Jugar con la soberanía nacional…
La reforma de nacionalidad única llega al Senado entre acusaciones de dedicatorias políticas, reclamos de la oposición y una pregunta de fondo: ¿la lealtad a México se mide por el número de pasaportes o por los actos de quien gobierna?.
Por Noé Zavaleta
Ciudad de México.-Hay reformas constitucionales que nacen de una necesidad nacional. Y hay otras que, aun cuando se presentan envueltas en banderas, soberanía y discursos de defensa de la patria, inevitablemente despiertan una pregunta incómoda: ¿para quién se está legislando?
La reforma de “nacionalidad única” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya pasó por la Cámara de Diputados y está a las puertas del Pleno del Senado.
El pasado 22 de septiembre, San Lázaro aprobó en lo general la modificación a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. En lo particular, el resultado fue de 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Morena, PT y PVEM respaldaron el proyecto; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
La minuta establece que quien aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá ser mexicano por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, si ya cuenta con ella, renunciar antes de solicitar su registro como candidato.
Durante el ejercicio del cargo tampoco podría adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado. La reforma contempla que estas nuevas reglas sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028.
Morena sostiene que no se está prohibiendo la doble nacionalidad.
El senador Saúl Monreal ha defendido precisamente esa tesis: la doble nacionalidad, dice, no desaparece ni se les quita a los migrantes; simplemente quien aspire a gobernar debe optar por una sola nacionalidad. El argumento oficialista es que la Presidencia y las gubernaturas requieren un vínculo jurídico exclusivo con México para evitar conflictos de intereses y garantizar la soberanía.
La presidenta Sheinbaum lo ha planteado de manera todavía más directa: “¿Por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México?”. Su argumento es que quien encabece el Estado mexicano debe tener como interés superior a México y no mantener vínculos jurídicos con otra nación. Y ahí comienza el verdadero debate.
Porque una cosa es decir que México tiene derecho a establecer requisitos para determinados cargos públicos y otra muy distinta es asumir que tener otra nacionalidad equivale, por sí mismo, a tener otra lealtad.
La oposición ha cuestionado precisamente esa premisa.
El panista Germán Martínez advirtió desde la tribuna de San Lázaro que la nación mexicana no termina en la frontera y calificó la reforma como una “redada” contra los mexicanos residentes en Estados Unidos. Su argumento fue que la soberanía se defiende frente al crimen y no convirtiendo la doble nacionalidad en sinónimo de falta de compromiso con México.
La diputada panista Margarita Zavala fue todavía más directa: cuestionó que se pretenda “criminalizar y estigmatizar” a quienes poseen doble nacionalidad y sostuvo que la falta de lealtad no está determinada por tener dos nacionalidades.
Desde el PRI, el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente acusó que la reforma segrega a alrededor de 20 millones de compatriotas con doble nacionalidad y cuestionó que se subordine el derecho a ser votado a una condición de identidad.
Y el emecista Eduardo Gaona llevó el argumento a una frase difícil de ignorar: “el problema no es la doble nacionalidad, sino la doble moral”. Cuestionó que se pretenda cerrar la puerta política a los migrantes mientras se reciben sus remesas.
En el Senado, la oposición mantiene la misma posición. La priista Claudia Anaya sostuvo que la reforma puede entrar en conflicto con tratados internacionales y recordó que millones de mexicanos viven fuera del país. En su intervención puso como ejemplo Zacatecas, donde una enorme cantidad de habitantes mantiene vínculos con Estados Unidos.
El PAN, por su parte, ya anunció que votará contra lo que considera una regresión de los derechos políticos de los migrantes. El senador Marko Cortés cuestionó que se utilice la nacionalidad como parámetro de lealtad y reclamó que el Congreso debería concentrarse en otros problemas, como la posible intervención del crimen organizado en las elecciones.
Pero hay un elemento que vuelve todavía más incómodo el debate.
*Las reformas con dedicatorias*
Desde que la presidenta planteó públicamente la reforma, el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca apareció prácticamente de inmediato.
El 25 de agosto, Sheinbaum habló expresamente del exgobernador de Tamaulipas, recordó que tiene doble nacionalidad y preguntó públicamente si un gobernador debería tenerla. Días después presentó la iniciativa constitucional.
La propia Presidenta fue cuestionada posteriormente sobre la aspiración presidencial anunciada por Cabeza de Vaca y reconoció que el nuevo requisito tendría consecuencias para personas en esa situación.
Después apareció otro nombre: Ricardo Salinas Pliego.
El empresario reaccionó a la iniciativa con un mensaje que dejó pocas dudas sobre cómo interpretaba el nuevo escenario: “¿Adivinen quién tiene doble nacionalidad?”. Posteriormente sostuvo que la reforma buscaba cerrarle el paso a una eventual candidatura presidencial. Esa es su interpretación política de la reforma, no una motivación oficialmente acreditada por el gobierno.
Pero la discusión no se queda ahí.
También aparecen en el debate otros personajes que han tenido doble nacionalidad, como Jaime Bonilla y Ernesto Ruffo.
Y aquí surge una pregunta que Morena debería responder con absoluta claridad: Si la doble nacionalidad representa un riesgo de soberanía o de lealtad, ¿por qué ese riesgo aparece únicamente cuando alguien pretende competir por la Presidencia o una gubernatura?
Porque la historia reciente ofrece un ejemplo particularmente incómodo para el oficialismo: Javier Corral.
Hoy senador de Morena, Corral nació en El Paso, Texas, y cuenta con nacionalidad estadounidense por nacimiento además de la mexicana.
En 2024, cuando PRI impugnó su candidatura al Senado por esa condición, el Tribunal Electoral determinó que podía ser candidato. La Sala Superior explicó que su nacionalidad estadounidense derivaba de un hecho jurídico —haber nacido en Estados Unidos— y no de una adquisición voluntaria; además, había renunciado a derechos de protección y obediencia respecto de otro Estado.
Es decir: la doble nacionalidad no le impidió ser candidato al Senado por Morena.
Ahora el Congreso pretende establecer que, para determinados cargos ejecutivos, ya no será suficiente acreditar la nacionalidad mexicana y cumplir con las obligaciones correspondientes: habrá que renunciar a la otra. Y ahí aparece una paradoja difícil de ignorar.
*La reforma toca también a políticos del propio oficialismo.*
La discusión parlamentaria incluso dejó constancia de ello. El diputado de MC Alfonso Armando Vidales señaló desde tribuna que existen gobernantes de Morena con doble nacionalidad y pidió que, en lugar de utilizar la nacionalidad como criterio abstracto, se regule la conducta de quienes ejercen el poder.
El problema es que el oficialismo responde que no existe contradicción: la doble nacionalidad seguirá siendo válida para cualquier ciudadano, pero quien quiera ejercer determinados cargos tendrá que renunciar a la extranjera.
Formalmente, esa explicación es correcta. Políticamente, sin embargo, deja abierta la pregunta de fondo: ¿por qué la identidad jurídica de una persona debe pesar más que su conducta, sus decisiones y la voluntad de los electores?
El pueblo, los partidos y el derecho a ser votado. Aquí está el corazón del debate.
México no está discutiendo si una persona puede tener dos nacionalidades. Está discutiendo si una persona que tiene dos nacionalidades puede ser elegida para representar a millones de mexicanos.
Y no es lo mismo. El propio Morena insiste en que la reforma no elimina la doble nacionalidad. Lo que hace es establecer una excepción para quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.
Pero precisamente por eso el debate merece mayor profundidad. Porque si el ciudadano puede votar por una persona que conoce su historia, su trayectoria, sus ideas, sus capacidades y también sus vínculos con otro país, ¿por qué el Estado debería impedirle siquiera aparecer en la boleta únicamente por tener otra nacionalidad?
¿No se supone que el poder depende, precisamente, de la voluntad del pueblo?, ¿Quién debe decidir?, ¿El ciudadano con su voto o un partido mediante una reforma constitucional que determine quién puede competir?
La pregunta no es menor. Especialmente porque México tiene una relación histórica, familiar, económica y cultural enorme con su diáspora.
Las cifras sobre doble nacionalidad varían según la metodología y no existe una cifra oficial única que permita afirmar con absoluta precisión que son “20 millones” de mexicanos con doble nacionalidad. Esa cifra ha sido manejada recientemente por Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien estimó alrededor de 20 millones en México y cerca de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Lo que sí está documentado es que millones de mexicanos viven fuera del país y que la legislación mexicana reconoce desde hace décadas la posibilidad de conservar la nacionalidad mexicana aun cuando se adquiera otra.
De hecho, la reforma de 1997 —vigente desde 1998— fue precisamente concebida para que los mexicanos por nacimiento no perdieran su nacionalidad al adquirir otra.
Por eso resulta particularmente paradójico que, después de décadas de construir un marco jurídico para reconocer una realidad migratoria, ahora se utilice esa misma condición como filtro para acceder a determinados espacios del poder.
*Los migrantes: de orgullo nacional a sospecha constitucional*
Durante años, los mexicanos en el exterior han sido presentados como parte fundamental de la nación. Son los paisanos, los que sostienen familias, los que regresan, los que invierten, los que mantienen comunidades enteras, los que envían remesas, los que votan y los que conservan costumbres, familias y vínculos con México aun viviendo a miles de kilómetros.
Pero ahora una parte de ellos recibe un mensaje diferente: Puedes seguir siendo mexicano. Puedes conservar tu doble nacionalidad. Puedes votar. Puedes regresar. Puedes trabajar. Puedes mandar remesas. Puedes participar en muchas actividades públicas. Pero si algún día quieres gobernar un estado o la República, primero tendrás que renunciar a la otra nacionalidad.
Ahí está la contradicción que la oposición está poniendo sobre la mesa. No necesariamente porque un Estado no pueda establecer requisitos para cargos de especial responsabilidad, sino porque la justificación utilizada —la lealtad— corre el riesgo de convertir una condición jurídica en una sospecha política.
Y eso merece mucho más que once horas de debate y una votación por mayoría. Por eso la propuesta de Guanajuato resulta relevante.
Diputados locales del PAN, entre ellos Susana Bermúdez Cano y Yesenia Rojas Cervantes, junto con otros legisladores, impulsaron un punto de acuerdo para pedir al Congreso de la Unión un Parlamento Abierto antes de concluir el proceso legislativo. La propuesta plantea escuchar a mexicanos con doble o múltiple nacionalidad, organizaciones migrantes, especialistas en derecho constitucional, electoral, internacional y migratorio, universidades, organismos de derechos humanos y autoridades electorales.
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen correspondiente el 24 de septiembre, no es un planteamiento menor.
Si se va a modificar la Constitución para redefinir quién puede aspirar a gobernar México, lo mínimo sería escuchar a quienes serán directamente afectados.
*La paradoja de la “lealtad”*
Hay algo todavía más incómodo, lanacionalidad no garantiza honestidad, tampoco garantiza capacidad, no garantiza independencia, no garantiza patriotismo, no garantiza que alguien defienda al país, Y, sobre todo, no garantiza que alguien gobierne bien.
Un mexicano con una sola nacionalidad puede tomar decisiones profundamente perjudiciales para México. Un mexicano con dos nacionalidades puede defender los intereses de México con absoluta convicción.
La nacionalidad es un vínculo jurídico. La lealtad política se demuestra con actos.
Y si el problema son los conflictos de interés, entonces quizá el debate debería estar en los conflictos de interés, la corrupción, el crimen organizado, el financiamiento ilícito, la protección de intereses extranjeros y la conducta concreta de los funcionarios.
No en contar pasaportes. Porque si la tesis es que una segunda nacionalidad vuelve sospechoso al gobernante, entonces habría que explicar por qué esa misma segunda nacionalidad no volvió sospechosos a quienes ocuparon otros cargos públicos.
Y por qué, en el caso de Javier Corral, el propio sistema electoral determinó en 2024 que su doble nacionalidad por nacimiento no impedía su llegada al Senado.
*La reforma llega al Senado*
La minuta ya fue aprobada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado, con 23 votos a favor y nueve en contra, y está prevista para discutirse en el Pleno el martes 29 de septiembre.
El margen político será estrecho. Morena y sus aliados necesitan mantener prácticamente completa su bancada para alcanzar la mayoría calificada. La Jornada reportó que el bloque oficialista requiere 86 votos y que el senador del PVEM Luis Armando Melgar ha adelantado que votará en contra de la minuta.
Es decir, la discusión todavía no termina y quizá eso sea lo más importante. Porque antes de convertir la Constitución en una aduana de nacionalidades para llegar al poder, habría que responder una pregunta elemental:
¿Quién debe decidir quién puede gobernar México?, ¿El Estado, estableciendo cada vez más candados?, ¿Los partidos, decidiendo quién puede aparecer en la boleta?
¿O los ciudadanos, evaluando con su voto la trayectoria, las propuestas, los intereses y la lealtad de quien pretende representarlos?
A los migrantes se les ha dicho durante años que nunca dejaron de ser mexicanos. Ahora, desde el poder, el mensaje parece tener una nota al pie:
sí, siguen siendo mexicanos… pero para gobernar, tendrán que demostrarlo renunciando a una parte de lo que también son. Y ahí está la contradicción. Porque la lealtad a México no debería caber en un pasaporte, debería caber en los actos.
Y si tener una sola nacionalidad fuera garantía de gobernar bien, México no tendría que haber padecido gobiernos profundamente cuestionados aun cuando quienes los encabezaron eran, jurídicamente, mexicanos de una sola nacionalidad.
Un pasaporte no gobierna. Gobierna una persona. Y esa persona, en una democracia, debería responder finalmente ante quien tiene la última palabra: el pueblo.
