Por. J. Jesús Lemus
La política exterior y la estrategia de desarrollo económico de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum revelan una marcada tensión entre la narrativa política de autodeterminación nacional y las exigencias pragmáticas de la economía globalizada.
Por un lado, la retórica oficial enarbola de manera vehemente el principio de no injerencismo y la defensa de la soberanía frente a las presiones del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.
Por el otro, la implementación de proyectos emblemáticos como el Plan México, el Plan Nacional de Fomento a la Siderurgia y la apertura a la extracción de gas mediante la fractura hidráulica sugieren una profunda integración de los recursos estratégicos del país a las dinámicas del capital transnacional.
Este contraste invita a realizar un análisis riguroso sobre las verdaderas implicaciones geopolíticas, jurídicas y económicas del proyecto de Estado que se está configurando.
Desde la perspectiva del discurso del Ejecutivo, el apego inflexible a la Doctrina Estrada y la apelación constante a la soberanía nacional se presentan como escudos éticos frente a las demandas de Washington.
No obstante, en el contexto de las fricciones geopolíticas recientes, destaca la intransigencia discursiva ante señalamientos dirigidos hacia figuras del oficialismo —como el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, o el legislador ex de Morena Enrique Inzunza— podría estar funcionando más como una táctica de blindaje partidista que como un verdadero principio de Estado.
Al calificar cualquier reclamo de cooperación en investigaciones sobre redes de criminalidad transnacional como un intento de avasallamiento extranjero, el discurso sobre la dignidad patricia corre el riesgo de Instrumentalizarse para inhibir la rendición de cuentas interna.
Esta lógica crea un cerco defensivo donde la soberanía no se define por el fortalecimiento de las instituciones democráticas ni por la depuración de las estructuras de poder local, sino por la capacidad del grupo en el gobierno para repeler la fiscalización externa e interna.
En agudo contraste con esta postura monolítica ante la presión política exterior, la vertiente económica de la gestión muestra una flexibilidad estructural que contradice la idea de un aislamiento autárquico o de un nacionalismo de contención.
En lo económico: bienvenidos extranjeros
El Plan México, concebido como el motor de la política industrial para el sexenio, parte del aprovechamiento del fenómeno de relocalización de cadenas productivas o nearshoring. No obstante, el diseño de este marco presupone la entrega de incentivos regulatorios, fiscales y concesiones territoriales para que cientos de firmas internacionales se instalen e inviertan en la explotación directa e indirecta de insumos nacionales.
La atracción de este volumen masivo de capital extranjero requiere adecuar las normas sobre uso del suelo, abastecimiento hídrico y matriz energética a los requerimientos de corporaciones multinacionales, lo que en la práctica deriva en una subordinación de la gestión territorial pública a las prioridades del mercado global.
El viraje técnico y político que rodea la política energética ilustra con claridad esta ambivalencia. A pesar de los compromisos previos sobre la prohibición de métodos invasivos de extracción, la apertura a la exploración y producción de gas no convencional mediante fractura hidráulica o Fracking —presentada bajo esquemas de alianzas técnicas o de financiamiento— busca reducir la drástica dependencia del gas natural importado.
Si bien el argumento gubernamental sostiene que la soberanía energética requiere explotar las reservas del subsuelo nacional, la viabilidad financiera y tecnológica de estos proyectos depende ineludiblemente de esquemas de asociación con grandes firmas del sector energético transnacional. De este modo, la supuesta emancipación energética se logra mediante la transferencia de derechos de explotación del subsuelo a actores privados globales, con los consecuentes costos ambientales e hídricos para las regiones involucradas.
Por su parte, la articulación del Plan Nacional de Fomento a la Siderurgia responde a la imperiosa necesidad de amortiguar las fricciones comerciales internacionales, preservando la cuota de mercado del acero en Norteamérica. Si bien el plan se promueve como una estrategia de sustitución de importaciones para dinamizar el mercado interno, su viabilidad descansa en la integración de cadenas globales de valor integradas por conglomerados siderúrgicos e industriales transnacionales.
En este engranaje, el Estado actúa como un facilitador que garantiza insumos baratos, infraestructura pública ad hoc y certidumbre jurídica para las grandes corporaciones, relegando la soberanía a un concepto subordinado al flujo ininterrumpido de las exportaciones y la competitividad manufacturera.
La Paradoja de la Patria
Al contraponer ambas dimensiones —la política interna y la estrategia geoeconómica— se evidencia una aparente paradoja que resulta central para comprender el momento político actual. La soberanía se defiende con vehemencia retórica cuando se trata de contener cuestionamientos sobre la integridad de la clase política o el control de las instituciones judiciales, pero se redefine en términos sumamente permeables cuando el capital internacional requiere acceso a bienes comunes, energía y territorio para garantizar la estabilidad económica.
El nacionalismo se despliega como una herramienta de cohesión y protección del grupo en el poder, mientras que la economía real opera en función de un modelo de inserción extractiva y manufacturera dependiente de los grandes centros de decisiones extranjeras.
Así, la posición gubernamental sugiere que la retórica sobre la defensa estricta de la patria y el rechazo al injerencismo funciona de manera asimétrica. Mientras que la soberanía política se esgrime para resguardar a aliados cuestionados y evadir escrutinios de seguridad trasnacional, la soberanía territorial y económica se adapta a través de licitaciones, concesiones y ofertas de insumos a favor de los mercados financieros internacionales.
La distancia entre el discurso de resistencia frente a las presiones de Washington y la realidad de una política económica orientada a la atracción concesionaria de capitales evidencia que, bajo el esquema actual, la autonomía nacional corre el riesgo de quedar reducida a un recurso puramente político y simbólico.
