CONFIRMAN CORRUPCIÓN

*La presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, hizo mal uso de los recursos públicos destinados al remozamiento del parque del Casco Antiguo de Puerto Morelos, reveló la Aseqroo

*El órgano fiscalizador no «encuentra» 12 millones de pesos de la Obra Construcción y Equipamiento de la Plaza Cívica y Andador Peatonal en Puerto Morelos y tampoco los pueden justificar

Redacción/Sol Quintana Roo

Puerto Morelos.- El dictamen de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) sobre la Cuenta Pública 2019 de Puerto Morelos revela las irregularidades en las que incurrió la presidenta municipal con licencia, Laura Fernández Piña, en torno a los trabajos de remozamiento de parque del Casco Antiguo que iniciaron desde la licitación, la contratación y el pago de anticipos a la empresa “Constructora HouseJK S.A DE C.V.”.

Según el análisis de la Obra Construcción y equipamiento de la plaza cívica y andador peatonal en Puerto Morelos, con número de contrato MPM/SOSPM/RP/LP-001/2019, por un monto de 18 millones 429 mil 986 pesos con 76 centavos, se determina que hay un faltante de al menos 12 millones de pesos.

Es por ello, que del resultado de la revisión de fiscalización se determina un presunto daño o perjuicio en su Hacienda Pública o Patrimonio por un monto de 12 millones de pesos, más actualizaciones y recargos generados por los recursos desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta correspondiente.

En este mismo espacio se dieron a conocer las anomalías y omisiones en las que incurrieron tanto la presidenta municipal con licencia como la empresa poblana en torno a la obra.

En aquella ocasión Sol Quintana Roo publicó los evidentes actos de corrupción en los que estarían involucrados personajes de la vida política de Puebla que estaría colaborando con la alcaldesa bajo la promesa de llevarla a la diputación federal y más tarde a la gubernatura de Quintana Roo.

Aquí, se dijo oportunamente que la licitación estuvo amañada. Además, la empresa declaró como su domicilio fiscal el ubicado en Zeta del Cochero, 403/oficina 1 local 57, Centro Comercial Palmas Plaza, C.P. 72453, en el estado de Puebla, el cuál si existe, pero no es de la empresa.

En el local mencionado hay un negocio ajeno a constructora, incluso, los propietarios pidieron que los deslinden de las irregularidades que pudiera haber cometido la empresa conformada por José Mario Alberto Morales y José Francisco Solís Olazagasti.

Además, entre los escasos antecedentes de la empresa creada hace apenas un año, se tiene el registro de invitación a la obra “Servicio de dignificación de espacios de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, en Puebla, por un monto de 2 millones 85 mil 570 pesos con 87 centavos, supuestamente realizada en mayo de 2019.

Y es hasta ahora, dos años después, que la Aseqroo revela en su análisis sobre la Cuenta Pública 2019 de Puerto Morelos las irregularidades en las que incurrió la presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, en torno a la remodelación del parque del Casco Antiguo entregado a la empresa “Constructora HouseJK S.A DE C.V.”., quien recibió el número de contrato MPM/SOSPM/RP/LP-001/2019, por un monto de 18 millones 429 mil 986 pesos con 76 centavos, pero faltan por comprobar un faltante de 12 millones de pesos.

Este hecho provoca un presunto daño o perjuicio en la Hacienda Pública o Patrimonio por un monto de 12 millones de pesos, más actualizaciones y recargos generados por los recursos desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta correspondiente.

Del estudio de la Aseqroo se desprende un pliego de observaciones entre las que se incluyen implementar las actividades de control desde la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas, pues desde el procedimiento de licitación hasta el día de hoy que siguen inconclusas las obras violan las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

También, le piden verificar y revisar la documentación correspondiente a la integración de los expedientes técnicos unitarios, pues falta documentación y hay otra irregular conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo y su Reglamento.

Y subraya que a la fecha las acciones y recomendaciones presentadas en este informe no han sido atendidas y/o solventadas, quedan formalmente promovidas por esta Auditoría Superior a partir de la notificación del Informe Individual de Auditoría al ente fiscalizado, y de las que se solicita que se presente la información y realicen las consideraciones pertinentes.

Pese a ello, la Secretaría de la Contraloría del estado de Quintana Roo, a cargo de Rafael del Pozo Dergal, ni se inmuta lo que hace sospechar en la vergonzosa complicidad para continuar en total impunidad entre gobiernos estatal y municipal.

Las obras de remodelación del parque conocido como “Casco Antiguo” presentan un retraso, por lo que Laura Fernández estaría incurriendo en los delitos de ejercicio indebido de la función pública y malversación de recursos, provocando un millonario daño patrimonial a la Comuna.

Lo peor del caso es que la alcaldesa ya dejó su desastrosa administración al solicitar licencia para lanzarse a la búsqueda de una candidatura a diputada federal por Quintana Roo en una coalición entre el partido Morena y el PVEM, cargo que de ganarlo le serviría de catapulta para buscar la candidatura a la gubernatura del Estado, y más aún protegerse bajo el fuero en tanto quedan sin efecto las denuncias en su contra.

Sin embargo, el desvío de recursos y el uso indebido de la función pública no son las únicas causas que ensombrecen a la obra de remodelación del parque del Casco Antiguo.

La represión y la impunidad son otras dos causas por las cuales esos trabajos son y serán siendo rechazados por la comunidad.

A principio de 2020 un grupo de activistas que se manifestaban contra el inicio de las obras de remodelación del parque principal de Puerto Morelos fueron reprimidos y detenidos.

 Ellos fueron Daniela Zambrano Castello, Elena Monserrat Lastra Pérez, Carlos Hernández Saldaña, María Valentina François Guichoux y Diego Martín Arlia.

En plena pandemia causada por el coronavirus, comenzaron con la demolición, por lo que decenas de personas se movilizaron al lugar para impedir que continuara la demolición, y en ese momento fueron reprimidos por la policía municipal y estatal.

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