GASTOS INJUSTIFICADOS

*Mayra San Román Carrillo Medina, próxima a dejar su puesto como consejera presidenta de Ieqroo, aprovecha cada oportunidad posible para derrochar dinero entregándolo a empresas señaladas de corrupción a nivel nacional

*El Ieqroo otorgó un contrato por más de 7 millones de pesos a la empresa Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V., representada por César Gerardo Matamoros Vargas, el 8 de marzo de 2022, para el arrendamiento de vehículos

*El plazo para la renta de los 41 automóviles va del primero de febrero hasta el 31 de diciembre de 2022, a pesar de que el Ieqroo señala en su calendario al 25 de septiembre como el último día del Proceso Electoral

Redacción/Sol Quintana Roo

Chetumal.- Mayra San Román Carrillo Medina, quien está próxima a dejar su puesto como consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), ha aprovechado cada oportunidad posible para derrochar el dinero otorgado por el Estado, el cual termina de entregarlo a empresas corruptas a nivel nacional.

Para el Proceso Electoral Local 2021-2022, el Ieqroo obtuvo un presupuesto de 107 millones 181 mil 398 pesos, con la excusa de que se realizarían dos procesos electorales, la elección de la gubernatura y las diputaciones locales, así como una consulta ciudadana en los municipios de la Zona Norte.

Parte de este presupuesto fue utilizado para el arrendamiento de vehículos para la disposición del Ieqroo en dicho Proceso Electoral.

Por lo que, a través de una licitación pública nacional se entregó el contrato número IEQ/34/2022 a la empresa denominada “Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V.”, la cual fue representada por César Gerardo Matamoros Vargas, acuerdo que fue signado el 8 de marzo de 2022.

El objeto del contrato fue para el “Arrendamiento de vehículos sin opción a compra, para el uso del Ieqroo en la operación ordinaria, así como de los trabajos relativos al Proceso Electoral Local Ordinario 2022”, por un monto total de 7 millones 640 mil 160.20 pesos.

Los distintos vehículos rentados fueron dieciséis tipo Sedán compacto y ocho Sedán mediano, en un periodo del primero de febrero al 31 de diciembre de 2022; un vehículo tipo SUV modelo 2021 o superior, para el periodo del primero de febrero al 30 de septiembre de 2022.

De igual forma, un vehículo tipo Van modelo 2020 o superior, del primero de febrero al 31 de julio de 2022; y otros doce vehículos tipo Sedán compacto 2021, así como tres camionetas pick-up doble cabina modelo 2021, en el periodo del primero de febrero al 31 de agosto de 2022.

Por lo que, en total se rentaron 41 vehículos a disposición del Ieqroo en un plazo que va del primero de febrero, hasta el 31 de diciembre del presente año, 2022; a pesar de que el 12 de junio se llevaron a cabo las entregas de constancias a la gobernadora electa y diputados plurinominales.

Y en el calendario del organismo se informa como el 25 de septiembre el último día del Proceso Electoral de este año, el órgano electoral seguirá haciendo uso de dichos automóviles hasta el último día del año.

De forma detallada, del primero de febrero al 31 de julio se paga una renta mensual por 827 mil 747 pesos; durante agosto, se cubrirán 783 mil 667 pesos; en septiembre, 498 mil 428.80 pesos; y para el plazo del primero de octubre al 31 de diciembre, el pago al mes será de 463 mil 860.80 pesos.

En promedio, el Ieqroo pagará 22 mil 874.73 pesos diarios por la renta de los vehículos por 11 meses, un derroche excesivo e injustificado para la duración del Proceso Electoral.

Sumado al daño económico, se puede señalar que la elección del proveedor deja muy mal parada a la consejera presidenta del Ieqroo, puesto que esta empresa Forza Arrendadora Automotriz, tiene una muy mala reputación a nivel nacional por posibles actos de corrupción, lo que le ha valido el cierre de puertas en otros estados.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, esta empresa recibió contratos de 2018 hasta 2020, para la renta de diversos vehículos en los que se encontraban 60 patrullas, pero, estos documentos nunca fueron puestos para su consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia, a pesar de la amenaza de una sanción hacia los funcionarios.

Esta misma conducta se repitió en el caso de los documentos correspondientes a los contratos firmados con el municipio de Cozumel, cuando el 12 de diciembre de 2021, Juanita Alonso entregó 3 millones 900 mil pesos a dicha empresa para la compra de seis patrullas pick-up.

Por otra parte, el representante legal César Gerardo Matamoros Vargas se ha hecho acreedor de una sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuando, en 2021, su segunda empresa arrendadora, Jet Van Car Rental fue inhabilitada por un año por incumplimiento de contrato con el SPF.

Esto también le ha costado un señalamiento a Matamoros Vargas por simulación de competencia, ya que ambas arrendadoras han participado en distintas licitaciones al mismo tiempo, donde una siempre sale beneficiada, por ejemplo mientras estaba la investigación de su segunda compañía, Forza Arrendadora Automotriz ganó cuatro contratos por poco más de 11 millones de pesos dentro del aeropuerto Santa Lucía, entre 2019 y 2020.

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