festejaba su cumpleaños.

Estaban conviviendo tanto los dueños del lugar como los empleados. En ese momento arribó al lugar un joven con un servicio de mensajería. Le entregó al gerente, Mario Alberto Hernández Cárdenas, una caja –un regalo para el festejado –.

En el momento en que fue abierto, el artefacto explosivo explotó causando la muerte de dos personas y dejando cuatro más heridos.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, no descartó que este acto hay sido perpetrado por algún cártel del narcotráfico; tampoco se descarta que los dueños del restaurante hayan sido amenazados con el fin de extorsionarlos, aunque sus familiares dijeron que no habían recibido amenaza alguna.

Desde hace por lo menos cuatro años, el gobierno de Estados Unidos ha pedido al de México que los cárteles del narcotráfico sean declarados como grupos terroristas, pero no se ha hecho tal reconocimiento, pues de

hacerse la comunidad internacional podría intervenir en México para enfrentar a los cárteles del terrorismo.

La presión de Estados Unidos sobre México por el tema del narcotráfico parecía muy en serio en el gobierno de Donald Trump Ahora que la violencia ha repuntado –casi 100 mil ejecutados en tres años –desde Washington Donald Trump asegura que declarará a los cárteles como grupos terroristas y exigirá a México combatirlos mediante un amplio plan de acción.

Tal parece que la medida de “abrazos y no balazos” puede llegar a su fin y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que utilizar, aunque no quiera, la fuerza del Estado para combatir a los cárteles que operan en México.

Y no se trata de que el presidente López Obrador argumente el gobierno de Estados Unidos no puede meterse en los asuntos de México: siempre ha estado involucrado en todos los temas, más aun, en el asunto que más preocupa a Estados Unidos: el crimen organizado.

Hasta ahora la posición de México ha estado basada en el no uso de la fuerza, algo que no mantiene del todo cómodo el presidente norteamericano, quien al menos en un par de ocasiones ha dicho que propondrá México un plan de acción para desaparecer de la faz de la tierra a los grupos criminales.

Luego, desde Washington, se expuso también que al gobierno de Estados Unidos le preocupa que México no cuente con una política antidrogas y, por ello, dudan que el gobierno de López Obrador llegue lejos con su posición de atender lo que él mismo llama las causas sin atacar directamente a los catorce cárteles que operan en México.

No se sabe quién asesora, en lo privado, al presidente López Obrador en materia de crimen organizado: si bien un combate eficaz contra el crimen no se basa sólo en el uso de las fuerza y de las armas, tampoco es viable que un flagelo de la gravedad que lo padece México se enfrente sólo con atender las razones sociales: pobreza, desigualdades y falta de empleo. En días recientes, el gobernador de Tamaulipas –uno de los estados más violentos del país –el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pidió al

gobierno federal que declarara como actos terroristas la violencia que generan los cárteles, en particular el del Noreste y el del Golfo, que están enfrentados por el control de esa plaza.

En su momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no compartía tal posición, que era una opinión personal del gobernador, que no había elementos para considerar terroristas a los grupos criminales.

López Obrador secundó diciendo, muy a su estilo, que se puede gobernar sin necesidad de mandar a matar a las personas y que seguiría con su política de no uso de la violencia.

Es claro que el presidente no quiere atacar a los cárteles, por incapacidad o porque no quiere “alborotar el avispero”, como se dice comúnmente, porque sabe que si lo hace no podrá controlar el país que, ya de suyo, está en caos.

Y es que en realidad no se ve por donde México salga de este grave problema, al que se suma la posible declaratoria de recesión económica ante la parálisis que enfrenta la economía nacional debido a la falta de inversión y al cero crecimiento.

Como en Colombia

En los años noventa, en medio de una crisis aguda causada por la criminalidad, el gobierno de Estados Unidos intervino en Colombia. El problema tronó cuando la DEA descubrió que el presidente de Colombia en aquella época, Ernesto Samper, había llegado al poder financiado por el narcotráfico, en particular, por los hermanos Rodríguez Orehuela, jefes del cártel de Cali, actualmente presos en Estados Unidos.

Estados Unidos puso en marcha el llamado Plan Colombia, pero se metieron “hasta la cocina” so pretexto de que iban a combatir el narcotráfico.

Tras los hechos de Sinaloa, la liberación de Ovidio Guzmán, el asesinato de la familia LeBaron, en Chihuahua, el gobierno de Estados Unidos ofreció ayuda económica y militar a México para enfrentar a los cárteles. El entonces presidente norteamericano, Donald Trump pidió, incluso, diseñar conjuntamente un plan de acción.

Pero López Obrador se negó y dijo que el Estado mexicano puede enfrentar el problema solo. La realidad es que no es así. México necesita ayuda internacional y de manera urgente. Para ello, se debe declarar al crimen organizado como grupos terroristas. Sólo de esa forma se obtendría la ayuda internacional.

En el fondo de toda esta discusión lo que priva es el miedo del gobierno de México a que Estados Unidos intervenga en los temas internos del país, aunque en realidad lo ha hecho siempre. Los hizo con el tema migratorio y ahora, seguramente, habrá mayor presión para México para que declare a la violencia del crimen como narcoterrorismo.

No hay que olvidar que Estados Unidos manda en la política antidrogas del Continente, aunque poco hagan para enfrentar sus problemas: la drogadicción y el tráfico de armas.

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