AMLO Y CÁRTEL DE SINALOA: UNA AMISTAD CONVENENCIERA

Ricardo Ravelo / Sol Quintana Roo

Ahora resulta que la política criminal del gobierno de México es el acercamiento con el narcotráfico, con los enemigos de Estados Unidos, los personajes que han inundado de sangre al país desde hace décadas y que se mantienen impunes.

Falta ver cuál es la reacción del gobierno norteamericano –que anunció una ofensiva militar en América Latina para frenar el flujo de drogas –ante la postura que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador al reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera –Consuelo Loera –y otros presuntos miembros del cártel de Sinaloa.

El acercamiento del presidente es cuestionable por donde se le mire. El cártel de Sinaloa es la organización más perseguida en América Latina y en otros continentes del mundo por parte del gobierno de Estados Unidos, pues se trata de la organización criminal que más droga introduce a ese país: cerca de 30 toneladas de cocaína por mes.

No es todo: también es el cártel que más ha inundado el mercado de consumo norteamericano con las drogas sintéticas. En ese rubro, sólo compite el cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, quien domina al menos una docena de estados en México y tiene presencia en varios países de América Latina.

Respecto del encuentro de López Obrador con los miembros del cártel de Sinaloa hay varias lecturas. ¿Qué busca el presidente con la gente de Sinaloa? ¿Qué motiva al presidente reunirse con esos criminales? Se afirma que la política de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación no descarta la negociación con el crimen organizado.

El año pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno federal estaba sosteniendo encuentros con algunas organizaciones criminales. El objetivo, dijo, era pacificar al país, que los cárteles depusieran las armas y así alcanzar la paz en todo el territorio.

Pero el presidente López Obrador rechazó que su gobierno estuviera negociando con el crimen. Con esa postura desmintió a su secretaria de Gobernación. Pero lo cierto es que sí están negociando con el crimen y una muestra de ello es el acercamiento de López Obrador con el cártel de Sinaloa, la organización más poderosa del planeta.

El presidente presumió que su gobierno terminó una carretera en plena sierra de Sinaloa, en el corazón del narco. Dicho camino, de acuerdo con algunos críticos, en realidad no beneficia a la población más necesitada sino a los propios miembros del cártel de Sinaloa que transitan por esa ruta para operar el trasiego de drogas.

Ahora, a petición de la señora Consuelo Loera, López Obrador está haciendo gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que la madre de “El Chapo” pueda verlo en la cárcel de Estados Unidos donde compurga la cadena perpetua que le impusieron el año pasado por los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas prohibidas.

La sentencia contra “El Chapo” Guzmán no cesó la persecución contra el cártel de Sinaloa, por el contrario, se mantienen las recompensa, por ejemplo, de 10 millones de dólares por la cabeza de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los pilares del cártel.

Zambada García es, de acuerdo con la DEA, el verdadero jefe del cártel de Sinaloa incluso desde que “El Chapo” estaba en libertad y encabezaba a ese grupo criminal.

También tienen cuentas pendientes con la justicia norteamericana los hijos de Guzmán Loera –Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán Salazar –quienes actualmente encabezan un bloque del cártel de Sinaloa.

Precisamente entre septiembre y octubre de 2019, elementos de la Drug Enforcement Administration (DEA) sostuvieron reuniones con autoridades sinaloenses para saber acerca de los movimientos de los jefes del cártel. De ahí derivó el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, el cual resultó fallido, como ya se sabe.

Es posible que ahora que Estados Unidos lanzará su contraofensiva contra el narcotráfico le exijan al gobierno de López Obrador endurecer la postura frente al crimen, pues a Estados Unidos le preocupa –y así lo dijeron el miércoles 1 –que los cárteles mexicanos aprovechen la crisis generada por el coronavirus para aumentar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Los órganos de inteligencia de Estados Unidos han detectado que el narcotráfico tiene esos planes. Es por ello que los tratarán de frenar.

De acuerdo con el plan de acción, Estados Unidos operará con 22 países aliados y las operaciones contra el crimen empezarán cerca de las fronteras con Venezuela.

Cabe recordar que hace unos días Estados Unidos dio a conocer que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y una veintena de colaboradores tienen orden de aprehensión internacional por estar ligados al tráfico de drogas.

Por la cabeza de Nicolás Maduro, Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares; por el resto de los indiciados se ofrecen 5 millones de dólares. Según las investigaciones, Maduro operó la introducción de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos desde la época en que era canciller.

Para Estados Unidos, el tema de los cárteles mexicanos es un asunto de seguridad nacional. Es por ello que existe un profundo desacuerdo con la política de “abrazos y no balazos” implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación, pues de esta forma no será posible desarticular a ninguna de las organizaciones criminales que amenazan la seguridad interna de Estados Unidos.

El gobierno de López Obrador debe dar más en el combate frontal contra el narco. Para ello se echó a andar la Guardia Nacional, la policía militarizada, la cual no ha dado resultados frente al flagelo de la violencia. Las matanzas ahí siguen sin que existe un dique de contención que las frene.

Y mientras Estados Unidos va con todo contra el crimen, López Obrador prefiere sentarse a convivir con los enemigos del país vecino. Nada más incongruente.