*El Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión definitiva que impide, por ahora, nuevos actos de ejecución relacionados con el crédito fiscal reclamado al exgobernador
*La autoridad hacendaria impugnó la resolución mediante un recurso de reclamación, con el que busca revertir la medida concedida
*El litigio involucra propiedades de alto valor comercial ubicadas en Playa del Carmen, Cozumel y Othón P. Blanco, algunas de las cuales arrastran embargos desde 2017
Redacción/Sol Quintana Roo
Cancún.- El exgobernador Roberto Borge Angulo, logró paralizar el cobro que le requiere el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un incumplimiento millonario de pago de impuestos federales, que han derivado en embargos de inmuebles de su propiedad.
La Sala Quintana Roo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), otorgó una suspensión definitiva contra el cobro que le requiere la Administración Desconcentrada de Recaudación número 2 de esta entidad, del SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Ha sido procedente y fundado el incidente de suspensión de la ejecución de la resolución determinante del crédito fiscal y los actos de cobro controvertidos, en consecuencia; II. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA” (sic), se aprecia en el acuerdo emitido por el órgano judicial de carácter administrativo, dentro del expediente 447/26-20-01-8, con lo cual queda paralizado cualquier nuevo acto que se pueda emitir contra el exgobernador.
No obstante, según las revisiones efectuadas por Sol Quintana Roo, el SAT no busca que el expediente de cobro se quede sin movimiento procesal, por ello ya tramitó un medio de impugnación contra la determinación que beneficia a Borge.
“Visto y analizado su contenido SE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. Con copia del oficio de cuenta córrase traslado a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga” (sic), se agrega en la reclamación presentada por el SAT.
La demanda de nulidad fue interpuesta el pasado 30 de junio, apenas unos días después de que se decretó la absolución del exmandatario estatal por delincuencia organizada y justo cuando estaba inminente su salida de la prisión de Ayala, Morelos.
En un acuerdo judicial dictado el pasado 13 de agosto, se advierte que la Sala Quintana Roo admitió pruebas en el juicio promovido. Los inmuebles que busca salvar Borge Angulo son de alto valor comercial. Se encuentra en Playa del Carmen, Cozumel y Othón P. Blanco.
Estas propiedades ya contaban con embargos emitidos por un juez de control de Chetumal, desde 2017; sin embargo, con el nuevo aseguramiento del SAT, corre el riesgo de que en algún momento sean rematados en subasta.
Borge Angulo actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en el centro del país, luego de ganar la absolución contra el delito de delincuencia organizada; aunque queda pendiente el proceso penal por lavado de dinero. Lo anterior, al ser imputado por la venta irregular de 22 terrenos que eran propiedad del Gobierno del Estado.
2 DE OCTUBRE, NO SE OLVIDA
*La movilización estudiantil de 1968 reunió a universitarios, profesores, trabajadores e intelectuales que exigían la liberación de presos políticos, mayores libertades y el fin de la represión gubernamental
*La operación desplegada en la Plaza de las Tres Culturas involucró al Ejército Mexicano y al Batallón Olimpia, dejando un número de víctimas que hasta la fecha no ha podido establecerse con certeza
*La consigna “2 de octubre no se olvida” trascendió generaciones y convirtió aquellos hechos en un símbolo de memoria, exigencia de justicia y defensa del derecho a manifestarse
Redacción/La Opinión de México
CDMX.- A 58 años de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre permanece como una de las fechas más dolorosas de la historia contemporánea de México. Aquella tarde de 1968, una manifestación estudiantil y civil realizada en la Plaza de las Tres Culturas terminó bajo una operación represiva en la que participaron el Ejército Mexicano y el Batallón Olimpia, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Décadas después, el propio Estado mexicano reconoció estos hechos como un crimen de Estado.
El movimiento había comenzado meses antes, después de la intervención policial contra estudiantes ocurrida el 23 de julio y de posteriores ocupaciones de planteles educativos. La respuesta de las autoridades incrementó la inconformidad y llevó a estudiantes de la UNAM, el IPN y otras instituciones a organizarse en el Consejo Nacional de Huelga (CNH), al que se sumaron profesores, trabajadores, intelectuales, profesionistas y otros sectores de la sociedad.
Entre sus principales exigencias estaban la liberación de presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de mandos policiacos, la indemnización de las familias de muertos y heridos y el deslinde de responsabilidades de funcionarios involucrados en actos represivos. El movimiento reclamaba también mayores libertades políticas y civiles frente a un régimen que recurrió al Ejército para intentar desarticular las protestas.
El 2 de octubre, miles de personas acudieron al mitin convocado en Tlatelolco. Cuando la concentración se aproximaba a su final y ya se había cancelado una marcha prevista hacia el Casco de Santo Tomás, elementos militares rodearon la zona, mientras integrantes del Batallón Olimpia se encontraban infiltrados entre los asistentes vestidos de civil. Cerca de las seis de la tarde comenzó la operación que desembocó en disparos, persecuciones, detenciones y una escena de caos en la Plaza de las Tres Culturas.
La dimensión exacta de la tragedia continúa siendo objeto de investigación histórica. Las cifras oficiales de la época fueron ampliamente cuestionadas, mientras distintas fuentes e investigaciones posteriores han planteado números considerablemente mayores de fallecidos. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que no existe certeza plena sobre el número de víctimas directas e indirectas, una de las razones por las que la demanda de esclarecimiento permanece vigente.
Tras la matanza, el control de la información y la versión oficial buscaron presentar al movimiento como una amenaza al orden público en un momento en que México estaba próximo a inaugurar los Juegos Olímpicos de 1968. Con el paso de los años, la apertura de archivos y las investigaciones históricas permitieron documentar la vigilancia, persecución y actuación de los cuerpos de seguridad contra los integrantes del movimiento, así como reconstruir parte de lo ocurrido aquella noche.
Desde entonces, la consigna “2 de octubre no se olvida” ha trascendido generaciones y cada año vuelve a las calles como una exigencia de memoria, verdad y justicia. Tlatelolco dejó de representar únicamente la tragedia de una generación estudiantil para convertirse en un símbolo contra la represión estatal, la impunidad y el olvido, así como en un referente de las luchas por la libertad de expresión, el derecho a manifestarse y las libertades democráticas en México.
Vecinos en riesgo por obra
*Habitantes señalan que el brazo de una estructura de gran tamaño pasa sobre viviendas durante los trabajos de construcción en Chetumal
*La maquinaria es utilizada para mover materiales en una obra hospitalaria que comenzó hace aproximadamente seis meses
*Vecinos cuestionan la ausencia de información sobre protocolos de seguridad e inspecciones para prevenir posibles accidentes
Redacción/Sol Quintana Roo
Chetumal.- Habitantes de la colonia del ISSSTE viven con preocupación ante las maniobras de una grúa torre utilizada en la construcción de un nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debido a que, según los vecinos, parte de la estructura opera sobre viviendas habitadas.
Los trabajos para levantar un edificio de tres niveles comenzaron hace aproximadamente seis meses junto a la clínica existente. Para el movimiento de materiales se instaló una grúa de grandes dimensiones, cuyo brazo realiza maniobras a escasa distancia de los domicilios, de acuerdo con los señalamientos de residentes de la zona.
Los habitantes estiman que la estructura alcanza entre 20 y 25 metros de altura, mientras que la parte superior tendría entre 10 y 15 metros de longitud. La grúa permanece fijada al suelo detrás de la clínica, cerca de las viviendas, situación que ha generado inquietud entre quienes habitan en los alrededores.
La preocupación de los vecinos se centra en la posibilidad de que ocurra una falla durante el traslado o descenso de materiales, debido a que las maniobras se realizan sobre una zona habitada. Los residentes cuestionan qué protocolos de prevención se aplican para proteger a las familias ante un eventual incidente.
Hasta el momento, se desconoce si la Coordinación de Protección Civil ha realizado una inspección específica relacionada con estas maniobras o si alguna autoridad municipal o estatal ha emitido medidas preventivas. Los habitantes piden que se revise la operación de la maquinaria y las condiciones de seguridad de la obra para evitar que un accidente pueda afectar a las viviendas cercanas.
