Por. J. Jesús Lemus
Mientras las narrativas institucionales celebran reducciones porcentuales en las tasas de homicidio y exhiben ante la comunidad internacional incautaciones de laboratorio como trofeos de guerra, la cotidianidad del ciudadano expone una realidad radicalmente distinta. En las avenidas de Culiacán, en los huertos de la Tierra Caliente michoacana, en las carreteras del Bajío y en las sierras del norte del país, el crimen organizado ha transitado de la confrontación estruendosa a una fase de dominio estructural continuo, donde la violencia no disminuye, sino que se administra con precisión quirúrgica.
El primer gran desacople entre la estadística oficial y la experiencia en el territorio se evidencia en la manipulación indirecta del indicador más sensible de la seguridad pública: el homicidio doloso. Durante administraciones consecutivas, la cifra de ejecuciones ha funcionado como el termómetro definitivo para medir la efectividad de los despliegues militares y policiacos.
Sin embargo, las dinámicas operativas de las organizaciones criminales han evolucionado para neutralizar el impacto delictivo visible. Facciones de peso histórico como el Cártel de Sinaloa, con sus vertientes enfrentadas de Los Chapitos y La Mayiza, junto con redes locales operativas en Guanajuato como el Cártel Santa Rosa de Lima y células del Cártel Jalisco Nueva Generación, transformaron su protocolo de erradicación de rivales.
Desaparición forzada, una estrategia
Dejar un cuerpo con marcas de tortura en una vía pública genera una reacción inmediata: cobertura mediática focalizada, exigencias de justicia desde la sociedad civil y el consecuente envío de contingentes de la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano.
Para evitar esa disrupción militar y sostener la ilusión de calma en los municipios bajo su control, las estructuras delictivas desplazaron la ejecución abierta hacia la desaparición forzada e invisibilización sistemática de las víctimas. Los rivales capturados, los sospechosos de filtración y los ciudadanos que se niegan a pagar cuotas son trasladados a sitios clandestinos de exterminio donde sus restos son ocultados en fosas, disueltos en químicos o incinerados en rastros improvisados.
Esta modificación operativa genera una distorsión cuantitativa grave. Al cruzar los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las bases de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y los informes de campo de los colectivos de madres buscadoras en zonas convulsionadas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Sonora, la paradoja se vuelve innegable.
La caída en las carpetas de investigación por homicidio coincide casi simétricamente con el repunte en los reportes de personas no localizadas. La violencia letal no se detuvo; simplemente fue borrada de la contabilidad oficial que califica el desempeño de gobernadores y alcaldes.
La tecnología al servicio del crimen
El segundo eje de esta reconfiguración abarca el salto tecnológico y la transformación táctica de los grupos delictivos frente al aparato del Estado. La imagen tradicional del enfrentamiento entre camionetas con gente armada en caminos de terracería ha quedado obsoleta en los frentes de conflicto abierto.
En regiones estratégicas como la Tierra Caliente de Michoacán y las zonas limítrofes entre Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Los Blancos de Troya han establecido unidades de ingeniería de campo especializadas en la modificación y despliegue de tecnología militarizada.
El uso de drones comerciales adaptados para cargar e impactar artefactos explosivos improvisados con cargas C4 o pólvora prensada revolucionó el combate territorial. Estas unidades no solo se emplean para atacar posiciones de bandas rivales, sino también para supervisar desplazamientos de tropas oficiales y bombardear campamentos o instalaciones policiales sin arriesgar la vida de los cuadros operativos.
A esto se suma el despliegue de minas terrestres de fabricación casera en brechas rurales y caminos de cultivo, inutilizando vehículos blindados oficiales y aterrorizando a las comunidades agrícolas que intentan acceder a sus tierras.
En el plano electromagnético, las facciones delictivas edificaron una infraestructura de comunicaciones que incluye la instalación de antenas de alta frecuencia en cumbres estratégicas, el uso de redes cerradas de telefonía satelital e inhibidores de señal para inutilizar los sistemas de rastreo y los drones de reconocimiento del Gobierno Federal.
El resultado de esta paridad o incluso superioridad tecnológica en ciertos teatros de operaciones es la fragmentación del territorio nacional en microcantones. En estos espacios, la movilidad de los habitantes, los horarios de tránsito, la conectividad y la vigilancia no se rigen por las normas constitucionales, sino por los controles que ejerce la guardia perimetral del cártel dominante.
La recaudación obligada
Más allá de la capacidad bélica, el pilar central de la estabilidad criminal reside en la transformación de su modelo económico, migrando del tráfico transfronterizo tradicional a la construcción de un sistema de administración tributaria de facto. Históricamente, el éxito en la lucha contra el crimen se ha medido por las toneladas de drogas sintéticas confiscadas o los capos extraditados.
No obstante, en la microeconomía de los municipios intervenidos, la principal fuente de ingresos del crimen organizado ha pasado a ser la extorsión sobre el comercio lícito y el control absoluto de los mercados básicos.
En los sectores agrícolas más productivos del país, como la franja limonera y aguacatera de Michoacán o las zonas productoras de hortalizas en el Bajío y el Estado de México, carteles como el CJNG, Los Caballeros Templarios y células locales aplican esquemas de cobro de piso a cada eslabón de la cadena de valor.
El grupo criminal impone una tarifa obligatoria por kilo cosechado al agricultor, cobra una comisión al transportista por el derecho de tránsito y determina el margen de ganancia que las empacadoras pueden aplicar. Quien intenta vender fuera de las rutas autorizadas o se niega a pagar la cuota enfrenta la quema de sus bodegas, el secuestro de sus choferes o el asesinato directo.
Este dominio económico se extiende hasta el consumo cotidiano de las familias. En decenas de localidades de Guerrero, Veracruz y Sinaloa, las bandas criminales controlan la venta y distribución de insumos esenciales como la tortilla, la carne de pollo, la cerveza, el huevo y los materiales de construcción.
Los comerciantes están obligados a comprar la mercancía a proveedores designados por el cartel a precios inflados de forma artificial. Esta captura de los mercados primarios le asegura al crimen organizado un flujo de efectivo constante, predecible e inmune a las intercepciones en la frontera con Estados Unidos o a la caída en el valor comercial del fentanilo y las metanfetaminas.
La imposición de la agenda transnacional
Finalmente, esta dinámica de control territorial está atravesada por el factor de la presión internacional, donde la agenda de seguridad interna del país es modelada de forma continua por la diplomacia y las exigencias de los Estados Unidos. Con el fentanilo posicionado como la principal crisis de salud pública y seguridad nacional en el debate político estadounidense, el Departamento de Justicia y la administración antidrogas ejercen una supervisión constante sobre la efectividad de la estrategia mexicana.
La amenaza de sanciones comerciales, la presión en periodos electorales y la exigencia de extradiciones aceleradas obligan a las autoridades mexicanas a dirigir sus esfuerzos hacia operativos vistosos en zonas urbanas o decomisos masivos de precursores químicos para cumplir con los estándares internacionales.
Sin embargo, las investigaciones desarrolladas en cortes federales estadounidenses exponen la fragilidad del discurso triunfalista local. Las carpetas de investigación abiertas contra redes de lavado de dinero, las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros a empresas fachada y la revocación constante de visados a mandos policiacos, alcaldes y funcionarios estatales ponen de manifiesto la existencia de una compleja red de complicidad institucional.
Sin la protección burocrática ni la cobertura policial local, la expansión del cobro de piso y la instalación de infraestructura militarizada por parte de los carteles sería inviable.
El panorama analítico revela así una realidad incómoda pero indispensable para comprender el conflicto actual: el repliegue de la violencia abierta no responde a un restablecimiento de la soberanía estatal ni a la derrota de las bandas delictivas. Es, en cambio, la prueba de que el crimen organizado ha alcanzado un nivel de gobernanza local tan profundo y perfeccionado que el uso constante del fuego resulta innecesario cuando el control sobre la vida, la economía y las instituciones se ejerce en silencio.
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