DECRETO DE IMPUNIDAD

*El decreto, por el cual se devuelve a la Federación la Colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, es una farsa bien montada para proteger los ilícitos que cometió la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V. contra miles de familias

*De los más de 5 mil lotes que conforman la colonia, le son condonados más de 3 mil predios que comercializó de manera ilícita por la empresa fundada el difunto Francisco Rangel Castelazo y el exgobernador Joaquín Hendricks Díaz

Redacción/Sol Quintana Roo

Playa del Carmen.- La Federación no solo se hará cargo de las “migajas” de la colonia Colosio de Playa del Carmen, sino que oficializó la impunidad a los atropellos e ilegalidades que cometió la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V. en contra de cientos de familias.

Y es que el acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación el terreno nacional otorgado al poblado de Playa del Carmen, publicado el 16 de diciembre de 2021 solo beneficiará a un limitado número de familias que han tenido posesión de los más de 5 mil predios desde hace más de 25 años.

El decreto publicado en el Diario Oficial detalla la cantidad de lotes que serán los que pasarán a la administración federal, es decir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu), y cuantos le pertenecen a la Desarrolladora de la Riviera Maya, los cuales seguirá cobrando. De los 5 mil lotes, más de 3 mil ya le fueron regalados a la empresa usurera e invasora.

En el apartado seis del acuerdo se establece con claridad la impunidad que le otorgan a la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V., al señalar que “el presente acuerdo respetará los derechos adquiridos con posterioridad a este término y que fueron regularizados mediante el Gobierno del estado de Quintana Roo, así como la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V.

Los predios que son reconocidos como propiedad de la Derimaya son los que tienen “contrato de compraventa, escriturados con Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V.

Es decir que el acuerdo de la Federación le entrega a la Derimaya los predios escriturados por compraventa que ascienden a 1,162 predios; los 807 predios que son propiedad de Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V. aunque no tengan escrituras; además, los 913 que tienen contrato que se están pagando.

Además, también protegen a los 16 predios escriturados por contrato con el Instituto de Vivienda de Quintana Roo; los 2 escriturados en propiedad de Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V. (En donde están ubicadas las oficinas).

Asimismo, protege los 14 predios que están en posesión a través de terceros escriturados; los 23 lotes irregulares que no tienen contrato con la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V; otros 23 que tienen posesión a través de terceros irregulares; los 155 con subdivisión autorizada, y los 12 que tienen convenio de ocupación con el Instituto de Vivienda de Quintana Roo.

Es decir que los 3 mil 104 lotes que se adjudicó la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V., y otras secretarías estales, ya son cosa juzgada para la Federación, pues no se anuncia que al menos la empresa fundada por el difundo Francisco Rangel Castelazo y el exgobernador Joaquín Hendricks Díaz será sancionada o tendrá que realizar alguna indemnización a la Federación. Es más, no se sabe si cuando menos cumplió con sus “responsabilidades” ante la Secretaría de Hacienda.

Tampoco se habla de los políticos y empresarios especuladores e invasores que poseen hasta más de 20 lotes en diversas zonas de la colonia, cuando el terreno tenía como origen dar un lugar para vivir a miles de familias de bajos recursos.

Tampoco se habla sobre las denuncias de violentos despojos, amenazas de muerte, engaños y demás atropellos en los que incurrieron tanto la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V., así como algunos políticos que se aprovecharon de la ignorancia y la pobreza de algunas familias para quitarles lo que sería su patrimonio.

Cabe señalar que una buena parte de los restantes 2 mil predios están invadidos por empleados de empresarios, políticos, y comerciantes que están en espera de que los precios bajen para entrar en acción y apoderarse de más terrenos de la populosa colonia Luis Donaldo Colosio.

En principio, la noticia sobre el decreto se tomó como un acto de justicia. Sin embargo, ahora brota la realidad que se orienta más a aparentar un cumplimiento de promesa de campaña del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en devolverle al pueblo su patrimonio y hacer justicia y hacer que la empresa devuelva lo que no era suyo en un origen.

Y es que el 16 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto general en el que la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen era reincorporada al dominio pleno de la Nación en calidad de Terreno Nacional, por lo que queda fuera la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) S.A. de C.V. y ahora se hará cargo de administrar los lotes la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu).

En aquella publicación, se informó de la superficie restante de las mil 200 hectáreas cedidas gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del Carmen, que no se hubieren ajustado a los
Decretos publicados en fechas 2 de abril de 1973 y 15 de febrero de 1980.

Además, quedaba sin efectos jurídicos la cesión gratuita otorgada al Gobierno del entonces territorio de Quintana Roo, mediante Decreto del 19 de marzo de 1973, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del mismo año.
Otro de los acuerdos publicados señala que se reincorpora al dominio pleno de la Nación, en calidad de Terreno Nacional y bajo la administración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la superficie restante de las 1,200 hectáreas, que fueron cedidas para la creación del fundo legal del poblado Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, relacionado con los expedientes administrativos de terrenos nacionales números 134684-1, 134684-2 y 136477, ubicado actualmente en el municipio de Solidaridad.

Aclara quedan a salvo los derechos de los propietarios de los terrenos que hayan sido enajenados durante la vigencia de los decretos de 1973 ante el Gobierno del estado de Quintana Roo.

De igual forma se informó que se respetarán los derechos adquiridos con posterioridad a este término y que fueron regularizados mediante el Gobierno del estado de Quintana Roo, así como la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V.

Sin embargo, en el detalle que publicó la Sedetus se habla de las cantidades que se señalan arriba y le serán respetadas (léase entregadas), a la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V. y que equivalen a unos 3 mil lotes.
Un engaño, tras otro engaño para no hacer justicia.

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