DURAZO, ¿BAJO LA MIRA DE LA DEA?

Ricardo Ravelo | La Opinión de México | Sol Quintana Roo | Sol Yucatán | Sol Campeche

(Tercera de seis partes)

Luego del escándalo desatado por la captura y liberación del general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) volvió a la carga: Ahora notificó al gobierno mexicano que está investigando por presuntos nexos criminales al exsecretario de Seguridad Pública y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Las investigaciones se habrían iniciado desde que Durazo era candidato a la gubernatura.

El exfuncionario federal negó ser investigado, como lo sostiene la DEA; pero con base en diversas fuentes consultadas la investigación de la agencia norteamericana se centra en los presuntos nexos que habría construido Durazo Montaño con el Cártel de Sinaloa, el grupo criminal que actualmente tiene bajo su control el tráfico de drogas en Sonora, la entidad que gobierna Durazo Montaño.

Después de las controversias y polémicas que causó el caso del general Cienfuegos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de ley al Congreso para reformar la Ley de Seguridad Nacional. El objetivo de la reforma fue limitar la actuación de la DEA en México.

Ahora los agentes estadounidenses que operan en el territorio deberán informar al gobierno mexicano sobre todas sus investigaciones; además, para portar armas tendrán que solicitar el permiso correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así, ajustados a este nuevo marco legal, la DEA le informó al gobierno federal que tiene un expediente abierto contra Alfonso Durazo, quien durante los dos primeros años del actual gobierno se desempeñó como secretario de Seguridad Pública. En ese lapso de tiempo se vio envuelto en asuntos escabrosos: La liberación de Ovidio Guzmán luego de ser capturado en la ciudad de Culiacán y un señalamiento público a través de un video en el que se le señala como una presunta pieza del Cártel Jalisco Nueva Generación. En este último caso, el presidente López Obrador descalificó la información.

La investigación de la DEA no es la primera contra Durazo Montaño. En el año 2005, cuando se desempeñaba como secretario particular de Vicente Fox, fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la infiltración del narcotráfico en Los Pinos a través de un viejo conocido de Durazo –Nahúm Acosta Lugo –quien fungía como jefe de área en la oficina presidencial.

De acuerdo con la investigación, Acosta Lugo recibió un soborno de cien mil dólares por pasar información a la organización Beltrán Leyva sobre la agenda del Presidente.

Por ese hecho, revelado en un audio donde presuntamente hablaba Arturo Beltrán y Nahúm Acosta, la PGR abrió un expediente y solicitó la comparecencia de Alfonso Durazo, Manuel Espino y Enrique Ruiz Sánchez, éste último era el coordinador de giras presidenciales y jefe directo de Acosta Lugo.

En aquel entonces la DEA le solicitó a la PGR intervenir todos los teléfonos de la residencia oficial de Los Pinos. El tema fue tratado entre José Luis Santiago Vasconcelos –entonces era el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– y el procurador Rafael Macedo de la Concha. La decisión fue no intervenir las comunicaciones de la casa presidencial.

Nahúm Acosta fue separado del cargo tras ser sujeto de investigación por presuntos nexos con el crimen. Luego apareció como jefe de prensa del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.

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