La Secretaria del Bienestar, la perversa fábrica de votos
*El segundo piso de la llamada Cuarata Transformación, no se cansa de presumir como uno de sus grandes logros que en 2027 destinará más de un billón de pesos a programas sociales. Un billón. Aunque para ello, sean sacrificados rubros del Sector Salud, Educativo y el maltrecho campo mexicano
Por Noé Zavaleta
Morena ha presumido como uno de sus grandes logros que en 2027 destinará más de un billón de pesos a programas sociales. Un billón.
Pero hay una pregunta que el discurso oficial convenientemente evita: ¿Cuántas personas han dejado de necesitar esos programas? ¿Cuántas personas han pasado la estafeta (como en en el caso de los jóvenes) a otros que ocupen ese apoyo?
Porque el éxito de una política social no debería medirse por cuántos beneficiarios incorpora cada año, sino por cuántas personas logra sacar de la pobreza, incorporarlas a empleos formales, elevar sus ingresos y permitirles vivir sin depender permanentemente de una transferencia gubernamental.
Si para el régimen de Morena el éxito consiste en entregar cada vez más dinero a cada vez más personas, entonces estamos ante una política de administración de la pobreza, no de combate a la pobreza. Y ahí está la verdadera dimensión del problema.
Porque el éxito de una política social no debería medirse por cuántos beneficiarios incorpora cada año, sino por cuántas personas logra sacar de la pobreza, incorporarlas a empleos formales, elevar sus ingresos y permitirles vivir sin depender permanentemente de una transferencia gubernamental.
Y ahí está la verdadera dimensión del problema.
El Paquete Económico 2027 contempla un gasto federal de alrededor de 10.6 billones de pesos. El gasto social seguirá creciendo, mientras la economía mantiene un pronóstico de crecimiento de apenas entre 1.5 y 2.5 por ciento. Al mismo tiempo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público llegará a alrededor de 55 por ciento del PIB.
Es decir: más transferencias, más compromisos permanentes y una economía que sigue creciendo a paso de tortuga. Eso no es una transformación económica. Es una ecuación cada vez más difícil de sostener.
Y hay algo todavía más preocupante: Morena está convirtiendo los programas sociales en una especie de contrato político de largo plazo, así como lo hizo el viejo PRI y ahora lo replica fielmente el gobierno que juró destruir esas viejas prácticas.
El Gobierno entrega dinero y el ciudadano lo recibe.
Y el partido gobernante obtiene algo mucho más valioso: la percepción de que ese dinero tiene dueño político.mPorque una cosa es garantizar derechos sociales y otra muy distinta es construir alrededor de ellos una maquinaria electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que los programas sociales no tienen como finalidad influir en las preferencias electorales y sostiene que muchos de ellos ya forman parte de derechos establecidos constitucionalmente.
Formalmente, tiene razón en una cosa: un derecho no debería depender del partido que gobierne. Pero precisamente por eso resulta indispensable separar el derecho del beneficiario de la rentabilidad política del gobernante.
Porque si el Estado entrega una pensión, una beca o un apoyo, no está regalando dinero de Morena, está entregando dinero de los mexicanos.
El problema aparece cuando desde el territorio se transmite el mensaje —directa o indirectamente— de que ese dinero existe gracias al partido en el poder y que cambiar de partido podría ponerlo en riesgo.
Ahí es donde un derecho comienza a convertirse en instrumento de control político. Y no es una preocupación menor en vísperas de 2027.
El propio Instituto Nacional Electoral (INE), acaba de declarar formalmente iniciado el proceso electoral rumbo a las elecciones del próximo año, en un ambiente donde ya existen acusaciones de campañas anticipadas y de una posible elección de Estado.
La coincidencia temporal es demasiado conveniente para ignorarla, pero hay algo todavía más importante. Morena llegó al poder prometiendo transformar las condiciones que producían pobreza y desigualdad. Prometió crecimiento con bienestar, empleos dignos, servicios públicos eficientes y una economía capaz de generar oportunidades.
Sin embargo, la lógica terminó siendo otra: si la pobreza no desaparece, aumentamos el programa; si faltan empleos formales, aumentamos la transferencia; si no alcanza el ingreso, aumentamos la transferencia; si la economía crece poco, aumentamos la transferencia. Y si cada vez cuesta más financiarla, buscamos recaudar más.
El problema es que el dinero no aparece por generación espontánea.
Sale de los impuestos de quienes trabajan, producen, invierten y consumen; de la deuda que eventualmente tendremos que pagar; y de un presupuesto que inevitablemente tiene que decidir qué sí se financia y qué se deja de financiar.
De hecho, el propio paquete económico apuesta por una mayor recaudación y por modificaciones al ISR y mayores controles contra la evasión, sin una reforma fiscal integral. Mientras tanto, el gasto obligatorio sigue creciendo y el margen para inversión productiva se reduce.
Y aquí aparece la contradicción central del modelo, Morena presume que el pueblo recibe más dinero, pero no puede presumir que México esté creciendo al mismo ritmo, presume bienestar, pero la economía no despega.
Presume finanzas sanas, pero la deuda pública se mantiene en niveles elevados; presume que millones salieron de la pobreza, pero necesita aumentar año tras año el número y el monto de las transferencias. Eso debería provocar una discusión seria, no aplausos.
Porque sacar temporalmente a una familia de una situación de pobreza mediante una transferencia es una cosa. Construir las condiciones para que esa familia tenga un empleo bien pagado, seguridad social, acceso efectivo a salud y educación y pueda sostenerse sin depender del gobierno es otra completamente distinta. La primera es asistencia y la segunda es desarrollo.
Y un gobierno que convierte la asistencia en su principal bandera económica corre el riesgo de terminar administrando beneficiarios en lugar de formar ciudadanos económicamente independientes.
No es casualidad que los programas sociales sean hoy uno de los principales estandartes políticos de la llamada Cuarta Transformación. Incluso análisis recientes advierten que el gasto social, las pensiones, el gasto federalizado y el servicio de la deuda están ocupando una proporción creciente del presupuesto, reduciendo el margen para otras prioridades.
Y aquí está la pregunta incómoda que Morena no quiere contestar: ¿Qué pasaría si mañana México tuviera que dejar de endeudarse y ya no hubiera margen para aumentar los programas?; ¿De dónde saldría el dinero?, porque repartir dinero es políticamente rentable. Crear riqueza es muchísimo más difícil.
Un gobierno puede inaugurar un programa en una conferencia mañanera, más no puede decretar que una economía crezca no puede decretar que aparezcan empleos bien remunerados. no puede decretar que las empresas inviertan y menos, no puede decretar que una persona deje de necesitar una pensión o una beca.
Eso requiere productividad, inversión, educación, seguridad, Estado de derecho y crecimiento. Justamente todo aquello que no cabe en una tarjeta del Bienestar. Y aquí aparece la ironía histórica.
López Obrador pasó años denunciando el uso político de los programas sociales de gobiernos anteriores y en su eterna campaña juró acabar con esas prácticas, pero se terminó convirtiendo en lo que juró destruir y terminó construyendo un modelo todavía más amplio, más costoso y políticamente mucho más estratégico, solo que ahora se llama “bienestar”.
Y quizá esa sea la verdadera transformación. Antes se hablaba de programas sociales para ganar elecciones, ahora se habla de derechos sociales mientras el partido gobernante construye alrededor de ellos una estructura electoral de alcance nacional.
Morena podrá decir que no compra votos, y jurídicamente habrá que demostrar cualquier conducta ilegal caso por caso, pero políticamente hay una pregunta que no desaparece: ¿Qué incentivo tiene un partido para acabar con la dependencia económica de millones de personas si esa dependencia puede convertirse en su principal activo electoral?. Porque ahí está la trampa.
Si los programas funcionan, deberían lograr que cada año haya menos personas que los necesiten. Si cada año requieren más dinero, más beneficiarios y más presupuesto para mantenerse, entonces quizá no estamos frente al final de la pobreza, estamos frente a la profesionalización de su administración.
Y en 2027 la factura vuelve a ser la misma: Más de un billón para programas sociales, más deuda, un crecimiento mediocre, más presión recaudatoria, y una elección en puerta.
El pueblo recibe la transferencia. Morena recibe la rentabilidad política. Y la deuda —como siempre— la heredamos todos. Eso no es bienestar.
