Edomex: el reino de La Familia Michoacana

El cártel de La Familia Michoacana ha impuesto su ley y su poder en el Estado de México, actualmente gobernado por Delfina Gómez, del partido MORENA

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Estado de México.- El crimen organizado manda en el Estado de México. Así lo demuestran los informes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, diagnósticos de la DEA –la agencia antidrogas de Estados Unidos– y hechos de violencia como la masacre ocurrida el pasado 8 de diciembre en el municipio de Texcaltitlán, donde campesinos armados con machetes asesinaron a once miembros del cártel de La Familia Michoacana que pretendían cobrarles derecho de piso.

Entre los criminales acribillados figura Rigoberto de la Sancha Santillán, identificado por las autoridades del Estado de México como “El Payaso” y jefe de una célula criminal de La Familia Michoacana que operaba al sur de esa entidad.

Todo comenzó cuando los campesinos –en su mayoría productores de chícharo, haba y avena– fueron convocados a una reunión por parte del grupo criminal. Los elementos de La Familia Michoacana, encabezados por “El Payaso” exigían a los campesinos diez mil pesos por hectárea cultivada de cualquiera de los productos agrícolas que siembran y cosechan.

En la primera reunión, celebrada en un campo de béisbol, los productores trataron de sensibilizar a los delincuentes: les dijeron que en este año les había ido mal debido a las escasas lluvias; que el precio de garantía de sus productos había bajado y que no podían cubrir la cuota que exigían.

En esa ocasión, las cosas no derivaron en violencia, pero los agricultores fueron nuevamente llamados a una reunión por parte de los integrantes de La Familia Michoacana, el cártel que domina en el Estado de México.

Los campesinos acudieron, otra vez, al campo deportivo. Pero en la reunión del pasado 8 de diciembre asistieron armados. Llevaban machetes afilados, hoces, puñales y otras armas punzocortantes. En el momento en que los criminales les dijeron que debían pagar la cuota fijada, los agricultores –que superaban a sus enemigos en número– se abalanzaron contra los criminales y se desató la violencia.

A machetazos, los campesinos mataron a Rigoberto de la Sancha Santillán, alias “El Payaso”, líder de la célula criminal y quien tenía una orden de aprehensión desde el 2022 por la masacre de doce agentes de seguridad del Estado de México ocurrida en Coatepec de Las Harinas tras perpetrar una emboscada.

En la masacre de Coatepec de Las Harinas fallecieron ocho policías de la Secretaría de Seguridad y cinco agentes de la Fiscalía Estatal; ahí mismo también fue asesinado un mono araña, presuntamente propiedad de un supuesto delincuente. El primate llamó la atención debido a que tenía una chamarra camuflada, un chaleco pequeño color negro tipo balístico y un pañal blanco.

En el enfrentamiento del pasado 8 de diciembre murieron cuatro habitantes del municipio de Texcapilla, entre otros, Noé Olivares Alpizar, delegado comunal y quien coordinó al grupo de campesinos que atacó a machetazos a miembros de La Familia Michoacana.

“El Payaso”, jefe de La Familia Michoacana, era buscado por la policía estatal. En 2022 hubo un operativo precisamente en Texcaltitlán para intentar detener a De la Sancha Santillán, pero logró escapar de la acción de la justicia.

Esas acciones se realizaron el 14 de junio de 2022 cuando un grupo de efectivos de la Fiscalía, apoyados por la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad comenzaron a perseguir al delincuente abatido el pasado 8 de diciembre. Tras el operativo perdieron la vida doce efectivos de la policía estatal. “El Payaso”, según reconoció la Fiscalía del Estado, logró escaparse por una vereda.

El cártel de La Familia Michoacana domina en casi todo el estado de México; está encabezado por Jhonny Hurtado, conocido en el mundo del hampa como “El Pez”. El grupo criminal tiene presencia, entre otros municipios, en Nopaltepec, San Felipe del Progreso, El Oro, Villa Victoria, Villa Allende, Hueypoxtla, Tejupilco, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Coacalco, Cuautitlán, Apaxco, Tepetlaoxtoc, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ecatzingo, Tonatico y Tlatlaya.

Y más: también operan en Axapusco, San Martín de Las Pirámides, Temascalcingo, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan, Jiquipilco, Tezoyuca, Xochitepec, Amecameca, Valle de Bravo y Zinacantepec.

La presencia de La Familia Michoacana se extiende, además, a Zacualpan, Coatepec, Malinalco, Metepec, Tianguistenco, Ocoyoacac, Toluca, Tenango del Valle, Atenco, Texcoco, La Paz, Luvianos, Neza y Chimalhuacán.

En todas estas demarcaciones, el cártel de La Familia Michoacana ha impuesto su ley. El cobro de piso, matanzas, terror, secuestros, desapariciones forzadas, robo de tierras, regenteo de giros negros, control de la piratería y el usufructo de la prostitución, pues obligan a mujeres de la llamada vida galante a pagarles cuota por cada relación sexual pagada que contratan.

La herencia de Alfredo del Mazo

La derrota del PRI en las pasadas elecciones cambió el escenario criminal en el Estado de México: ahora el cártel de Sinaloa se apresta a controlar esa entidad que, durante la etapa priista, estuvo dominada por el cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y La Familia Michoacana, grupos que impusieron su ley a base de matanzas, levantones y balaceras que ocurren tanto de día como de noche.

Con el triunfo de la profesora Delfina Gómez –quien lleva dos meses ejerciendo el cargo de gobernadora– ahora el Cártel de Sinaloa se apresta a tomar el control del Estado de México, así como ha ocurrido en varios estados donde gobierna el partido MORENA: Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo, entre otros.

El gobernador Alfredo del Mazo –a quien acusan de haber entregado la entidad a MORENA– heredó un estado plagado de muertos, cobro de piso, asesinatos y una corrupción atroz en las filas de la policía estatal y en la Fiscalía General de Justicia, donde las investigaciones se archivan para proteger a diversos personajes de la delincuencia organizada.

Además del cobro de piso –un impuesto que impusieron los cárteles en todo el Estado de México y en buena parte del país– en la entidad que gobernó el priista Alfredo del Mazo el crimen organizado tiene maniatada a la policía estatal y ahora los uniformados operan como sicarios al servicio de grupos criminales.

Se trata de agentes policiacos que, uniformados y patrullas con emblemas de la Fiscalía estatal, se desplazan por la entidad en busca de los rivales de los cárteles para los que trabajan; una vez que ubican a la víctima proceden a dispararle hasta que lo asesinan, o bien, lo detienen para entregarlo a los grupos rivales.

De acuerdo con algunas denuncias consultadas, estos agentes se mueven encapuchados y utilizan armamento de alto poder, como rifles AK-47 (Cuernos de Chivo) y hasta granadas de fragmentación. Algunos jefes del narcotráfico los acompañan para mostrarles a su rival y así proceder a su asesinato o secuestro.

Las denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía del Estado de México no prosperan debido a la fuerte corrupción, sostienen las denuncias.

En el Estado de México operan cinco cárteles de la droga, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Estos son: Cártel de Jalisco, Viagras, Familia Michoacana, Sinaloa y Los Caballeros Templarios. Este último grupo criminal se ha reforzado con sicarios y también con apoyo oficial.

La entidad que gobernó Alfredo del Mazo, y que actualmente está en manos de MORENA, es ya un territorio de cárteles que han desplegado su violencia por todo el territorio, cuna del llamado grupo Atlacomulco que representara el profesor Carlos Hank González en sus tiempos de gloria, aquel que inmortalizó la frase de que “un político pobre es un pobre político”.

El gobierno del Estado de México bien podría ser catalogado como una empresa criminal: con altos niveles de corrupción policiaca, esa entidad federativa se volvió muy atractiva para los grupos criminales: operan los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos, y, tras el triunfo electoral de MORENA, todo indica que las ramificaciones del grupo Sinaloa se afincaron en la entidad.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Estado de México concentra más grupos criminales que cualquier otra entidad. Estos grupos operan, con apoyo oficial, el tráfico de drogas y han azotado a la población con las extorsiones, secuestros, cobro de piso, tráfico de personas, venta de protección y asesinatos por encargo, una modalidad bastante socorrida en ese estado.

Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el mapa criminal no existe otra entidad federativa con mayor presencia de grupos dedicados al narcotráfico como en el Estado de México, territorio sin ley, tierra de nadie.

A lo largo y ancho de los 22 mil 500 kilómetros de territorio, los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Golfo disputan a sangre y fuego el control del tráfico de enervantes. Tanto de día como de noche son frecuentes las balaceras y asesinatos en demarcaciones como Tecámac y Ecatepec, los que concentran la mayor parte de esta narcodinámica.

Con base en la información de que dispone, la UIF considera que en el territorio nacional no existe otro estado donde haya tanta presencia de cárteles como ocurre en el Estado de México. En dicho territorio opera de todo: desde cárteles poderosos hasta células delictivas que han contribuido con su cuota de violencia: esa es la razón de que la entidad ocupa los primeros lugares a nivel nacional en homicidios, feminicidios, tráfico de drogas, extorsiones, robos y secuestros.

Las estadísticas de la UIF en tiempos de Santiago Nieto establecían que en México operan 19 cárteles, que ejercían violencia de “alto impacto” y dominaban el lavado de dinero.

De acuerdo con la UIF, en México existen 19 cárteles considerados como de “alto impacto” y que dominan el lavado de dinero. De este total de grupos criminales, ocho de ellos están afincados en el Estado de México. Un dato resalta: en lo que va del año se han presentado 2,400 casos de narcomenudeo, lo que revela que es un estado con elevado consumo de drogas, principalmente cocaína, marihuana y sustancias de diseño o sintéticas, como el fentanilo, la droga de moda.

Desde hace varias décadas, el Estado de México es refugio de capos, sicarios, narcotraficantes y ha cobijado a grandes redes de la delincuencia organizada. La Policía del Estado de México llegó a ser considerada, hasta hace una década, como una de las más corruptas y temibles del país, después de la de Tijuana en tiempos del alcalde Jorge Hank Rhon.

Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –éste fue gobernador de esa entidad–, el crimen organizado se empoderó abiertamente: durante años fue refugio de los hermanos Beltrán Leyva; también fue escondite de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su primera fuga del penal de Puente Grande, Jalisco. Y en su segunda huida, esta vez del penal de La Palma o Altiplano, situado en el Estado de México, fue auxiliado por su amplia red de cómplices para huir por un túnel, según la versión oficial.

El túnel por donde “El Chapo” huyó por segunda vez, en 2015, fue construido por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde el entonces poderoso jefe del Cártel de Sinaloa tenía muy buenas relaciones: precisamente a través de un avión de esa dependencia –un CD-9– el Cártel de Sinaloa transportó varias toneladas de cocaína procedente de Colombia que fueron desembarcadas en la terminal aérea de Ciudad del Carmen, Campeche. Agentes de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) habían organizado un amplio operativo en diversos aeropuertos para que el avión aterrizara sin contratiempos. Así se hizo, pero efectivos militares hallaron el cargamento y lo aseguraron. También detuvieron a los pilotos.

Para asegurar la droga, operadores de Sinaloa acudieron a las terminales de Toluca, Mérida, Nuevo León, entre otros, donde intentaron corromper tanto a militares como a funcionarios del área de aeronáutica civil. El objetivo era que el avión bajara en uno de esos aeropuertos para volverlo vuelo nacional. El avión después seguiría su curso hacia Toluca donde, con esa condición, ya no sería revisado por la Marina ni el Ejército sino por policías federales que ya habían sido corrompidas.

La herencia criminal

Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Estado de México operan una gran cantidad de grupos criminales. Los informes militares dan cuenta, por ejemplo, que actualmente el territorio mexiquense es asiento de los cárteles Unión Tepito, la fuerza Anti-Unión, Los Zetas, Cártel de Jalisco, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. Este último cártel opera también en Guerrero y Michoacán, tierras de elevada violencia criminal.

El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, explicó, en junio de 2022, el mapa criminal del Estado de México. Dijo, por ejemplo, que La Familia Michoacana es encabezada por Jonny Hurtado, a quien en el mundo del hampa se le conoce como “El Pez”. Este personaje estaba ligado a otro capo conocido como Álvaro Sánchez, cabecilla del cártel de los “Hermanos Sánchez”, protegidos en el Estado de México.

Álvaro Sánchez –conocido como “El Tartamudo”– fue abatido el 18 de abril de este año en su rancho “Los Tres Hermanos”, donde contaba con diez mil cabezas de ganado adquiridas en dos años. Su inmensa fortuna se atribuía al tráfico de enervantes: introducía una tonelada de cocaína cada semana a Estados Unidos en camiones de carga que después regresaban a México repletos de dólares y armas. Sánchez era protegido del gobierno de Alfredo del Mazo y de la Fiscalía del Estado.

Por su parte, los Caballeros Templarios –quienes controlan el norte del estado– están liderados por Rodolfo Maldonado Bustos, “Don José”; además, los cárteles Guerreros Unidos y el de Jalisco mantienen operaciones en el Valle de México, pero también controlan los municipios del noreste de la entidad mexiquense, la cual colinda con la Ciudad de México, donde también tienen fuerte presencia.

Con base en sus informes, Luis Crescencio Sandoval dijo que son once los municipios del Estado de México donde se concentra la mayor parte de la población y, por ello, esas demarcaciones registran las más altas tasas delictivas. Es el caso de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapán y Tultitlán. A esta lista se suman Tecámac y Los Reyes La Paz, territorios que están bajo el yugo criminal.

Estos municipios, según datos oficiales, concentran el 45 por ciento de la población mexiquense y también ocupan los primeros lugares en las estadísticas criminales. Pero lo más grave, según estos mismos datos, es que la mayor dinámica del crimen organizado y común se observa en Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Estas últimas demarcaciones colindan con la Ciudad de México, refugio de capos.

Los informes de la Sedena coinciden con los que aporta la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal: según estos informes, el cártel de La Familia Michoacana tiene presencia en 55 de los 125 municipios que conforman el Estado de México.

El Cártel de Jalisco, comandado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, controla 31 demarcaciones. Estos dos cárteles están confrontados por el dominio territorial, el mercado de drogas, el cobro de piso y rutas de trasiego. A base de balaceras, asesinatos, levantones, descuartizamiento de personas y entierros clandestinos –una forma de generar violencia y terror–los dos cárteles pretenden apoderarse del 44 por ciento del territorio restante.

El gobierno que encabeza Delfina Gómez no evade esta realidad: según los informes del gobierno estatal, son veinte los municipios los que concentran más del 70 por ciento de la actividad delictiva. En esos territorios operan La Familia Michoacana y el CJNG, dos cárteles hasta ahora imbatibles que son considerados por la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, como grupos terroristas.

Sinaloa invade territorio

Debido a su alta incidencia delictiva,  el Estado de México se ha convertido en “tierra de nadie”, paraíso del crimen y oasis de la impunidad.

La entidad se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional por el delito de extorsiones. Los informes oficiales aseguran que el cártel que más explota esta actividad es La Familia Michoacana. Pero eso no es todo: este grupo delictivo, cuyo asiento está en el estado de Michoacán –otro territorio asolado por el crimen y por la corrupción institucional– impone su ley al controlar también los precios de productos alimenticios, entre otros, la tortilla, el huevo, la carne, el pollo, y se asegura también mantener a raya a los comerciantes de materiales de construcción, a quienes les exigen cuotas. Algunos han aceptado negociar con el crimen; otros decidieron cerrar y marcharse del estado. Sin importar el giro, a los negocios también les imponen pago de piso.

Los mismos datos oficiales sostienen que, tan sólo en el 2022, el crimen extorsionó a unas 30 mil personas. Los montos: de cien mil pesos para arriba. Y las estadísticas revelan que este delito –uno de los más perturbadores– ha ido en aumento desde el año 2018 y 2019. Todo esto opera con apoyo policiaco, beneficiarios de estas extorsiones.

La masacre del pasado 8 de diciembre tiene un mensaje claro. Ante el Estado fallido, el pueblo puede empezar a tomar las armas para hacer justicia por su propia mano.

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