ÁLVARO OBREGÓN: PARAÍSO DE LA DROGA, TRATA Y EXTORSIÓN

*El 74 por ciento de sus 800 mil habitantes se sienten inseguros ante el cerco del narcotráfico, los embates de la delincuencia traducidos en extorsiones, robos, trata y narcotráfico, y la apatía de las autoridades

*Hay al menos una narcotiendita por cada escuela de la demarcación

*Salones de belleza, spas, estéticas y bares, convertidos en lupanares

José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México.- En un contrastante marco de desigualdad, donde la opulencia y la miseria se conjugan con fastuosas residencias de millones de pesos o dólares y viviendas de lámina y cartón en barrancas, cuyos moradores sobreviven con apenas un salario mínimo, una verdad prevalece: el 74 por ciento de los 800 mil habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón se sienten inseguros ante el cerco del narcotráfico, los embates de la delincuencia traducidos en extorsiones, robos, trata y narcotráfico, y la apatía de las autoridades.

Es una de las alcaldías donde más se ha abusado de las adjudicaciones directas e indirectas, realizando 169 contrataciones en menos de un año, basándose en las viciadas prácticas del influyentismo, amiguismo y corrupción, golpeando fuertemente a los sectores más vulnerables, lo que origina altos niveles de delincuencia y de violencia.

NARCOTIENDITAS

En Álvaro Obregón hay 298 colonias, fraccionamientos y barrios. En estos hay 816 escuelas y, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se tienen detectados más de 800 puntos donde se comercializan drogas y licor.

Recientemente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) desarticularon tres narcotienditas en las que distintas bandas delictivas se dedicaban a vender cocaína, marihuana y solventes. Por declaración de los mismos detenidos, todos eran protegidos por la policía.

En esa alcaldía operan miembros de las bandas identificadas como Los Yolos, Los Iglesias y Los Mármol. Se trata de pequeños grupos que “trabajan” en vecindades, en las que distribuyen narcóticos las 24 horas del día.

Sin embargo, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, estos pequeños grupos realmente pertenecen a la Unión Tepito o la Anti-Unión Tepito, que sostienen una guerra sin cuartel por el control de la venta de droga en el territorio.

Frecuentemente, se registran enfrentamientos armados entre los distintos grupos de narcomenudistas que pelean por el dominio de la zona. Durante 2021 ocurrieron 25 muertes de jóvenes dedicados al narcomenudeo.

Dos cabecillas de los grupos antagónicos que operan en la alcaldía fueron identificados como Maximiliano Jesús López Espinosa. Este sujeto fue ejecutado, pero su célula criminal no ha dejado de operar. El grupo delictivo tiene una alianza con La Unión Tepito, que le surte de armas y drogas para el control de la zona poniente de la ciudad.

El otro líder es Jonathan Lenin Canchola Martínez, más conocido como “Lenin Canchola”, coludido con La Anti-Unión Tepito. Este sujeto está preso, pero aun tras las rejas mantiene el control de su grupo.

TRATA DE PERSONAS

Desde hace al menos una década han sido detectados diversos establecimientos, entre estéticas, spas, gimnasios, bares, y casas particulares donde se ejerce la prostitución y explotación de mujeres, principalmente extranjeras.

En distintos operativos, la policía ha puesto al descubierto algunos de esos puntos, entre estos los inmuebles ubicados en la calle Pedro Luis Ogazón, colonia Guadalupe Inn, y en Periférico, entre Boulevard de la Luz y Luis Cabrera, colonia Jardines del Pedregal.

De esos sitios, algunos habilitados como salones de belleza, fueron rescatadas 14 mujeres de nacionalidad colombiana, venezolana, costarricense, salvadoreña, guatemalteca, dominicana, hondureña, cubana y mexicanas, quienes eran obligadas a ejercer el sexoservicio.

La mecánica para enganchar a las jóvenes era ofrecerles ayuda para regularizar su estadía legal en México, con o sin documentos, después conseguirles empleo como modelos, edecanes o hostess, con elevados sueldos, pero una vez en el local, desde un principio, las golpeaban y las maltrataban hasta hacerlas sentir que eran de su propiedad, que no podían contar con ninguna ayuda.

Para ello, contaban con la protección de algunos elementos policíacos o de la misma alcaldía, que las intimidaban cuando alguna se atrevía a hablar de las condiciones en que se encontraban.

Una vez sometidas y obligadas a ejercer la prostitución, los explotadores ofrecían masajes, a través de tarjetas publicitarias repartidas en la vía pública o por Internet; al llegar el cliente, los proxenetas ofrecían tres tipos de masaje y mediante una pasarela presentaban a las mujeres con vestimentas provocativas.

También se daba servicio a “domicilio”. La joven era llevada a determinado lugar, pero siempre custodiada por un sujeto que la esperaba para después regresarla al sitio del cautiverio.

Las jóvenes tenían que entregar un porcentaje del 75 por ciento por cada servicio y si se retrasaban en su trabajo, tenían que entregar otro tanto por ciento.

Ese tipo de acciones, que convirtió la circunscripción en un paraíso para los giros negros, originó que la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, dirigida en México por Teresa Ulloa, presentara una denuncia en la que puso al descubierto casas de citas, salones de masaje y agencias para contratar presuntas scorts con servicios sexuales.

El Club Chateau, El Tributo, el Casino Win Win, el Pabellón Altavista y diversos bares y antros han sido algunos de los sitios donde se llevaron a cabo sendos operativos en los que se constató la explotación de la que eran objeto decenas de mujeres, quienes fueron rescatadas.

Las mujeres rescatadas tuvieron que recibir apoyo psicológico, médico y orientación jurídica. El dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad, por lo cual la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino, para brindarles apoyo integral.

Los establecimientos fueron clausurados en su momento, pero solamente permanecieron cerrados algunos días, pues nuevamente abrieron y algunos de ellos cambiaron de nombre, pero no de actividades.

UNA PECULIAR ALCALDESA

La morenista Layda Elena Sansores San Román, actual gobernadora de Campeche, fue alcaldesa de Álvaro Obregón, entre el 1 de octubre de 2018 y el 4 de febrero de 2021, dos años y cuatro meses. En ese tiempo fue objeto de varias denuncias por irregularidades en su desempeño.

Las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y el diputado René Juárez Cisneros la acusaron de haber inflado la obra del sistema de escaleras eléctricas para zonas marginadas en la que “desapareció” más de cuatro millones de pesos.

Pero el diputado Jorge Triana dijo que denunciaría administrativa y penalmente a la exalcaldesa por un perjuicio a la hacienda pública de 190 millones de pesos por concepto de dicha obra.

Durante su gestión, se le denunció públicamente por el presunto desvío de recursos públicos ejercidos particularmente en obra pública, equipamiento urbano y rehabilitación de espacios mediante la figura de adjudicación directa.

Fue acusada de ejercicio indebido de por lo menos 127 millones 900 mil pesos, en perjuicio de los Centros de Asistencia y Reintegración Social de la alcaldía, por el uso de empresas fantasma, constatados en una denuncia realizada ante la Fiscalía General de la República.

En ella, se vincula a Layda Elena Sansores San Román con empresas señaladas en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales están dedicadas a lo que comúnmente se le conoce como «lavado de dinero».

Ese tipo de empresas realizan acciones ilegales emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes para los cuales fueron contratadas, generando afectaciones a las arcas públicas. Las acusaciones no prosperaron y ahora es gobernadora de Campeche.

Actualmente, la alcaldía es gobernada por la panista Lía Limón García, quien lleva un año en el cargo, y los obreguenses no observan que las cosas hayan cambiado.

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