DIGNA OCHOA: EL SEGURO DE VIDA

*Con esto mermaron las posibilidades de que se demostrase el suicidio, porque se habría tenido que devolver los cuarenta o cincuenta mil dólares de un seguro de vida, cobrado por una de las hermanas de Digna Ochoa

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

(Segunda de siete partes)

Ciudad de México.- La verdad se abrió paso con lentitud porque los parientes de la licenciada inmediatamente se colocaron del lado de los escépticos, nadie los convencería de que Digna Ochoa no fue ejecutada por sus defensorías antigubernamentales.

Y menos se abrirían ante la posibilidad de que se demostrase el suicidio, porque se habría tenido que devolver los cuarenta o cincuenta mil dólares de un seguro de vida, cobrado por una de las hermanas de la señora.

Wikipedia pone a disposición información en internet sobre la vida de Digna Ochoa y Plácido, plasmando que nació el 15 de mayo de 1964, al paso del tiempo asistió a la Facultad de Derecho en Casa Ricardo Xalapa, Veracruz, en 1984 y empezó a trabajar a tiempo parcial en la oficina del Procurador de Veracruz en 1986.

El 16 de agosto de 1988, comprometida políticamente con grupos de oposición y después de advertir a su familia que había encontrado una “lista negra” de activistas políticos en la Procuraduría, “fue secuestrada en Xalapa por oficiales de policía estatales y que fue violada”. No hubo ninguna investigación sobre sus alegaciones.

En 1991 entró en el convento dominicano de la Palabra Encarnada, donde estudió hasta 1999, dejó el convento sin tomar los votos.

En 1996 Amnistía Internacional alerta sobre las amenazas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la abogada Pilar Noriega, a quienes buscaban intimidar por su participación en la defensa de supuestos zapatistas, “considerada prisión de conciencia”.

En 1999, Digna Ochoa fue secuestrada en su propio domicilio por desconocidos, quienes la interrogaron sobre sus actividades en el centro de derechos humanos, “Miguel Agustín Pro”, respecto a la defensa de presos y sobre casas de seguridad de los movimientos armados en México.

También recibió “mensajes anónimos con amenazas de muerte en las oficinas del centro”. El 17 de noviembre de ese año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas provisionales para “proteger la vida y la integridad física de Digna Ochoa y demás miembros del PRODH”.

Para resguardar su integridad, en 2000 se traslada a Estados Unidos, en 2001 decide regresar a México, y se encarga del caso de los hermanos Cerezo Contreras, estudiantes universitarios detenidos el 13 de agosto de 2001, acusados de detonar bombas en sucursales de Banamex de la Ciudad de México y también se ocupa del caso de campesinos ecologistas presos en el Estado de Guerrero.

El 19 de octubre de 2001 murió de manera violenta. “Si bien los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue por homicidio, la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal difundió una compleja tesis de suicidio y se dio por cerrado el caso”.

En su cuerpo había dos heridas de bala de calibre .22, una en la pierna izquierda y la mortal en la cabeza, del lado izquierdo. En el año 2005, a petición de sus familiares, el cadáver fue exhumado, ya que consideraban “improbable” que se tratara de un suicidio.

Sin prueba alguna, Wikipedia informa que “algunas indagaciones, indican que tras el presunto asesinato de Digna Ochoa se encuentran caciques y militares, afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía”.

El 15 de marzo de 2007, en la sierra de Petatlán, Guerrero, “un campesino” da a conocer información que señalaba al ganadero y expresidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada.

La reportera Sofía Viramontes informó el 13 de octubre de 2018, que el 19 de octubre del 2001, Digna Ochoa y Plácido fue asesinada, en su despacho de la Colonia Roma, en el número 31-A, de la calle Zacatecas. Sin embargo, el 19 de julio de 2002, la Procuraduría General de Justicia dijo que Digna Ochoa había cometido un “suicidio disimulado”.

Margarita Guerra y Tejada, fiscal encargada de la investigación que duró casi 11 meses, dijo que esta declaración estaba sustentada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”.

Como se comprende, Sofía Viramontes está convencida de que Digna Ochoa fue victimada y sus jefes ordenaron “cabecear” su nota así: “Digna Ochoa, emblema de la impunidad mexicana. Fue ASESINADA por defender a los más débiles y su caso sigue impune”.

Sin embargo, añadió que Guerra y Tejada dijo ese año que uno de los hechos más contundentes para confirmar el suicidio fueron un diario íntimo y correos electrónicos que le enviaba a sus amigos: “Ella hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de períodos largos de depresión que, cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de un especialista, pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que fue lo que pasó”.

Cuatro años después de su muerte y de que el gobierno diera por cierto que la defensora de los derechos humanos se había suicidado, la familia Ochoa y Plácido pidió que el cuerpo fuera exhumado y se reabriera la investigación. Esta vez, la indagatoria concluyó que “No era posible descartar el asesinato”. Sin embargo, no se culpó ni procesó a nadie.

Por su parte, oportunamente, el reportero Lemic Madrid, de Milenio, informó que la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, desconocía cómo ingresó al país la extraña arma con que se perpetró el homicidio de la abogada Digna Ochoa y Plácido.

El maestro Bernardo Bátiz, titular de la dependencia, reveló que ninguna autoridad federal tenía registro alguno de la pistola semiautomática, calibre .22, de origen checoslovaco y que era propiedad de la defensora de los derechos humanos.

Al término de una reunión del gabinete de Gobierno y Seguridad, indicó el maestro Bátiz que para descubrir la ruta de ingreso se solicitó la colaboración del país de origen del arma, entre otros, pero la respuesta fue la misma.

“Nosotros solicitamos a la Secretaría de la Defensa Nacional que nos informara si había un registro del arma y la respuesta es que no. Asimismo, a otras oficinas del extranjero, Estados Unidos, especialmente, si había un registro del arma para ver si sabían cómo había llegado al país, y todas esas pesquisas han sido negativas”, explicó.

El maestro Bernardo Bátiz Vázquez agregó que el grupo especial encargado de las investigaciones, no había logrado establecer la ruta específica de cómo la abogada obtuvo el arma fabricada en los años cincuenta y tampoco si sabía cómo manejarla o si contaba con alguna licencia, “sobre el asunto ya les dije, que el arma es de ella y nada más”.

Aclaró que por tratarse de un homicidio de un ciudadano que no tenía vínculos con el poder federal y un arma de calibre pequeño con la que se cometió el asesinato – Eso diría Bátiz, el caso continuaría bajo su responsabilidad, “vamos a mantenerlo, como un delito del orden común”.

Si eso dijo el Procurador, con razón fracasaron las averiguaciones. Por esas mismas fechas, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, “exigió” a la Procuraduría capitalina agotar las líneas de investigación en el caso de Digna Ochoa, “porque lo que la sociedad quiere es conocer la verdad”.

Agregó que habían pasado muchos meses del “crimen” y la población reclamaba resultados, porque “se agotaba la fe en la procuración de justicia”.

Advirtió el entonces funcionario que “por el momento dejarían que fuese la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, la que siguiera atenta a ese asunto, pero que si no se veían resultados pronto, tendremos que intervenir en el caso Digna Ochoa, porque ya hay un expediente por amenazas”.