CAOS PETROLERO: DANZA DE MILLONES, EN PEMEX
*Se obtuvo una lista que enumeraba las cantidades en dólares que cobraba cada quien, y se mencionaba, aparte de Ignacio y Jesús, a los ingenieros Eduardo Barrera Rodríguez, Raúl Cisneros González, Enrique García Cuéllar y Adolfo Lastra Andrade, agregaba el reportero Ignacio Ramírez
Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
(Tercera de seis partes)
Ciudad de México.— Se obtuvo una lista que enumeraba las cantidades en dólares que cobraba cada quien, y se mencionaba, aparte de Ignacio y Jesús, a los ingenieros Eduardo Barrera Rodríguez, Raúl Cisneros González, Enrique García Cuéllar y Adolfo Lastra Andrade, agregaba el reportero Ignacio Ramírez.
En 1982 y 1983, Rogelio López Velarde Quezada, apoderado general de Petróleos Mexicanos, denunció ante la Procuraduría General de la República, también a José Luis Arguelles Sánchez, superintendente de Adquisiciones de la Subdirección de Producción Primaria.
Alfredo Pontón Gutiérrez, jefe de Cotizaciones, Graciano Bello Ruiz, subgerente de Producción; Gildardo San Martín Bermant, subgerente de Sistemas de Compresión de la Gerencia de Proyectos y Construcción y Braulio Delgado Rodríguez, adscrito a la Unidad Coordinadora de Firmas de Ingeniería, coludidos directa o indirectamente con Alfonso Barrera Moreno, representante de Crawford.
Entre el primer pedido y un tercero que corrió para efectos de pago, hubo un incremento de 21 millones de dólares como sobreprecio. Para entonces, el monto del daño a Pemex era de 73 millones, 270,604 dólares, según peritos contadores de Petróleos Mexicanos y de la PGR.
Los involucrados habían solicitado “cautelosamente” que el dinero de sus “comisiones” fuera depositado en Suiza. Ignacio de León Martínez tenía cuentas en Bancomer, Unibanco, Banco Longoria, Houston National Bank, The First National Bank of McAllen, Texas; International Bank of Commerce, The Laredo National Bank y Lehman Brothers Incorporated.
Se creía que Jorge Díaz Serrano había recibido dinero de proveedores norteamericanos, así como cinco relojes de oro de la marca Rolex King Midas, además de invitaciones por Crawford a su rancho para ir de cacería y donde preparaban las “operaciones”.
El investigador Ignacio Ramírez añadió oportunamente que como contralor general de Pemex, José Fernando Beltrán Martínez Sotomayor, en tiempos de Díaz Serrano como director general de Petróleos Mexicanos, llevó a cabo una revisión de las auditorías interna y externa de la paraestatal y “notó graves anomalías y violaciones, principalmente en los procedimientos de adquisiciones”.
Al comunicarlos a Díaz Serrano no se inmutó, solo dijo que “su misión era aumentar la producción y las exportaciones y dejaba bajo la responsabilidad de Beltrán Martínez corregir las deficiencias administrativas”.
Otros declarantes en la PGR dijeron que “las maniobras fraudulentas contra Pemex contaron necesariamente con el consentimiento del ingeniero Jorge Díaz Serrano, dada la importancia de los proyectos, el monto de las adquisiciones y la magnitud del equipo”.
Jorge Leipen Garay, director de Sidermex, en su declaración ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, el 20 de julio de 1983, afirmó que a principios de 1980, asistió a un desayuno con Díaz Serrano en la casa del licenciado Rubén Figueroa Alcocer, entonces diputado federal, para decirle que Sidermex y el grupo francés Creussot-Loire, uno de los más grandes fabricantes de turbinas, habían formado una empresa paraestatal que era bloqueada por la concesión de múltiples contratos millonarios al grupo Crawford.
Ese consorcio había aumentado sus ingresos de 2 millones 40,000 dólares en 1974 a 187 millones 600,000 dólares en 1979, y sus utilidades habían pasado, en el mismo período, de 189,000 dólares a 9 millones de dólares.
Jorge Díaz Serrano repitió que “en última instancia lo que a él le importaba era que los equipos fueran de buena calidad, que estuvieran en precio competitivo y fueran entregados oportunamente”. Seguidamente, montó en cólera, se levantó y dio por terminado el desayuno.
Rubén Figueroa Alcocer declaró que el 13 de julio de 1983, “el licenciado y senador Hugo Borman Margáin, embajador de México ante los Estados Unidos, señaló que desde 1977 tuvo conocimiento de que el Departamento de Justicia norteamericano había iniciado una investigación de supuestos pagos corruptos a funcionarios de Pemex, pero que en la segunda mitad de 1980, el jefe de abogados de la averiguación le detalló los avances de ella, dio cuenta de las acusaciones al gobierno mexicano y a Díaz Serrano con los nombres de sus principales colaboradores involucrados: Ignacio de León Martínez y Jesús Chavarría García”.
Obviamente, Jorge Díaz Serrano negó cualquier culpabilidad de sus colaboradores, Hugo Borman Margáin le remitió la documentación de la investigación norteamericana, (generalmente consideradas formales, directas y casi infalibles), y Jorge Díaz Serrano volvió a negar cualquier implicación de su personal de confianza en los sobornos. La averiguación en Estados Unidos culminó con la confirmación de culpabilidad de Charles E. Miller y Gary Dean Bateman, quienes así se declararon en los consulados mexicanos en Los Ángeles y Houston, respectivamente.
