¡CORTAN ALAS A LAURA!

*La expresidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Lynn Fernández Piña, no podrá recibir pagos millonarios mensuales por parte del Ayuntamiento, pues este le anuló los contratos CMPM/CON/APP/01/2021 y CMPM/CON/APP/02/2021

*Los proveedores OFN Quintana Roo S.A. de C.V. e Inocaribe S.A. de C.V., son una fachada con la cual la exmunícipe recibiría cerca de 3 millones de pesos mensuales por un periodo de 20 años, por lo que el cabildo y la XVII Legislatura iniciaron una auditoría en su contra

*Dichos proyectos fueron ideados por su esposo Carlos Alberto Moyano, quien consiguió dichos contratos valuados en 832 millones 416 mil pesos, cantidad que representa el 48% del presupuesto federal que se le otorga a dicha zona por un periodo de 240 meses

Redacción/Sol Quintana Roo

Puerto Morelos. – La mala gestión de Laura Lynn Fernández Piña ya trascendió más allá de su periodo al frente del municipio portomorelense, pues su sucesora en el cargo, Blanca Merari Tziu Muñoz, quien tampoco “canta mal las rancheras”, en cuanto a desfalcar el Ayuntamiento, ya pidió que se echen atrás todos los proyectos que su antecesora aprobó.

Que tan mal se tiene que estar para que alguien con tus mismas motivaciones te eche de cabeza y no solo ella, sino la XVII Legislatura del Congreso del Estado, también han pedido una revisión a los proyectos de Piña, situación que ya llegó a oídos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual también investigará el andar de Fernández Piña.

Y es que durante su segundo periodo al frente del ayuntamiento de Puerto Morelos, Laura Lynn Fernández Piña celebró el contrato CMPM/CON/APP/01/2021, que fue otorgado a la empresa Inocaribe S.A. de C.V., para que este construya un centro de atención a los ciudadanos, oficinas administrativas para la prestación de los servicios públicos del municipio.

Este proveedor se llevó $264,848,279.81 (Doscientos sesenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 81/100 M.N.), pero este no fue la única licitación que está bajo la lupa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Un segundo folio, identificado como CMPM/CON/APP/02/2021, mediante la modalidad de Asociación Público-Privado, fue entregado al prestador de servicios OFN Quintana Roo S.A. de C.V., para que planifique un proyecto para el desarrollo de un sistema integral de eficiencia energética y mejoramiento de la calidad del servicio de alumbrado público, con cobertura en la totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal y en las localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas.

En total, para esta obra se entregaron $292,810,459.82 (Doscientos noventa y dos millones ochocientos diez mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 82/100 M.N.), que, sumando a la cantidad anterior, suman más de 500 millones de pesos.

Por esta razón y ante la incapacidad de demostrar una funcionalidad o beneficio para Puerto Morelos, el cabildo de este municipio decidió no seguir con el proyecto y optó por realizar una investigación, misma que fue atraída por la presente legislatura a cargo de Renán Eduardo Sánchez Tajonar, quienes echaron para atrás los negocios de la exalcaldesa.

Y es que, antes que acabara su gestión, se blindó hasta los dientes para no dejar de recibir el jugoso botín que representa el prepuesto público, pues junto a su esposo, Carlos Alberto Moyano, realizaron dos contratos valuados en 832 millones 416 mil pesos, cantidad que representa el 48% del presupuesto federal que se le otorga a dicha zona por un periodo de 20 años.

Motivo por el cual, los integrantes del actual gabinete portomorelense se negaron a continuar pagando y así seguir engrosando la de por sí, abultada cartera de Fernández Piña, quien buscaba recibir casi 3 millones de pesos mensuales, por un periodo de 20 años.

Cabe recordar, que esta situación no es del todo nueva, pues cuando la presente gestión tomó cargo, es decir el 1 de octubre de 2021, la situación ya se había hecho evidente y desde ese momento se dejó de pagar, por lo que la empresa OFN Quintana Roo S.A. de C.V., mencionada con anterioridad, y presunta compañía que ayudó a cometer el desfalco a la exedil, demandó.

Ana Isabel Luna García, directora de Egresos del ayuntamiento de Puerto Morelos enfrentó un proceso penal por no realizar los depósitos correspondientes, por parte de dicho prestador de servicios, quien interpuso la querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

Bajo el delito de “Uso indebido de atribuciones”, la investigación siguió su curso, pero eso no impidió que los pagos se dejaran de efectuar, pues de acuerdo a la auditoria, durante 240 meses fue aprobado por los cercanos a Laura Fernández, es decir, los anteriores integrantes del cabildo, para que reciba cada 30 días su “pensión millonaria”.

Todo parece indicar que la ex munícipe sabía que su negocio redondo caería por su propio peso, pues un día antes de entregar su puesto a Blanca Merari, es decir, el 29 de septiembre del 2021, se revisaron los contratos CMPM/CON/APP/01/2021 y CMPM/CON/APP/02/2021, para informar de serias omisiones y deficiencias.

En dicha acta, se lee: “Los contratos de Asociación Público-Privadas deberán inscribirse en el registro público único en los términos señalados por la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios”, toda vez que dichas irregularidades no pudieron cumplirse por problemas con la naturaleza, así como los alcances y obligaciones establecidas en los referidos contratos.

Además, amparados por los artículos 49 y 52 de la ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y Municipios, se procedió a eliminar dichos contratos, mismos que en su parte conducente señalan lo siguiente:

Artículo 49.-…. “Los financiamientos y obligaciones que deberán inscribirse, de la manera enunciativa más no limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que conlleven una obligación de pago mayor a un año y contratos de asociaciones público- privadas.

Artículo 52.-…. “En el registro público único se inscribirán en un apartado específico las obligaciones que se deriven de contratos de asociación público- privadas. Para llevar a cabo la inscripción, los entes públicos deberán presentar al registro público único la información relativa al monto de inversión del proyecto o valor presente.

Por ello, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, solicitó al Ayuntamiento las actas y procedimientos donde dan por cancelada dichos pagos. Por su parte, el pasado 23 de abril, mediante el oficio MPM/PM/0042/IV/2023, se solicitó a la XVII Legislatura, la constancia de la ratificación de los referidos contratos de Asociación Público-Privada.

No obstante, parece ser que Laura Fernández tiene un “ángel guardián”, pues hasta el momento, los integrantes del Congreso del Estado, del cual es presidente Renán Eduardo Sánchez Tajonar, mencionaron que los diputados no han recibo los documentos para que la decisión sea ratificada.

Lo que significa que el número de oficio JUGOCOPO/072/2023, incumple con el Artículo 25 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, pues al momento de la redacción de esta nota, no hay avances para “tumbar” los cochupos de la exalcaldesa.

Sin embargo, en Puerto Morelos, a partir del pasado 4 de agosto, los contratos de Fernández Piña, con los cuales buscaba seguir “ordeñando la vaca del dinero público”, quedaron sin efecto, por lo que su extinción de debe a la imposibilidad de que dichos proyectos y pagos se sigan efectuando.

Por otro lado, es importante aclarar que la empresa OFN Quintana Roo S.A. de C.V., fue constituida en 2021, justo semanas antes que se le entregara dicho objeto de contrato, por lo que fue constituida únicamente con la razón que sirva como fachada.

No cabe duda que la ambición y el anhelo recibir pagos y no cualquiera, sino millonario, sin hacer nada, ocasiona entramados, con el cual solamente unos pocos viven bien, mientras que su disfrute es desembolsado con los impuestos que todos pagamos.

Las artimañas de Fernández Piña, no se dan solo en este ámbito, pues es conocido el andar de la exfuncionaria durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, pues fue titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

La también exdiputada, fue la primera alcaldesa que encabezó el primer gobierno constituido demócratamente tras creación, quien, junto con la actual edil, dejaron al municipio que se fundó en 2015, como uno de los más endeudados, que inclusive está al borde del embargo, pero eso no le importó, pues como primeriza, tuvo todo el presupuesto a su disposición.

Esto ha ocasionado que poco a poco sea relegada a un papel menor al que ella estaba acostumbrada, lo que le ha llevado a perder el favoritismo que una vez tuvo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por ella.

Aunado, a sus nexos con la “mafia rumana”, que fue liderada por Florian Tudor, “El tiburón, pues de acuerdo a una indagación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), el rumano, preso en “El Altiplano”, en el Estado de México, efectuó financiamiento ilícitos y redes de lavado de dinero en México.

En dichos documentos figura su nombre y de acuerdo con gente que pudo constatar los datos expuestos afirman que Laura Fernández durante su estadía en el gabinete borgista entregó el Estado al rumano, situación que detonó cuando se convirtió en alcaldesa, pues prácticamente puso en bandeja de plata al municipio, por lo que Tudor pudo operar libremente.

A Fernández Piña nada le sale bien, pues no solo sus negocios caen por su propio peso, ya que también es investigada en el extranjero, lo que supone que estaría preparando sus maletas, por lo que próximamente podría pisar la prisión.