DIGNA OCHOA: DE SUICIDIO A “CRIMEN DE ESTADO”

*La confusión surgió desde que el Procurador Bernardo Bátiz se equivocó al considerar que un recado amenazador estaba dirigido al PRD, cuando realmente se refería al PRO, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

(Primera de siete partes)

Ciudad de México.- El intento incesante de convertir en “crímenes de Estado” todas las muertes sospechosas que se puedan atribuir al gobierno en México, se manifestó nuevamente al morir la activista Digna Ochoa (19 de octubre de 2001), a consecuencia de un disparo en el cráneo.

La confusión surgió desde que el Procurador Bernardo Bátiz se equivocó, al considerar que un recado amenazador estaba dirigido al PRD (Partido de la Revolución Democrática), cuando en realidad se refería al PRO, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El arma que disparó el proyectil mortal estaba debajo del cuerpo de la señora Ochoa, y provenía de una pistola checoslovaca de la Primera Guerra Mundial, según comentaron algunos conocedores.

Ese detalle significante provocó enormes dudas sobre la improbable comisión de “un crimen”, aparte de que algunos recados “amenazadores” contra Digna Ochoa estaban confeccionados con recortes de un ejemplar del diario La Jornada, que se encontró precisamente en la oficina de la activista.

No había indecisión sobre el origen de esos mensajes cortos: Digna Ochoa los elaboró para hacer creer que “su vida estaba en peligro”, como acostumbraba propalar de vez en cuando.

Pericialmente, se comprobó que los recortes se ajustaban con precisión al diario tijereteado, lo que prácticamente alejaba la sospecha de que algún desconocido hubiese entrado a la oficina, sin que la señora Ochoa hubiese gritado en demanda de auxilio.

Ese individuo en todo caso no habría tenido tiempo de callar sin violencia a la licenciada, de obligarla a entregar la vieja pistola checoslovaca, de hacer tres disparos, uno hacia una pierna de la activista, el segundo a un sillón y el tercero a la cabeza de Digna Ochoa, de levantar el cuerpo para ocultar abajo el arma y darse a la fuga, todo sin despertar alarma.

La profesionista esparció harina de trigo en su lugar de trabajo y se comprobó que poco antes de recibir los disparos, de calibre .22, tenía puesto un guante de látex y los criminalistas dedujeron, desde el inicio de las investigaciones, que la señora caminó hacia su escritorio (según las huellas del calzado) allí se dio un tiro en la pierna, se desplazó en seguida hacia un sillón y quizá se desplomó por el dolor.

Se recargó en el sillón, tomó la pistola con la otra mano y la volteó con el cargador hacia arriba, luego se dio un tiro en la cabeza y el proyectil quedó incrustado al otro lado, sin potencia para romper nuevamente el área ósea.

Así terminó la existencia de la señora Ochoa, antigua monja que parecía tener obsesión por demostrar que las fuerzas militares abusaban siempre de “los débiles”, y que los guerrilleros del momento tenían razones válidas para enfrentar al gobierno.

La licenciada llegó a defender a varios hermanos de apellido Cerezo, considerados presuntos responsables de colocar explosivos en bancos y comercios de la Ciudad de México.

También defendió a campesinos acusados de oponerse al poderío de “talamontes”, a uno de los cuales se buscaba porque la activista sospechaba de él como autor intelectual de agresiones en su contra.

Al principio de las averiguaciones se creía que Digna Ochoa pudo ser víctima de alguno de esos “opuesto”, incluso se justificaba la posesión de la anticuada pistola que alguien le hizo llegar “para que la utilizara en defensa propia”.

Entonces no se sabía mucho de su vida. Se ignoraba que en una ocasión acusó a un grupo de oficiales de policía estatales que “la secuestraron en X fecha y la mantuvieron sometida a torturas y violación”.

La realidad fue diferente: La señora Ochoa estaba refugiada en un convento yucateco, en la misma fecha que mencionó oficialmente como el lapso en que fue plagiada y ofendida.

El carácter de Digna Ochoa tampoco le ayudaba mucho, pues en el centro de Derechos Humanos, “Miguel Agustín Pro”, comenzó a exagerar las “persecuciones de militares” o de enemigos gratuitos que la “amenazaban de muerte” por sus actividades de defensoría.

El gobierno llegó a proporcionarle custodios, pero le advirtió que debía justificar siempre sus temores, entonces se molestó y dejó de ser protegida, por lo que se fue a Estados Unidos, donde alguna organización la tenía becada.

Por motivos desconocidos a la fecha, también perdió la beca y tuvo que regresar a México, en la época en que recordó que era dueña de una pistola checoslovaca y decidió “inventar” su asesinato.

En México se recuerda todavía el caso del ex magistrado Abraham Antonio Polo Uscanga, también se quitó la vida luego de preparar cuidadosamente la escena del “crimen”: su oficina. Obviamente, no hubo ninguna ejecución, pero casi todo hacía suponer que había sido asesinado “por instrucciones de algún político encumbrado”. En ese caso se culpó injustamente al titular del Tribunal Superior de Justicia.

La que algunos criminalistas inexpertos calificaron como “el arma homicida”, también apareció junto al cadáver del suicida, no tenía huellas digitales aprovechables y las manos de Polo Uscanga no se mancharon de residuos de pólvora, porque utilizó papel desechable para manipular el revólver, calibre .38, de la fábrica Taurus de Brasil.

Esa ocasión surgió la misma pregunta entre criminalistas: ¿Por qué un asesino, profesional o no, había de abandonar su arma? La respuesta era simple: no hubo ningún criminal, Polo Uscanga era propietario del revólver Taurus, lo había comprado en Tepito. Pero otro Procurador mediocre distorsionó las averiguaciones: envió el arma al FBI (tenía borrada la matrícula) “para intentar saber a quién pertenecía” (¿?).

En el asunto de Digna Ochoa, se repitieron circunstancias: en el piso había harina de trigo donde estaban marcadas únicamente las pisadas de Digna Ochoa, ninguna huella extraña.

Por lo tanto, ella se quitó la vida. En la oficina de Polo Uscanga, había polvo, mucho polvo y las únicas pisadas que encontró impresas un chofer al ubicar el cadáver de su jefe, eran precisamente las del ex magistrado, quedaba descartada automáticamente toda posibilidad de un “crimen de Estado”.

Pero, como la oposición al gobierno siempre aprovecha cualquier coyuntura “lógica” para acusar a las autoridades de “crimen de Estado”, en la tragedia de Digna Ochoa también metió su “mano negra” (como lo ha hecho desde hace cincuenta años) y escandalizó en los medios que, de por sí, eran finos para engañar a la sociedad.

No era difícil “convencer” a miles de lectores de que, efectivamente, Digna Ochoa fue “victimada”. Simplemente, en los pies de fotos periciales, se aseguraba (dos años antes de llegar a la conclusión del suicidio) que “así fue la trayectoria DE LAS BALAS ASESINAS”.

Y desde que se encontró el cuerpo sin vida de la licenciada Ochoa, hubo “declaracionitis” contra él o los victimarios, que no podían menos que ocultarse “en las sombras” porque había sido, “evidentemente”, un crimen de Estado.