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*Cada vez más cerca de obtener su total libertad se encuentra José Mauricio Góngora Escalante, exalcalde de Solidaridad, luego de que el 17 de agosto pasado un juez le concediera un amparo contra el auto de vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública

*Este 25 de noviembre se cumplen cuatro años y 10 meses de su detención por los delitos de desempeño irregular de la función pública y peculado

*El extesorero de Roberto Borge sólo estuvo en prisión por dos años, pues en 2020 un juez le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, y siete meses después se le permitió salir de casa a cambio de firmar periódicamente

Redacción/Sol Quintana Roo 

Playa del Carmen.- Cada vez más cerca de obtener su total libertad se encuentra José Mauricio Góngora Escalante, exalcalde de Solidaridad, luego de que el 17 de agosto pasado un juez le concediera un amparo contra el auto de vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Este 25 de noviembre se cumplen cuatro años y 10 meses de su detención, ocurrida el 25 enero de 2018, luego de que meses antes, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía estatal abrieron una investigación por el presunto desvío de 200 millones de pesos del erario, durante la administración de Roberto Borge, supuestamente para beneficiar la campaña a la gubernatura de Góngora Escalante, en 2016.

Ese día, autoridades aprehendieron al excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado, en la Ciudad de México, cuando abandonó su escondite y se dirigió a encontrarse con su mujer, Cinthya Osorio. 

En ese momento, se dio a conocer que su detención estaba ligada a su presunta responsabilidad en el quebranto del municipio de Solidaridad y por desempeño irregular de la función pública. Posterior a su captura, fue trasladado de inmediato a la ciudad de Chetumal.

En un comunicado, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, señaló que el exalcalde estaba involucrado en tres carpetas administrativas que fueron presentadas ante un juez. 

La primera obedecía al delito de desempeño irregular de la función pública por un monto de daño de 594 millones de pesos; la segunda, por peculado por un monto de 5 millones de pesos, y una tercera carpeta por el delito de peculado por un monto de 155 millones de pesos. 

Posteriormente, en diciembre de ese año, fue trasladado desde la ciudad capital al penal de Playa del Carmen, donde permaneció hasta agosto de 2020, cuando un juez de control le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, a cambio de portar un brazalete electrónico.

Siete meses después, el 15 de marzo de 2021, le fue retirado el arraigo domiciliario a cambio de acudir a firmar periódicamente ante un juez; y en el pasado proceso electoral regresó a la vida política.

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