EN YUCATÁN, AGONIZA EL PRI

*En Yucatán, el Partido Revolucionario Institucional atraviesa su peor momento de la historia, debido al mal manejo de los recursos públicos realizados durante el mandato de Ivonne Ortega y Zapata Bello. Hoy es notable la pérdida de credibilidad, la fuga de candidatos y contendientes sin renombre.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- Al menos en Yucatán, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vive el peor momento de su historia, debido al mal manejo de los recursos públicos realizados durante el Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, por lo que hoy es notable la pérdida de credibilidad y la fuga de candidatos y contendientes sin renombre.

Para el colmo, conforme se acerca el proceso electoral en el Estado, la situación va del mal a peor, por lo que «el partido de las mayorías» no sólo está en agonía, sino en vías de extinción.

La fuga de militantes y candidatos es consecuencia de la falsa brillantez que tiene el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que buscan una mejor oportunidad de desarrollo político, debilitando notablemente al tricolor.

El problema que actualmente enfrenta la militancia es consecuencia de años de corrupción, de malos manejos políticos y de negar oportunidades a las nuevas fuerzas, y hoy no sólo se pagan los platos rotos, sino vajillas completas.

El principio del fin del PRI empezó con Ortega Pacheco y la estocada final la dio Zapata Bello, con el despilfarro de recursos en el beneficio de unos cuantos, así como las millonarias inversiones en «elefantes blancos», y un sin número de irregularidades registradas en tan sólo 12 años.

LOS PAQUIDERMOS DE ZAPATA BELLO

Con Zapata Bello son numerosos los «elefantes blancos» registrados en su sexenio, pero el más oneroso y polémico es el Palacio de la Música, construido donde antes estaba el Congreso del Estado, su funcionalidad es prácticamente nula y hasta el momento ha dado ningún beneficio.

De igual forma está el Centro Internacional de Convenciones y el Hospital Materno Infantil, entre otras obras.

La inversión exacta del proyecto denominado Palacio de la Música fue de 233 millones 642 mil 677.36 pesos, cuando la cifra original era de menos de la mitad, cuya construcción duró 615 días naturales, poco menos de dos años, pues se empezó el 25 de enero de 2016 y concluyó el 30 de septiembre de 2017.

La compañía encargada de realizar la obra fue la Constructora Proser Sociedad Anónima de Capital Variable, en participación conjunta con Asesoría Proser S.A. de C.V.

El 28 de julio de 2018, con la entrega de nombramientos a los integrantes del Consejo y el establecimiento del Patronato, que ostentan cargos honorarios, se avanzó en la integración del Fideicomiso Público para la Administración del Palacio de la Música, de acuerdo con el decreto 631/2018, publicado en el Diario Oficial del Estado.

Con esta resolución, la Junta de Gobierno del Fideicomiso fue presidida por el Mandatario Estatal y la conformaron los titulares de las Secretarías General de Gobierno, de Administración y Finanzas, de la Cultura y las Artes, de Educación y de Fomento Turístico, así como del Consejo de Amigos y del Patronato; además, cada uno de estos dos órganos propondrá a un par de representantes de la sociedad civil.

Incluso, a principios de 2018, la ASF encontró irregularidades en los procesos para la construcción de dos de las principales obras del gobierno de Yucatán: el Hospital Materno Infantil y el Palacio de la Música.

Una auditoría efectuada en 2016 advierte en esas obras trabajos de mala calidad, que no cumplieron con los requerimientos técnicos y errores en los procesos de licitación.

La ASF revisó ocho contratos y ampliaciones de los mismos en el caso del hospital y otros tres sobre el Palacio de la Música.

En la obra del hospital se hallaron irregularidades en la adjudicación de la licitación pública, trabajos de mala calidad y el incumplimiento del Gobierno de Yucatán para proceder administrativamente contra los funcionarios responsables.

En la revisión al fallo de la licitación pública nacional número LO-931059970-E4-2016, las empresas participantes AR Constructivo y Ciudades y Complejos no cumplían con los requerimientos y, no obstante, el Gobierno de Yucatán adjudicó el contrato a la primera, cuando debía declarar desierto el proceso.

A pesar de ello, el Gobierno Estatal no inició el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos responsables.

Por eso, emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría de Yucatán realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que no cumplieron con la verificación técnica de las propuestas.

Respecto de la calidad de obra, advirtió que las instalaciones sanitarias en todas las áreas del hospital son de tubería de PVC sanitario y en las tuberías que van por el piso no se colocó la cama de arena para su amortiguación, lo que ya ocasionó fracturas y en un futuro ocasionará fugas.

Además, advierte que la tubería de PVC no soportará las altas temperaturas que se manejan en algunas áreas; en las losas de azoteas las pendientes no son las correctas, ya que presentan encharcamientos; los ductos de aire acondicionado y los difusores no están protegidos ni sellados, lo que ocasiona que éstos se contaminen; la loseta cerámica colocada presenta «estrellamientos» y las juntas varían de nivel teniendo un tope entre uniones.

Por lo anterior, la ASF determinó que los trabajos no cumplen con la calidad especificada en el proyecto ni en las especificaciones particulares.

ROLANDO LOS HUNDIÓ

En su afán por mantener el control político y económico de Yucatán, con el objetivo de continuar realizando el saqueo de las arcas económicas yucatecas, igual que lo hicieron Patricio José Patrón Laviada e Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, ex gobernadores del Estado, Rolando Zapata Bello, de un sólo plumazo, hundió a los 106 municipios de Yucatán al otorgarles raquíticos presupuestos para su desarrollo en 2017. Eso fue algo que nunca olvidaron los alcaldes, y ahora están cobrando la factura, yéndose a otros partidos con todo y sus seguidores.

Zapata Bello, en el último año de su administración, sacó las uñas y mostró su verdadero rostro de lobo vestido de oveja: su objetivo era saquear al Estado a como dé lugar, siguiendo las malas mañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de su antecesora, Ivonne Ortega Pacheco, quien al culminar su mandato dejó una deuda pública superior a los 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con documentación en manos de Grupo Sol, se demostró cómo con el paso del tiempo que, al puro estilo priísta, compró a los medios de comunicación yucatecos, todos absolutamente, con convenios millonarios con la intención de acallar voces y que el pueblo yucateco nunca se enterará de los millonarios desvíos que se realizan desde el inmueble de la calle 60 y 61.

Lo que no sabían los yucatecos, es que trimestralmente estaba pagando, a sus prestanombres, casi mil millones de pesos en sueldos, lo anterior autenticado con documentos que publicamos en esta entrega informativa, disfrazados como empleados directos o cercanos a su Gobierno.

Lo que quiere decir que, Rolando Zapata Bello y su grupo de secretarios de su gabinete legal y ampliado, se dedicaron a saquear a Yucatán, peor que lo hicieron Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, y Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo.

Aunque cabe mencionar que el Gobernador yucateco siempre fue parte de la comitiva de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) que estuvieron juntos los últimos años y se cuidaban las espaldas. Asistieron juntos en invitaciones a informes, eventos nacionales de la Conago, ferias turísticas nacionales e internacionales, siempre unidos en un «clan» en el cual también participaba Javier Duarte Jacquez, de Chihuahua; Rafael Moreno Rosas, de Puebla; Gabino Cué Monteagudo, de Oaxaca: Arturo Núñez, de Tabasco; y Fernando Ortega Bernés, de Campeche.

Tras la formación del «Clan» de gobernadores durante el sexenio pasado, con la cortina de humo llamada Conago, los mandatarios buscaron la manera de saquear sus estados con «permisos»; Rolando Zapata no siguió las técnicas de Roberto Borge, ni de Javier Duarte, pero si algunas de Graniel, al utilizar empleados, entregar dádivas y prestanombres a poca escala para magnificar los sueldos y obtener ganancias gigantescas.

El exmandatario, durante seis años de mal Gobierno, estuvo cavando la tumba del PRI. Nunca se imaginó que los yucatecos tienen memoria y que llegaría el momento de ajustar cuentas.

Rolando dejó un cascarón de partido, sobre todo cuando pactó con Vila para no ser investigado. Sus militantes y dirigentes repudiaron esa actitud de complicidad.

Resulta inaceptable que la Contraloría General del Estado, a cargo de Lizbeth Basto Avilés, denunció a la administración del Gobernador Rolando Zapata Bello por supuestos actos de corrupción y que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, José Enrique Golf Ailloud, salga con los trillados argumentos de que las investigaciones siguen en curso.

OTRO DESATINO PARA HUNDIR AL PRI

Y es que el Gobierno de Mauricio Vila Dosal parece tener un pacto de complicidad y protección con los exgobernantes anteriores, en especial con Zapata Bello; si el delito hubiera sido cometido por ciudadanos comunes y corrientes, los inculpados no sólo serían condenados penalmente, sino tendrían que cubrir los costos procesales y honorarios de los abogados.

Pero, como las denuncias fueron contra funcionarios del Gobierno de Rolando Zapata Bello hasta se olvidaron que recursos del erario fueron jineteados durante más de seis meses.

Derivado de la auditoría del Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán, resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública, se estima una posible afectación de mil 169.5 millones de pesos a la Hacienda Pública.

Cabe recalcar que dicho monto no necesariamente implica una recuperación, daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o, en su caso, al patrimonio de la Entidad Fiscalizada, pues se encuentra sujeta a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos en la normatividad aplicable.

La ASEY señaló que, como resultado del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública, no fueron impuestas multas a la presente Entidad Fiscalizada.

En la auditoría se señala que, de la revisión de la balanza de comprobación, auxiliares de cuentas contables, pólizas de registro contable y estados de cuentas bancarios se detectaron saldos por un importe 986.1 millones de pesos al 31 de diciembre del 2018 en la cuenta contable «1-1-2-6 Préstamos otorgados a C.P.», correspondiente a los movimientos realizados durante el ejercicio 2018.

La Entidad Fiscalizada no proporcionó evidencia de haber realizado, por lo menos una vez al semestre, el análisis de las cuentas pendientes por cobrar, a fin de evaluar su comportamiento, acciones de cobro o la revisión de las fichas de depósitos de los reintegros y los estados de cuenta bancario, y en su caso, las gestiones necesarias para la depuración, o bien, la reclasificación o cancelación de saldos.

HERENCIA MALDITA

Las numerosas anomalías que heredó Ortega Pacheco no fueron perseguidas por su sucesor, pues hubo un pacto de no agresión y, ahora, el Gobernador Mauricio Vila Dosal es cómplice de las corrupciones de sus antecesores, pues a pesar de las numerosas denuncias interpuestas, así como de las diversas pruebas en contra de sus dos antecesores, hasta el momento ninguna ha procedido conforme a derecho.

Entre las obras polémicas de Ortega Pacheco está el inconcluso Palacio de la Civilización Maya, en Yaxcabá, así como el oneroso Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

A casi una década de que la edificación del Palacio de la Civilización Maya se suspendiera y éste quedara convertido en un «elefante blanco», la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló al menos 13 irregularidades en los 92 millones de pesos de recursos federales destinados al Gobierno de Yucatán para su construcción.

Entre éstas destaca que la Entidad no comprobó 20.2 millones de pesos de los 22 millones ministrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y no se identificó el origen o procedencia de 18.9 millones de pesos, según dictaminó la ASF en su revisión final de la Cuenta Pública 2017.

El Palacio de la Civilización Maya fue anunciado en el 2009 como un museo por la entonces Gobernadora priista y ahora militante de Movimiento Ciudadano.

La auditoría a la construcción del Palacio Maya se realizó luego de que en el 2017 la ASF recibió una denuncia con documentos y evidencias de presuntas anomalías

La primera piedra se colocó el 22 de diciembre de ese mismo año en Yaxcabá, a lado de un cenote, en las inmediaciones de Chichén Itzá.

En el acto oficial, donde arrancaron los trabajos, Ortega Pacheco, vestida de sacerdotisa maya, explicó que el proyecto tendría tres etapas y que las partes más importantes quedarían listas antes de que terminara su administración, en 2012.

A corto plazo se esperaba que la edificación atrajera a 500 mil turistas adicionales al Estado.

«Es momento de que, desde Yucatán, con esta gran obra, volvamos a inspirar a los mexicanos y digamos a todo el país que aquí se siguen haciendo grandes obras», dijo en ese entonces la mandataria estatal.

Para este megaproyecto, llamado «Disneylandia maya» por la misma Ortega Pacheco, el Gobierno del Estado de Yucatán recibió 92 millones de pesos de recursos federales, de acuerdo con la información de la ASF, dada a conocer en febrero de 2019.

Aunque se contemplaba construir un museo de 72 millones de metros cuadrados y un monto de inversión de 626 mil 465 millones de pesos (costo en 2009), la obra quedó suspendida al encontrase basamentos prehispánicos en la zona, indicaron los resultados de la Auditoría.

De acuerdo con el informe de la ASF, el beneficio principal del proyecto era generar conocimiento y aprecio de la civilización maya a través de una oferta de turismo cultural en la zona y generar mejores condiciones de infraestructura para extender la estancia de los visitantes y sus oportunidades de gasto.

Lo anterior daría como resultado la progresiva instalación de nuevas unidades económicas de servicio, el desarrollo de servicios públicos y el consecuente incremento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios de la región, pero nada se cumplió.

«De la revisión a la obra se observó que la primera etapa concluyó en agosto de 2011 y no se continuó con la ejecución del proyecto en sus etapas posteriores, por lo que ésta permanece en abandono, sin utilidad pública y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población», señaló la ASF en el apartado de consecuencias sociales.

Los resultados de la auditoria, que fiscalizaron y verificaron los recursos federales canalizados al proyecto en los ejercicios fiscales de 2007 a 2009, concluyeron que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Entre las irregularidades, la ASF destacó que de los 70 millones de pesos suministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se detectó un monto de 73.7 millones de pesos ejercido después de la conclusión del calendario autorizado por la dependencia.

En esa misma cifra se incluyeron 2.5 millones de pesos pagados indebidamente por conceptos de gastos no recuperables que representaron el 35.6 por ciento del valor del contrato para la elaboración del proyecto ejecutivo por 7.08 millones de pesos y 9.5 millones pagados por conceptos fuera del catálogo, sin los apoyos necesarios para su revisión, conciliación y autorización en el contrato.

Un monto por 92 millones de pesos entregó la SHCP al Gobierno de Yucatán para la construcción del Palacio.

Otra más de las anomalías es que tampoco se acreditó la propiedad de los terrenos, donde se desplantaron el estacionamiento como los edificios de la primera etapa.

La auditoría a la «Construcción del Palacio de la Civilización Maya, Museo Universal», se realizó luego de que, en 2017, la ASF recibió una denuncia con documentos y evidencias de presuntas irregularidades en el uso de recursos federales destinados al proyecto en Yaxcabá.

El proyecto del palacio tendría tres etapas, pero sólo se concluyó una, y tras un análisis de la Auditoría se determinó que había los elementos para fiscalizar la situación financiera de los recursos federales a la obra.

ONEROSO MUSEO

Casi a la par del Palacio de la Civilización Maya, la administración de Ivonne Ortega también planificó el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el cual fue inaugurado inconcluso el 21 de diciembre de 2012, a días de que la entonces Gobernadora terminara su mandato.

De acuerdo con lo documentado en ese entonces, el inmueble tenía aún muros sin aplanar, andamios, polvo y cascajo al momento de abrir sus puertas al público.

Además, se acusó que se trasladaron piezas del Museo de Antropología Palacio G. Cantón, a cargo del INAH, para llenarlo.

Ese proyecto tuvo un costo oficial de 790 millones de pesos, aunque originalmente se proyectó en 143 millones.

Cabe resaltar que fue el primero realizado bajo el esquema Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), es decir, la iniciativa privada se encargaría de su construcción y el Gobierno del financiamiento para su operación.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Yucatán, en el 2014 el Gobierno Estatal se comprometió a transferir al museo más de 221.1 millones de pesos anuales durante 21 años

El complejo fue la sede del tercer debate presidencial el pasado 12 de junio, en el que se abordaron los temas de la economía y el desarrollo.

Recientemente, 14 de julio de 2020, en la celebración del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, la LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 19 votos a favor, cuatro en contra y una abstención (considerada por ley voto en contra), autorizar al Poder Ejecutivo de Yucatán modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

La autorización solicitada al Poder Ejecutivo es para modificar la cláusula de terminación anticipada, para permitir al Estado concluir el contrato con un mecanismo de pago por compensación distinto al estipulado actualmente.

El contrato actual establece que, en caso de terminación anticipada del contrato, el Estado pagará en una sola exhibición dos mil 981 millones de pesos. En cambio, una vez modificado el contrato, el Estado estará en posibilidades de dar por terminado el contrato y el pago será en parcialidades, logrando, además, un ahorro de mil 479 millones de pesos.

De tal manera, Vila Dosal resolvió el problema de Ortega Pacheco y Zapata Bello, como parte de una estrategia pactada.